El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, fue extraditado desde España hace más de dos años por presuntos sobornos. Pero sólo después de que unas fotos suyas comiendo pato pekinés en un restaurante de lujo desataran la indignación de la opinión pública durante noviembre del 2021, los fiscales solicitaron su detención preventiva.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la fastuosa cena de “provocación”. El abogado de Lozoya no respondió a solicitudes de comentarios, aunque los medios informaron que este negó haber actuado en mala fe. Pero para los críticos del gobierno, la saga fue ilustrativa del enfoque de las autoridades mexicanas en la lucha contra la corrupción: una estrategia profundamente influenciada por la política y poco que destacar.
En su segundo viaje al extranjero en tres años, López Obrador dijo que la corrupción en “todas sus formas” era “el mayor problema del planeta”. Y añadió: “[En México] hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar el dinero ahorrado a ayudar al pueblo”.
Sin embargo, analistas afirman que hay pocos avances en el país que puedan ser motivo de alegría. México lleva mucho tiempo plagado de corrupción, desde sobornos para evitar multas por exceso de velocidad hasta robos multimillonarios en contratos de obras públicas.
Cada año, los mexicanos pagamos cientos de millones de dólares en sobornos a los funcionarios públicos por trámites básicos del día a día, como la creación de una empresa o el pago de los impuestos de los coches, según estima el organismo de estadística INEGI. Transparencia Internacional sitúa a México en el puesto 124 de 180 países.
El fiscal federal anticorrupción sólo ha logrado dos sentencias por delitos en más de dos años y medio en el cargo, dijo un experto. Los casos de alto perfil avanzan lentamente.
“No tienen una política de persecución penal… eligen los casos por razones muy poco claras”, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México. “Esa arbitrariedad es una mala señal en una fiscalía”.
Más preocupante es el aparente patrón de exoneración de aliados políticos y la persecución de críticos del gobierno y opositores políticos tanto por la administración como por los fiscales federales nominalmente independientes.
“Antes no se combatía la corrupción para que la gente en el poder pudiera ganar dinero ilegalmente”, dijo Miguel Alfonso Meza, un ex abogado de la sociedad civil que ahora trabaja en el gobierno municipal de Monterrey, dirigido por un partido de la oposición. “Ahora la corrupción no se combate para que el grupo en el poder se consolide, sino para dañar la democracia y perseguir a los críticos”.
López Obrador insiste en que se está combatiendo la corrupción en su gobierno y que se han presentado más de 200 denuncias penales. “No se está protegiendo a nadie”, dijo. La fiscalía general de la república no respondió a una solicitud de comentarios.
La imagen del presidente de no estar interesado en amasar dinero para sí mismo -algo que incluso muchos opositores creen que es real- le da credibilidad ante los votantes sobre la corrupción. El problema es que las instituciones carecen de la independencia o los recursos necesarios para sostener una verdadera lucha anticorrupción, según los activistas.
Los miles de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han dado escasos resultados en casos penales. A principios de Noviembre, su entonces director, Santiago Nieto, dimitió tras ser reprendido por el presidente por su fastuosa boda en Guatemala.
Otros órganos de control clave como la Auditoría Superior de la Federación -parte de la Cámara Baja del Congreso- han presentado muchas menos denuncias penales que en años anteriores durante esta administración.
López Obrador también ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción -destinado a coordinar diferentes instituciones- al calificarlo como la “gota que colma el vaso” en una lucha anticorrupción “fingida”.
“Seguimos teniendo el mismo problema, no tenemos instituciones que realmente funcionen”, dijo Edna Jaime, directora del centro de estudios México Evalúa. “El presidente no ha invertido nada de su capital político ni de sus recursos, no es parte de su proyecto fortalecer estas instituciones”.
En una de sus conferencias de prensa matutinas del mes pasado, López Obrador prometió publicar los detalles de quienes han sido sancionados o acusados de corrupción. El comunicado posterior dijo que miles de funcionarios habían sido excluidos del gobierno y que se habían presentado cientos de denuncias penales, pero no mencionó una sola condena penal.
