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Presidente del TEPJF declara ante FGR por corrupción

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, se defendió ante las acusaciones estableciendo que los ingresos fuera de rango se dieron antes de que fungiera como funcionario público. 

El Magistrado se presentó ante la Fiscalía General de la República, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo denunció por enriquecimiento ilícito y corrupción tras detectar comprar de bienes inmuebles en zonas de lujo en Ciudad de México y Miami. 

La UIF le atribuyó un monto de 36.7 millones de pesos en gastos, de los cual sólo declaro un ingreso de 16.7 millones de pesos, encontrándose el magistrado en una situación de discrepancia fiscal. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la discrepancia fiscal en su artículo 91, mismo que a la letra señala: “Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar”.

En un comunicado, Vargas manifestó su deseo en colaborar con la autoridad para esclarecer los hechos y reafirmó su plena disposición ante el Ministerio Público y en las posibilidades para aportar pruebas que acrediten el origen legítimo y lícito de su patrimonio.

Posteriormente, en la declaración ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, manifestó oportunamente de que no existe ninguna discrepancia fiscal en su situación fiscal y por lo mismo la denuncia en su contra no tiene fundamento alguno. 

De igual forma, señaló que ha sido oportunamente manifestado en las declaraciones patrimoniales que anualmente presenta como funcionario público, que existe congruencia entre sus ingresos y gastos

“En ese sentido, el magistrado Vargas Valdez sostiene que demostrará su actuar apegado a la ley en todo momento y que su patrimonio familiar es producto del esfuerzo y el mérito profesional de dos personas que han trabajado honestamente por más de veinte años” así se sentenció en el comunicado.

Por último, declaró el magistrado que tiene el derecho constitucional consagrado en el artículo 20 de guardar silencio y de no ser forzado a realizar declaraciones