Imagina un paisaje desolado: un interminable camino de asfalto resquebrajado y lleno de baches que parecen cráteres. A los lados, autos detenidos, víctimas de neumáticos reventados y ejes rotos, mientras los conductores, frustrados, intentan maniobrar en un caos que parece sacado de un apocalipsis. No es una escena de Mad Max, es la México-Puebla.
Esta carretera, una de las más transitadas del país, se ha convertido en un territorio hostil. Aquí no solo se enfrentan baches y grietas, sino el peligro constante de asaltos. Transportistas y viajeros saben que cada kilómetro es un riesgo: atracos a plena luz del día, violencia desmedida y bandas organizadas que acechan como depredadores. A esto se suman los choques diarios y el tráfico interminable, un espectáculo de fricción y caos donde las promesas de mantenimiento vial son tan rotas como el pavimento.
Pero la inseguridad en carreteras no es exclusiva de la México-Puebla. Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de enero a agosto de 2023 se reportaron 4,481 robos en carreteras, de los cuales 7 de cada 10 fueron con violencia. El corredor México-Puebla-Veracruz es el epicentro de esta crisis, concentrando el mayor número de incidentes, pero no es el único. En el Bajío y en estados del norte como Tamaulipas y Nuevo León, las bandas organizadas han convertido las rutas en zonas de alto riesgo, afectando tanto a transportistas como a automovilistas.
El autotransporte, columna vertebral de la logística en México, es una de las principales víctimas. Según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), las pérdidas por robos ascienden a más de 92 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a medio punto porcentual del PIB, entre mercancías saqueadas y vehículos dañados o robados. Las consecuencias son devastadoras: retrasos en las cadenas de suministro, costos más altos para las empresas y un impacto directo en los precios finales para los consumidores.
El cambio de la Policía Federal a la Guardia Nacional, implementado en 2019, prometía reforzar la seguridad en las carreteras, pero los resultados han sido decepcionantes. Antes, la Policía Federal contaba con divisiones especializadas en vigilancia y respuesta en rutas estratégicas, con presencia constante en puntos clave. En contraste, la Guardia Nacional, sobrecargada con múltiples funciones y recursos limitados, no ha logrado mantener un control efectivo en las vías. Según datos del INEGI, en 2023, la percepción de inseguridad en carreteras alcanzó el 72%, el nivel más alto en los últimos 10 años.
A esta crisis de seguridad se suma un problema estructural: el deterioro físico de las carreteras. El presupuesto destinado al mantenimiento vial ha caído drásticamente. Durante el actual sexenio, el gasto en infraestructura carretera se ha reducido en un 29% en términos reales, alcanzando en 2024 su punto más bajo en 16 años. Caminos y Puentes Federales (Capufe), la entidad responsable de las autopistas de cuota, recibió en 2023 apenas 6,943 millones de pesos para la conservación vial, una cifra insuficiente para atender los más de 50 mil kilómetros de la red federal.
El resultado es visible: baches interminables, señalización deficiente, falta de iluminación y puentes en condiciones críticas. Estas fallas no solo facilitan los asaltos, sino que también aumentan los riesgos de accidentes. Según el INEGI, en 2023, los accidentes en carreteras federales se incrementaron un 38.2% en comparación con el año anterior, cobrando miles de vidas y dejando a familias enteras en el luto.
La combinación de inseguridad creciente y deterioro vial afecta a todos los sectores. Los transportistas enfrentan más costos operativos, las comunidades rurales quedan aisladas y el comercio se ralentiza. Cada kilómetro en mal estado o sin vigilancia representa una oportunidad para la delincuencia y un obstáculo para el desarrollo económico.
México necesita con urgencia un cambio de rumbo. La seguridad en carreteras debe ser prioritaria, con estrategias claras y efectivas que incluyan el regreso de patrullajes constantes y especializados. La inversión en infraestructura no puede seguir siendo relegada; garantizar caminos funcionales y seguros es indispensable para mantener el flujo de bienes, servicios y personas.
Las carreteras son las arterias de un país. Cuando se bloquean o se deterioran, el desarrollo se paraliza. Es hora de reparar más que el asfalto: debemos reconstruir la confianza en las rutas que conectan a México. Porque donde hay vías seguras, hay progreso. Pero si seguimos transitando por caminos del abandono, solo nos espera un destino de estancamiento y desesperanza.
