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Nuevo revés a los derechos LGBT en Europa

Naciones de Europa del Este, como Hungría, Ucrania, Romania y Polonia, siguen demostrando ser un dolor de cabeza latente para las autoridades de la Unión Europea. Sus infracciones en temas de democracia y derechos son múltiples; uno de los temas en especial donde quebrantan estándares internacionales es la cruzada imparable que están organizando contra el colectivo LGBT, y que sufren sus ciudadanos que se identifican como homosexuales, bisexuales o transexuales. 

Estos países llevan ya un tiempo apareciendo en los titulares por tomar numerosas decisiones controversiales con respecto a este colectivo que generan fuertes discusiones en la comunidad internacional y ponen bajo la lupa la efectividad del compromiso de la Unión Europea con los derechos LGBT.

La última ocasión ha sido apenas hace unos días, cuando el 15 de junio el Parlamento húngaro aprobó una ley que se entiende no solo como un nuevo ataque hacia los derechos de esta minoría, sino como un giro más en la preocupante retórica autoritaria que ya se ha convertido en la seña de identidad de su presidente, Viktor Orbán. 

La ley que esta vez causa revuelo es una en la que se prohíben expresamente todos los libros, películas, programas de televisión o incluso anuncios que estén dirigidos a menores en los que se hable o aparezca un contenido en la que se dé una representación de una sexualidad diferente a la heterosexual. 

“Hay contenidos que los niños menores de cierta edad pueden malinterpretar y tener un efecto perjudicial en su desarrollo”, ha explicado un portavoz del gobierno húngaro al periódico The Guardian. Pero por mucho que se quiera revestir de preocupación por los niños y adolescentes, no deja de ser un nuevo ataque a las libertades y la protección de los derechos humanos en los que la Unión Europea basa su identidad.

No sorprende que el proyecto de ley haya salido adelante gracias al apoyo que el partido oficialista de ultraderecha y formaciones ultranacionalistas le han garantizado; las tendencias de estas fuerzas políticas esclarecen las verdaderas premisas e intenciones que se han impuesto para aprobar este proyecto. Y es que no se puede ignorar el hecho que Hungría es uno de los países, por estadística, más homofóbicos de toda la Unión. En una encuesta realizada en 2019, el 51% de su población pensaba que los homosexuales no debían tener los mismos derechos que los heterosexuales, frente a un 6% que, por ejemplo, salió como resultado en España. 

Además, esta ley es también polémica porque se incluye dentro de un proyecto contra la pedofilia, por lo que se establece una relación entre esta y la homosexualidad o la transexualidad. Igualmente supone que no se pueda dar en los colegios ninguna charla o mención a una sexualidad que no sea la heterosexual en el temario escolar. 

Esta tendencia peligrosa lleva ya un tiempo desarrollándose en pleno corazón de la Unión Europea. En la misma Hungría, en 2011 se aprobó (en solitario por el partido del presidente) una nueva Constitución en la que se fijaba que el matrimonio era solo la unión entre un hombre y una mujer.

Asimismo, se han aprobado proyectos en los que se les niega la posibilidad a las parejas del mismo sexo de adoptar como medio para tener hijos, y el año pasado el gobierno prohibió que las personas transexuales puedan cambiarse de nombre una vez llevada a cabo la reasignación de género. 

En Polonia, por otro lado, unas 100 ciudades y varias regiones del país, casi un tercio del territorio, han aprobado distintas resoluciones en las que se declaran libres de ideología y de personas LGBT. Según sus principales exponentes, la lucha por los derechos de los homosexuales es un concepto extranjero, que se ha incorporado a Polonia desde Estados Unidos y Europa Occidental, amenazando a la familia tradicional y heterosexual. Establecen también directamente una relación entre esa supuesta ideología LGBT y la comunista, intentando levantar fantasmas de la época en la que el país fue satélite de la Unión Soviética.

El mismo presidente del país, Andrzej Duda, calificó los derechos de los homosexuales y transexuales como una ideología que se estaba convirtiendo en incluso más destructiva que el comunismo, y que un arzobispo de Cracovia advirtió de la plaga neomarxista de las banderas arcoíris. 

El problema primordial de esto radica en que, si bien estas sentencias no tienen una aplicación viable y esencialmente son de carácter simbólico, sirven de munición y alientan a movimientos que sí se desarrollan de forma más explícitamente violenta, lo que lleva a las personas en estos países que pertenecen a la comunidad LGBT a sentirse rechazados y vivir en miedo. 

Como respuesta a este retroceso en los derechos LGBT, en marzo de este año el Parlamento europeo declaró a la Unión Europea como zona de libertad para las personas LGBT en una resolución adoptada con 492 votos a favor, 141 en contra y 46 abstenciones. Igualmente, la Comisaría de Igualdad se pronunció y aclaró que la orientación sexual no debía entenderse como una ideología, y que hacerlo contraviene el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 

Sobre la reciente ley en Hungría, sin embargo, ha sido la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la que ha escrito un tweet diciendo que se encontraba muy preocupada por la nueva legislación aprobada en el país del este, y que se evaluaría si infringe las leyes de la Unión Europea. “Creo en una Europa que abraza la diversidad, no una que se la oculta a nuestros hijos. Nadie debe ser discriminado por motivos de orientación sexual”, añadió.

Muchos más eurodiputados se han unido y han condenado la situación, que la gran mayoría entiende como algo que no debería suceder en el seno de la Unión que es supuestamente la más garante de derechos humanos del mundo. De la misma manera, ha existido una respuesta contundente por parte de múltiples organizaciones como Amnistía Internacional y diversas ONGs, así como de los propios ciudadanos húngaros. Miles de ellos se congregaron a protestar el día antes de que se aprobara la ley en la plaza Kossuth, donde se encuentra el Parlamento.

Sin embargo, aunque son muchos los que han levantado su voz, no se ha podido evitar la realización de esta ley, lo que le permite unirse a una triste per larga lista de otros proyectos creados para recortar los derechos de las minorías.