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Alberto Fernández y su primer año presidiendo Argentina

Alberto Fernández se hizo cargo en diciembre del 2019 de un país al que lo
afligían diez años seguidos de estancamiento y recesión económica con
niveles de inflación récord.

El abogado, profesor y político nunca buscó activamente la candidatura
presidencial, teniendo su rol como Jefe de Ministros durante el mandato de
los Kirchner como su cargo político más audaz y representativo. La
expresidenta Cristina Fernández vio en él la oportunidad de retornar al
poder y lo ungió como candidato presidencial del peronismo, incluyéndose
a si misma como compañera de fórmula. La sorpresa de su candidatura y
eventual victoria quizás dieron raíz a su perfil público como presidente
reactivo más que proactivo.

Durante su discurso de inauguración, fiel al tono populista de su partido,
Fernández aseguró rescatar a Argentina de la histórica crisis económica y
de superar la polarización política entre peronistas y oposición. Los
proyectos de ley que encabezaban su plan de trabajo sin embargo parecían
incompatibles con su promesa de serenar el ambiente político y económico.
Luego de un año de su posesión, la presidencia de Alberto Fernández se
mantiene siendo una incógnita que afronta desafíos iguales o más retadores
que antes.

En lo económico:

El primer movimiento de Alberto Fernández para taclear la realidad
económica argentina fue repatriar y confiar en Martín Guzmán como
Ministro de Economía. Guzmán retornó de su trabajo e investigación en la
Universidad de Columbia donde era discípulo del Premio Nobel Joseph
Stiglitz. Su perfil ideológico, académico y prominencia en áreas como deuda
pública y economía monetaria lo hicieron irresistible para Fernández y el
discurso que su presidencia venía al rescate de los más necesitados.

Pronto siguió la aprobación de la Ley de Solidaridad y Reactivación
Productiva
que elevó las retenciones sobre las exportaciones; dejó sin efecto
la rebaja del IVA sobre los alimentos; creó el Impuesto PAIS para las
compras de dólares con fines de ahorro; aumentó los Impuestos Internos
sobre los autos de alta gama; y elevó las alícuotas del Impuesto sobre los
Bienes Personales, en particular para los radicados fuera del país.
El resultado inmediato de estas medidas económicas fue el incremento
exponencial de las cargas fiscales que dejaron al mercado de trabajo
incapacitado de recibir la nueva oferta laboral, aumentando el desempleo y
el declive acelerado del PIB.

Lo recaudado producto de las reformas permitió el congelamiento de las
tarifas de los servicios públicos por un año y varios bonos sociales como el
subsidio de Ingreso Familiar de Emergencia para las familias más pobres
del país.

La ley en cuestión también otorgó al presidente las bases para poder
cumplir una de sus promesas principales de campaña, la renegociación de
la deuda nacional.

En este ámbito, Fernández y Guzmán apostaron por la poco convencional
estrategia de renegociar los términos de la deuda primero con los
principales acreedores privados y luego con el Fondo Monetario
Internacional y sus valores vencidos por 44.000 millones de dólares, que
significó el préstamo más grande de parte del FMI hacia una nación. La
filosofía adoptada fue el crecer primero para luego poder pagar, lo que en
negociaciones fue tomado como una posición desafiante y poco confiable por parte de los acreedores, motivo de que dichas discusiones se alargaron
mucho más de lo ideal en base a las expectativas del gobierno y las
necesidades de la economía argentina.

En agosto, el gobierno de Fernández cumplió este objetivo importante al
anunciar la reestructuración de $65.000 millones en bonos que se
encontraban en default, quitando $37.700 millones de la deuda externa.
Al anuncio se añadió el avance a paso firme de la negociación del préstamo
con el FMI que espera concretarse en marzo de este año y se busca la
ampliación del plazo de pago al 2024. Ambas partes involucradas en las
discusiones se han mostrado públicamente optimistas de alcanzar un
acuerdo beneficioso para Argentina.

Al acercarse al aniversario de su gestión presidencial, Fernández logró la
aprobación del Aporte Solidario, impuesto a la riqueza que busca recaudar
$300.000 millones y oxigenar las agonizantes finanzas públicas que han
empobrecido aceleradamente con la pandemia. El nuevo impuesto no solo
generó disgusto en la oposición que reclama ya la alta carga fiscal que
ahuyenta inversión, sino que dentro de su propia coalición partidista reveló
indicios graves de división.

El ajuste económico necesario para que las cuentas cuadren pondrá a
prueba la astucia de Fernández para gestionar las tensiones que se esperan;
hasta ahora ha sido beneficiado por la particular paciencia que la gente
otorga al peronismo al tomar medidas difíciles que gobiernos de otra
ideología no disponen, sin embargo, no es un privilegio indefinido y ya
existen evidencias que esa paciencia se esta diluyendo.

Luego de un año, el gobierno no ha podido contar con el tiempo necesario
para evaluar la efectividad de sus medidas, más aún cuando la pandemia ha
alterado el manejo económico de todos los países. Argentina cerró el 2020
con la peor cifra de pobreza en quince años y su debacle económica estará
más o menos a tono con la tendencia mundial.

Covid-19:

En marzo del año pasado, aún en la etapa de luna de miel como presidente
electo, Fernández anunciaba cuarentena nacional para prevenir que
Argentina caiga en la misma suerte que países de la región. El tomar esta
decisión de manera temprana y sabia le ganó el reconocimiento
internacional y también del pueblo argentino, el nivel de aprobación
alcanzado fue de 80%.

El temprano éxito al lidiar con la pandemia lo llevó al presidente incluso a
auto referenciarse como modelo internacional a seguir. Sin embargo, la buena reacción característica de su perfil ya no iba a tener frutos en las
siguientes fases de la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo en que
Fernández se declaraba ejemplo a seguir, Argentina estaba rápidamente
encaminada a tener una de las tasas de mortalidad per cápita más altas por
Covid-19. El país en los siguientes meses entró en el top diez de países con
mayores casos positivos.

Una vez más salió a la luz la falta de proactividad de Alberto Fernández al
lidiar con la pandemia; su único instrumento para combatirla fue la
cuarentena, de las más largas del mundo, y eso le había dejado de funcionar
hace mucho.

Como consecuencia, Fernández cerró el 2020 con un porcentaje de
popularidad 40 puntos menos desde el inicio de la pandemia. Reconoció
públicamente que el manejo de la emergencia y del proceso de vacunación
serán los estándares con los que la historia lo medirá al término de su
mandato.

No obstante, se enfrenta a repercusiones más inmediatas, 2021 es año de
elecciones parlamentarias, las mismas que le pueden dar facilidades para
gobernar los próximos años o presentar fuertes trabas. Fernández esta
presionado a presentar una de las campañas de vacunación más ambiciosas
y efectivas.

Proyectos de ley:

Poco después del aniversario de su posesión presidencial, Fernández
consiguió la aprobación del proyecto de ley que posibilita el aborto electivo
hasta la 14ava semana de embarazo; convirtiendo a Argentina en el primer
país de la región que anula las regulaciones antiaborto
. La aprobación de la
despenalización del aborto no solo le costó arduo trabajo para convencer a
legisladores indecisos de provincias conservadoras de que apoyen la ley,
sino también le costó la relativa estabilidad de su coalición política. Dentro
de su partido peronista, este proyecto de ley causó insatisfacción en algunos
miembros y avivó la intranquilidad de los opositores internos.

En julio, el gobierno impulsó una de las reformas más controversiales y
ambiciosas, la reforma a la ley judicial. En un intento por acabar con el
“oligopolio” de la justicia federal, encargada de instruir las grandes causas
de corrupción política y crimen organizado, Fernández buscaba la creación
de decenas de nuevos juzgados con las mismas competencias.

La noticia llegó a los oídos de un pueblo argentino ya irritable debido al
interminable confinamiento y una parte de él acusó enérgicamente al
mandatario de querer penetrar el sistema judicial para enterrar los
procesos pendientes por corrupción en los que esta envuelta su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Se puso en duda también la
intención oculta de esta reforma, de ser aprobada; ¿Quién establecerá los
nuevos juzgados? ¿Es acaso otra forma en la que jueces peronistas tomen
las riendas de la justicia?

Luego de medio año desde que fue presentada, la reforma judicial se
encuentra estancada debido a las batallas judiciales de Cristina de
Kirchner. Su resolución no parece estar cerca y es posible que Fernández se
vea obligado a archivar el proyecto.

Cristina de Kirchner no solo ha causado atascos en algunos planes de
Fernández, sino que desde su inicio se duda de quién en realidad gobierna
al país. Grietas en la relación del binomio presidencial son fáciles de ver,
como la decisión unilateral de la vicepresidenta de atacar directamente a la
Corte Suprema de Justicia y catalogarla como culpable principal de los
pesares de Argentina. Alberto Fernández se mostró cauteloso y tibio al
unirse a las críticas de su vicepresidenta a la Corte, acto que mostró falta de
coordinación dentro del palacio presidencial. Dentro del peronismo se
viene haciendo más clara la división entre miembros que están a favor de
Alberto Fernández y quiénes respaldan únicamente a Cristina de Kirchner.
Esta ansiedad presente en su coalición de gobierno obliga a Fernández a
hacer de equilibrista relajando tensiones de ideologías y presiones sociales,
especialmente en un año de elecciones parlamentarias.
En un futuro cercano se puede encontrar forzado a desvincularse de la
sombra de Cristina Fernández y asumir un rol de protagonista único,
dejando atrás dudas sobre su autoridad absoluta al presidir y la pasividad
que se le acusa.

Evaluar su primer año en el poder y lo efectivo que ha sido Fernández para
cumplir lo proclamado en su discurso de posesión presidencial es
particularmente complicado. Su objetivo de “recomponer la grieta política
en Argentina” corre el riesgo de convertirse nada más que en un sueño
platónico con las crecientes tensiones en su coalición y un pueblo que
empieza de a poco a exigir mejoras concretas y proactividad en un entorno
de emergencia mundial. Importantes proyectos de ley como la
despenalización del aborto y reforma judicial por naturaleza tuvieron
reacciones polarizadas aumentando la división política.

La reestructuración de la deuda fue un gran logro, pero la pandemia
impidió ver el desarrollo y resultados de su política económica; es esto por
lo que las medidas nacionales que aún se tienen que tomar, en adición a las
decretadas un año atrás, se mantienen con pronóstico reservado y el futuro
económico del país nublado por un gigante asterisco. El balance final, resultante de los varios bonos sociales dirigidos a los más necesitados a costa de una grandísima carga fiscal que asfixia al mercado laboral y sector privado, será clave para valorar lo adecuado de su estrategia económica. Alberto Fernández cuenta aún con alrededor del 50% de aprobación, algo favorable que espera explotar para sus próximos desafíos políticos, como las elecciones parlamentarias, campaña de vacunación y espera de
resultados económicos, factores que establecerán la realidad de la Argentina post-pandemia.