Improbable, pero no imposible. En México, las discusiones sobre la petrolera nacional, la más endeudada del mundo, suelen concluir que el Gobierno le ayudará a pagar lo que debe para evitar a toda costa un impago o una reestructuración que obligue a la empresa a negociar con sus acreedores. Sin embargo, conforme se acerca el fin del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, las voces que argumentan lo contrario se van sumando.
Primero fue Pimco, uno de los fondos de bonos de deuda más grandes del mundo, quien en mayo dijo que había reducido la cantidad de deuda que tenía invertida en Pemex porque no esperaba que el próximo Gobierno fuera tan generoso con la petrolera. Bajo López Obrador, la Secretaría de Hacienda ha hecho grandes aportaciones de capital para que pueda pagar los intereses de su deuda y ha reducido también su carga impositiva.
“Esta administración fue quizás la administración más pro-Pemex que probablemente puede haber”, dijo Pramol Dhawan, jefe de deuda en mercados emergentes en Pimco, a Bloomberg. Los gobiernos posteriores “pueden no ser tan amigables con esta deuda”, dijo y advirtió: el mercado debe estar preparado para que México reduzca su apoyo a Pemex.
Después llegaron las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch, quienes por separado anunciaron que observan un deterioro en la capacidad de pago de la deuda por parte de Pemex. Y esta semana, un economista especializado en mercados emergentes para la firma Capital Economics en Inglaterra publicó un provocador análisis titulado Por qué Pemex terminará en default. El autor, Jason Tuvey, argumenta que ante la enorme carga crediticia, alguien tiene que ceder.
Pemex tiene unos 110.000 millones de dólares en deuda, lo que equivale a cerca del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Sus intereses han escalado desde que las calificadoras le retiraran el grado de inversión. A pesar de tener una garantía implícita del Gobierno Federal, los bonos cotizan en el mercado internacional con intereses mucho más altos a la deuda soberana. En la pandemia, los bonos de Pemex ofrecían un rendimiento casi 8% mayor a los bonos soberanos, mientras que ahora fluctúan entre 4,5% y 6% por encima. Esto quiere decir que el riesgo de impago de la petrolera ha hecho ricos a muchos inversores dispuestos a comprar la deuda durante años.
“Claramente, ya hay muchas malas noticias descontadas en los bonos de Pemex”, dice Tuvey, “creo que muchos inversores, incluyendo algunos con los que he hablado, de alguna manera valoraron algún tipo de reestructuración, ya sea en los próximos cinco o diez años”. Una reestructuración equivale a un impago, ya que requeriría que la empresa se siente a negociar con sus acreedores un nuevo plan en el que los inversores estén dispuestos a perder algo de réditos. Además, un incumplimiento tendría un efecto de contagio, disparando las tasas de interés de otros bonos mexicanos, como los de la Comisión Federal de Electricidad y de empresas privadas que suministran a la paraestatal petrolera.
Pero el beneficio se reflejaría en los bonos soberanos, argumenta Tuvey. “Yo diría que una reestructuración de Pemex sería bueno para la perspectiva de los bonos soberanos porque estaría reduciendo lo que ha sido un gran lastre para las finanzas públicas de México en los últimos años”, afirma el especialista.
Cada año, durante esta Administración, la Secretaría de Hacienda ha hecho aportaciones de capital y reducción de impuestos que equivalen al 1% del PIB, según estiman Tuvey y su equipo, quienes esperan que el próximo Gobierno que inicia a finales de 2024 tendría que aumentar esas aportaciones a 1,5% del PIB. México recauda entre 13% y 14% del PIB en impuestos, por debajo del promedio de sus pares de la región, por lo que cuenta con un presupuesto reducido para cubrir las necesidades de salud, educación, infraestructura, entre otros, para un país de 127 millones de habitantes.
“Pemex se ha convertido en un lastre cada vez mayor para la economía y una carga para las finanzas públicas de México”, escribieron en su reporte publicado el martes. La producción de crudo ha caído desde un pico de cerca de 3,5 millones de barriles a mediados de la década de 2000 a poco más de 1,5 millones de barriles hoy. “Combinado con el aumento de los costos, la empresa ha sufrido pérdidas persistentes”, dice el texto.
“Hay una reforma fiscal más amplia que debe suceder, pero López Obrador no lo ha hecho y le queda un año. No lo va a hacer ahora. Entonces, en realidad, no ha ayudado a Pemex porque simplemente la ha mantenido conectada a una especie de máquina de respiración asistida sin darle la medicina que la empresa necesita”, dice Tuvey.
La Administración anterior impulsó planes y discusiones para adelgazar a Pemex, con la idea de vender los negocios que no eran muy redituables como la refinación o asociándose con privados para explorar y producir en campos nuevos. Se logró incluso negociar con el sindicato una reducción del pasivo laboral. López Obrador revirtió la negociación anterior e incrementó el pasivo laboral. Tuvey reconoce que Pemex ha reducido su plantilla en los últimos cinco años, pero no lo suficiente.
“Recuperar la productividad al nivel máximo de 2004 requeriría reducir la fuerza laboral en 50.000 personas, de un total de 120.000″, dice Tuvey. “Si la próxima Administración sale y dice, ‘sí, vamos a adelgazar a Pemex, vamos a introducir una reforma fiscal, una reforma laboral, vamos a hacer que sea una empresa rentable’, eso podría retrasar una reestructuración”, agrega.
López Obrador tiene una visión extraordinaria de Pemex, dice Tuvey. “La empresa es el corazón de lo que él cree que debería ser la economía de México, es un campeón nacional, algo de lo que México debería estar orgulloso. Pero las finanzas son terribles… Es poco probable que la empresa, incluso en una situación reducida y más rentable, pueda realmente seguir pagando la gran cantidad de deuda. Alguien tiene que ceder en algún momento. Independientemente de quién sea el próximo presidente, tendrán que lidiar con la situación”, concluye Tuvey.
