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México registró 193.170 “muertes en exceso” hasta el 26 de septiembre.

La familia de Isaac Nolasco en el panteón municipal Valle de Chalco| Marco Ugarte, Associated Press

Autoridades de la Secretaría de Salud mexicanas reconocieron el domingo que el verdadero número de muertes en el país por la pandemia es mucho más alto de lo que se pensaba. Funcionarios de salud confirmaron que hubo 193.170 muertes “en exceso” en el año hasta el 26 de septiembre. De estas 139.153 se juzgaron atribuibles a COVID-19.

Esa cifra representa alrededor de 50.000 muertes más que el número oficial de muertes confirmadas por pruebas, de alrededor de 89.000. Representa también alrededor de un 56% más que la estimación anterior de la secretaria de salud de 103.882 muertes por la pandemia.

México tiene una tasa de pruebas extremadamente baja, y funcionarios habían reconocido anteriormente que muchas personas no se hacían las pruebas o que sus pruebas eran mal manejadas. Las autoridades habían presentado anteriormente la estimación de 103.882 muertes por COVID-19 después de tener en cuenta las pruebas mal manejadas y algunos otros factores.

La Secretaria de Salud dijo que los expertos habían analizado las bases de datos de los certificados de defunción hasta finales de septiembre – la última fecha para la que se disponía de datos completos – para llegar a la última cifra de 139.153. El análisis recogió los síntomas relacionados con COVID-19 mencionados en los certificados de defunción, incluso si no figuraban como causa de la muerte.

El exceso de muertes se calcula comparando el número esperado de muertes de un promedio de años anteriores con las de 2020.

La secretaria no explicó las otras 54.000 muertes “en exceso”, pero expertos de otros países han sugerido que más personas pueden haber muerto por causas no relacionadas con el coronavirus simplemente porque los hospitales estaban abarrotados de pacientes con COVID-19, o porque la gente desconfiaba de buscar atención médica para otras enfermedades por temor a infectarse.

México tiene la política de hacer pruebas sólo a las personas que muestran síntomas graves de infección por coronavirus, así como a una pequeña muestra de la población en general.