El partido oficialista del mandatario venezolano Nicolás Maduro se adjudicó la mayoría absoluta de los escaños en la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas realizadas el pasado 6 de diciembre. Con el 67,6% del voto a su favor, el movimiento socialista recuperó el único poder dominado por la oposición desde el 2015.
Al igual que las elecciones presidenciales del 2018, los resultados fueron rechazados por la comunidad internacional debido a la falta de estándares internacionales mínimos para asegurar la integridad y transparencia del sufragio. Josep Borrell, jefe de diplomacia europea de la Unión Europea, declaró que “el bloque no puede reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente”.
La administración de Maduro rechazó la presencia de veedores representantes de la Unión Europea y su petición de aplazar los comicios hasta poder asegurar controles eficientes de transparencia.
Debido a la falta de garantías democráticas, se produjo también el boicot de los partidos de oposición y abstención masiva e histórica del cuerpo elector, con apenas el 30,5% de participación electoral, cuarenta puntos porcentuales menos que las anteriores elecciones legislativas en 2015 en las cuales la oposición venció decididamente.
El futuro de la oposición es complejo, puesto que a menos que se conceda la “continuidad administrativa” que solicitó el actual presidente interino reconocido por medio centenar de países, Juan Guaidó, el 5 de enero tendrá que dar paso al nuevo parlamento chavista y dejar su cargo como presidente de la Asamblea. Asimismo, la llegada de Joe Biden a la presidencia del gobierno estadounidense genera incertidumbre sobre la nueva dinámica del apoyo de Estados Unidos a la oposición venezolana.
El polémico resultado electoral proveerá con control político total al mandatario venezolano en su lucha contra la oposición. Le permitirá aprobar leyes desde el legislativo que faciliten sin mayores obstáculos los propósitos del oficialismo, entre ellos el respaldo de acuerdos petroleros y de infraestructura, otorgando cierto sentido de institucionalidad al buscar convenios con sus países aliados como China, Rusia y México; a pesar de no contar con la legitimidad de países europeos, Estados Unidos o Reino Unido. Se pronostica que continúen las sanciones de parte de mercados y economías internacionales, potencialmente acentuando la profunda crisis económica y humanitaria del país, puesto que ha sido demostrada la incapacidad del actual gobierno de controlar la hiperinflación histórica y de conseguir ingresos alternos a los producidos por el decadente sector petrolero.
