El Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro reforzó la oscura realidad del periodismo en Venezuela al ordenar la multa de $13 millones que el diario El Nacional deberá pagar a Diosdado Cabello, mano derecha del chavismo, por daño moral.
El caso en contra de El Nacional comenzó desde el 2015, cuando Diosdado Cabello denunció al medio por perjuicios y daños morales. El Nacional y otros 80 periódicos del continente difundieron una publicación realizada por los medios ABC de España y The Wall Street Journal de Estados Unidos, en la que una ex escolta de Cabello aseguró que el político tenía fuertes lazos con el narcotráfico. Sus declaraciones conllevaron a una investigación federal en Nueva York contra Cabello.
En el 2018 un tribunal de la capital falló a favor de Cabello y dictaminó que El Nacional debe compensar económicamente a Cabello por daños morales.
El más reciente episodio se da a mediados de este mes cuando el Tribunal Supremo de Justicia aceptó la petición de los abogados de Cabello de revisar la cantidad original que comprendía la multa. Inicialmente el monto era de 1 billón de bolívares, cerca de diez mil dólares. Luego de que los representantes de Cabello alegaran que esa cantidad ya no representa el daño causado debido a la inflación económica, el monto a pagar pasó a ser de 237 mil petros, moneda digital creada por Maduro, que tiene un equivalente a $13 millones.
Existen varias incoherencias en esta última decisión judicial que son exaltadas por Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional. Otero resalta que desde el punto de vista constitucional y legal no existe la figura de compensación en petros. La astronómica cantidad record de la historia judicial venezolana no ha sido justificada en lo más mínimo; a pesar de las reiteradas peticiones de Otero, aún no se explica cómo el Tribunal llega a esa valuación de la moralidad de Diosdado Cabello de $13 millones.
La cúpula del gobierno con esta última victoria en el Tribunal impide que el dinero que le arrebata a El Nacional sea erosionado por la hiperinflación causada por la nefasta administración del propio Maduro. Lo irónico e insolente de la situación lamentablemente ya no es sorpresa en Venezuela. El resto de los millones de venezolanos que sufren diariamente los estragos de la hiperinflación no tienen este privilegio.
Otra garantía que permite la astronómica multa es la eventual expropiación total del diario El Nacional. El diario, que ha ido reduciéndose aceleradamente durante los últimos años debido a la persecución política del gobierno de Maduro, no cuenta con los recursos para pagar la multa, lo cual abre la puerta a que todas las instalaciones del periódico pasen a manos de Diosdado Cabello.
No es la primera vez que oficiales del gobierno intentan hacerse con el control de uno de los últimos periódicos independientes del país; Otero indica que hace pocos años oficiales del gobierno pretendieron comprar al periódico y ofrecieron una gran cantidad por él.
El intento de extinguir a la prensa independiente no es nuevo, el chavismo ha tenido éxito en estas misiones. Centenares de estaciones radiales, de televisión y periódicos han sido expropiados o inducidos a la quiebra. Más de 50 estaciones de radio y tv fueron clausuradas en un lapso de tan solo 18 meses.
Diosdado Cabello ni siquiera ha disimulado esta expropiación encubierta y ha asegurado que cuando sea dueño del periódico donará sus instalaciones al gobierno.
Instituciones internacionales de derechos humanos y libertad de expresión se han pronunciado a favor de El Nacional. La Sociedad Interamericana de Prensa y Grupo de Diarios América han respaldado a los integrantes y directiva del diario calificando la decisión del Tribunal como un grave atropello.
Por su parte, los exmandatarios integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas declararon: “Ante los fallidos intentos por acallar a un medio como El Nacional, se recurre hoy a la intervención de una justicia sometida a la voluntad del régimen, para infligirle un grave daño económico”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconoce al fallo como una persecución latente para los medios de comunicación y sus labores reportando actividades de altos funcionarios.
Amnistía Internacional, ONG enfocada en derechos humanos, no solo condena la represión de la libre prensa por parte del gobierno de Maduro, sino que han documentado decenas de abusos como torturas, juicios arreglados y asesinatos en su último reporte sobre el país.
La inexistencia de condiciones democráticas en Venezuela permite que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello tengan control absoluto sobre el poder judicial, que se ha convertido en un brazo más de su hegemonía total. El ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia continúa formulando casos arbitrarios en contra de periodistas y medios de comunicación independientes con el objetivo de forzar su extinción. Bajo estas condiciones precarias que han permanecido durante décadas, la presencia de medios de prensa libre como El Nacional hasta este punto es sorprendente y es un testamento a su labor. Su expropiación significaría uno de los pasos finales hacia la extinción de la libertad de expresión en Venezuela.
