La reforma constitucional prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya está en papel. El Gobierno mexicano presentó el jueves la iniciativa ante el Congreso, ha revelado este viernes el mandatario. La reforma prevé eliminar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y traspasar sus atribuciones a la CFE, así como reducir las posibilidades del sector privado para abastecerse de energía de forma independiente. Además, se otorga al Estado la explotación del litio, un mineral que el Ejecutivo considera “área estratégica”. La aprobación de este vuelco nacionalista al sistema eléctrico se enfrenta, sin embargo, a un escenario parlamentario adverso.
La iniciativa, que modifica tres artículos constitucionales y nueve transitorios, “trata de rescatar y fortalecer a la CFE, garantizar (…) la seguridad energética del país, y que sea posible que haya electricidad a mejor costo para todos los mexicanos”, en palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien ha esbozado los detalles. Desaparecen las filiales en las que se dividía la CFE y se fija en la norma fundamental los porcentajes de producción eléctrica de los sectores público y privado: la paraestatal generará “cuando menos” el 54% y las empresas se tendrán que conformar con el resto.
Este “fortalecimiento” se traduce, además, en el desbaratamiento de parte del engranaje levantado por la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la iniciativa privada y que el actual mandatario considera demasiado favorable a las empresas. La CFE concentrará, de acuerdo con la propuesta, las atribuciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el operador del sistema que ahora se integra a la estructura de la paraestatal, y las de la CRE y la CNH. La iniciativa elimina estos dos organismos que se encargaban de regular la producción eléctrica y de hidrocarburos y que otorgaban los permisos para las actividades privadas en el sector.
El presidente ha expresado repetidamente su frustración con los organismos autónomos, que considera una traba para desarrollar su política energética nacionalista al gozar de independencia técnica. “Habían sido creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados”, ha dicho Adán Augusto López este viernes. Gracias a los nuevos nombramientos en su consejo, la CRE se había alineado cada vez más con los deseos del Ejecutivo, pero este se ha decantado, de todas formas, por su eliminación.
También cae otro de los blancos favoritos del presidente: la figura del autoabastecimiento. Este mecanismo se remonta a los años noventa y permitía a las empresas abastecerse de energía eléctrica mediante plantas privadas, generalmente más baratas y limpias que las centrales de la CFE. Lo utiliza buena parte del sector privado, incluidos la cadena de tiendas Oxxo y el Grupo Bimbo. Para fomentar el crecimiento de las renovables mediante este mecanismo, los anteriores Gobiernos ofrecieron descuentos en el pago por la transmisión de esa energía, un elemento que el Ejecutivo ha criticado al considerar que debilita las arcas de la eléctrica paraestatal. “Quienes resultaban beneficiados de este esquema (…) tendrán que adquirir la energía a la CFE”, ha declarado López.
Por último, la iniciativa esclarece las intenciones del Gobierno sobre un tema clave: la participación del Estado en la explotación del litio. México cuenta, según los expertos, con el mayor yacimiento mundial de litio en roca, utilizado en la producción de baterías de celular, computadoras y autos eléctricos. La reforma otorga al Estado el control sobre la exploración y explotación de este mineral, aunque respetará las concesiones ya vigentes “siempre y cuando acrediten (…) que han iniciado el proceso de exploración”, según el secretario de Gobernación.
Presentada la reforma, el Gobierno ahora enfrenta un panorama parlamentario complejo. Para que salga adelante, se necesitan dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados no cuentan con esa mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras -las elecciones del 6 de junio redujeron su presencia en Diputados- y la oposición ya ha anunciado que votará en contra de cualquier iniciativa que busque echar para atrás lo esencial de la reforma energética de Peña Nieto.
Pese a los obstáculos, el presidente López Obrador ha decidido tomar el riesgo. Su Administración ha tratado de minar la liberalización del sector energético, mediante actos administrativos, primero, y modificaciones en la ley, después. Sin embargo, todos estos intentos han sido paralizados por la presentación de cientos de amparos ante los tribunales de parte de empresas que se dicen afectadas y organizaciones ambientalistas que temen un retroceso en el combate contra el cambio climático. En paralelo, la oposición ha recurrido estas iniciativas ante la Suprema Corte al argumentar que contradicen la Constitución. Si López Obrador consigue reformar la carta magna, la batalla legal quedaría tocada de muerte.
