Un mensaje, y un tono, para cada público. Andrés Manuel López Obrador se dirige cada mañana a los mexicanos desde sus conferencias de prensa matutinas. En esas comparecencias privilegia las declaraciones que hablan a sus votantes y a las bases de Morena, ensalza al sector público, carga contra sus adversarios políticos y con frecuencia crítica a representantes de la iniciativa privada. Pero el presidente se reúne también, periódicamente, con los grandes empresarios. En esas ocasiones siempre trata de lanzar mensajes tranquilizadores. Procura entonces hablar a los mercados. Este jueves lo ha vuelto a hacer con grandes directivos y propietarios, exhibiendo sintonía y celebrando la centralidad de la inversión privada cuatro días después de las elecciones.
El mandatario se citó con miembros del Consejo Mexicano de Negocios, entre ellos Carlos Slim, del Grupo Carso; Emilio Azcárraga, presidente de Televisa; Laura Díaz Barroso, a la cabeza de Santander México; Daniel Servitje, primer ejecutivo del Grupo Bimbo, o Claudio X. González, de Kimberly-Clark. “Fue muy buena reunión”, manifestó López Obrador. “Se reafirmó el deseo, la voluntad, de trabajar juntos, de promover la inversión privada, que es fundamental. No se puede desarrollar el país solo con la inversión pública, se requiere de la inversión privada y se llegó a un muy buen acuerdo”, agregó en declaraciones a la prensa a su salida del encuentro, celebrado en el Museo Kaluz, en el centro histórico de Ciudad de México. No detalló, no obstante, los términos de ese acuerdo.
“Fue una reunión amistosa”, insistió el presidente, quien llegó a asegurar que durante no afloró “ninguna diferencia, ninguna confrontación”. “Fue todo en armonía, yo le agradezco mucho a los empresarios del país que están ayudando para que salgamos juntos adelante, que México siga siendo la vanguardia en el desarrollo mundial”. Sus palabras no solo contrastan con el silencio que habitualmente guardan los grandes empresarios sobre su relación del Gobierno, sino que también se producen en un contexto de crisis económica, acelerado por la pandemia de la covid-19, que ha abierto la puerta a la salida de capitales, sobre todo extranjeros.
El pasado mes de marzo, durante la última Convención bancaria, López Obrador lanzó otro mensaje que buscaba tranquilizar a los responsables de las entidades financieras que operan en México. “Estamos a favor de los negocios”, dijo en ese momento, mientras la reforma eléctrica y la ley de hidrocarburos habían encendido todas las alarmas de los sectores productivos. Esas iniciativas, aprobadas por la mayoría oficialista del Congreso pese a repercutir en la inversión privada, se encuentran ahora paralizadas en los tribunales. Sin embargo, el Ejecutivo no las ha aparcado y está decidido a defenderlas hasta el final del período, con una fórmula que, asegura, no renuncia a fortalecer a dos empresas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex, sin perjuicio de los particulares.
La reunión de este jueves resulta, además, especialmente significativa porque se ha celebrado días después de las elecciones federales y locales que marcan el ecuador del sexenio, han ensanchado el poder territorial de Morena, pero han puesto techo a su margen de maniobra legislativo. Aunque con sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo el presidente cuente con una mayoría simple, necesitará negociar, no solo los futuros presupuestos, sino otras medidas económicas, si quiere alcanzar un amplio consenso.
La economía se ha configurado, de hecho, como la prioridad del Gobierno una vez concluido este proceso electoral. Primero, el mandatario aceleró el relevo en la Secretaria de Hacienda, postulando al actual titular, Arturo Herrera, como próximo gobernador del Banco de México, y nombrando como sustituto en esa dependencia a Rogelio Ramírez de la O, que lleva décadas asesorándolo. Y en segundo lugar, busca ofrecer una fotografía de proximidad con el gran capital mexicano.
Esa imagen choca con las constantes embestidas contra los inversores extranjeros, por ejemplo en el sector eléctrico, que ya han desincentivado su presencia en el país como en el caso de Iberdrola. A eso añaden unas variables macroeconómicas aún preocupantes pese a las previsiones de crecimiento. El Producto Interior Bruto de México se desplomó un 8,5% el año pasado, una caída nunca registrada desde la Gran Recesión. Con todo, López Obrador se niega a acometer una reforma fiscal que abra la puerta a la subida de impuestos. Lo reiteró este jueves, al igual que hizo el miércoles: “Lo más importante es que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de los energéticos, de la luz, de las gasolinas, del diésel. Hemos cumplido no aumentando los impuestos”. Y esta declaración de intenciones, dirigida a sus votantes, también pretende, según el presidente, tranquilizar a los empresarios.
