El plan era irrumpir en el Capitolio alemán, arrestar a los legisladores y ejecutar al canciller. Un príncipe descendiente de la nobleza alemana asumiría el cargo de nuevo jefe de Estado, y un antiguo diputado de extrema derecha se encargaría de una purga nacional.
Para facilitar el golpe, se sabotearía la red eléctrica. Ya se habían comprado teléfonos por satélite para comunicarse fuera de la red.
Eso es lo que, según la fiscalía y los servicios de inteligencia alemanes, estaba tramando una red terrorista de extrema derecha a escala nacional antes de que 3.000 agentes de policía y fuerzas especiales se desplegaran por todo el país el miércoles para asaltar 150 viviendas y detener a 25 presuntos cómplices. Entre ellos había un soldado en activo, un ex oficial de las fuerzas especiales de élite, un agente de policía y al menos dos reservistas del ejército.
Entre los objetos descubiertos figuraba una lista con 18 nombres de políticos considerados enemigos, posiblemente para ser deportados y ejecutados, entre ellos el canciller Olaf Scholz, dijeron a los medios personas familiarizadas con las redadas.
Se trata del último de una serie de complots descubiertos en los últimos años de redes extremistas que se preparan para el día en que se derrumbe el orden democrático, un día que denominan Día X.
“No es el primer caso de una célula como ésta que planea el Día X”, afirmó Konstantin von Notz, legislador y miembro de la comisión de supervisión de los servicios de inteligencia del Parlamento alemán. “El número de estos casos se está acumulando y la pregunta es hasta qué punto están conectados”.
No se sabe a ciencia cierta hasta qué punto los conspiradores habrían sido capaces de ejecutar un atentado de este tipo, ni lo cerca que estuvieron de intentar poner en práctica su plan: Según algunos funcionarios de inteligencia, el grupo había incumplido en dos ocasiones las fechas en las que tenían previsto desencadenar su atentado. Pero se sabía que muchos de los detenidos estaban fuertemente armados, afirmaron los fiscales, que describieron el complot como posiblemente el más descarado de la historia alemana de posguerra, uno dirigido directamente al corazón del Estado.
“Esto representa una escalada. Tenían planes para entrar en Berlín y acabar con parte del gobierno federal”, afirmó Stephan Kramer, jefe de la inteligencia nacional del estado de Turingia, donde se produjeron varias de las redadas. “En su plan para derrocar al gobierno, estaban dispuestos a aceptar muertes”.
Más allá de la amenaza inmediata, la escala de las redadas y la ambición de la trama esbozada por los fiscales ponen de manifiesto la persistente vulnerabilidad al extremismo de las principales instituciones alemanas -su Parlamento, su poder judicial, su policía local y estatal, e incluso sus fuerzas militares de élite-, que las autoridades alemanas han luchado por erradicar en los últimos años.
Uno de los lugares asaltados el miércoles fue un cuartel militar. Entre los detenidos en todo el país había un miembro del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, o AfD, que había servido en el Parlamento alemán; un príncipe alemán; y un ciudadano ruso acusado de apoyar los planes del grupo. Los fiscales federales afirmaron que también estaban investigando a un total de otros 27 sospechosos.
Dos de los arrestados fueron detenidos fuera de Alemania, uno en Austria y otro en Italia.
Los fiscales afirmaron que el grupo se formó el año pasado, influenciado por las ideologías del grupo de conspiración QAnon y un grupo de conspiración alemán de derecha llamado Reichsbürger, o Ciudadanos del Reich, que cree que la República alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial no es un país soberano, sino una corporación creada por los aliados victoriosos.
Durante años, los Reichsbürger han sido vistos casi como un espectáculo secundario entre los grupos de extrema derecha alemanes, formados por una red dispersa de unas 20.000 personas con extrañas teorías conspirativas.
“Siempre se ha creído que sólo un pequeño porcentaje de ellos son de extrema derecha”, afirma Hajo Funke, politólogo de la Universidad Libre de Berlín, especializado en extrema derecha. “Eso siempre fue erróneo, y ahora estamos viendo el error que supone restar importancia a este peligro”.
En los últimos años, y especialmente desde la pandemia, el grupo ganó nueva energía a medida que sus seguidores y su pensamiento se combinaban con las teorías conspirativas del movimiento QAnon, en particular viendo una amenaza del llamado “estado profundo”, una sombría cábala de élites corruptas que imaginan dirigiendo el gobierno.
Una convicción compartida por sus miembros era que “Alemania está actualmente gobernada por miembros de un llamado estado profundo” que necesitaba ser derrocado, afirmó una declaración de los fiscales.
Los fiscales afirmaron que, para llevar a cabo sus planes, el grupo había formado un ala militar, que estaba intentando activamente reclutar en la policía y el ejército, y un ala política, a la que llamaban el consejo, una especie de gobierno en la sombra que pretendían instalar en Berlín.
“El brazo militar construiría un nuevo Ejército alemán, formado por ’empresas de seguridad nacional’ aún por crear”, afirmó el miércoles el fiscal federal, Peter Frank. Afirmó que miembros de la facción militar también habían participado activamente en las fuerzas armadas federales.
Los atacantes, afirmaron los fiscales, parecían dispuestos a emplear métodos violentos. “Los miembros de la organización eran conscientes de que este objetivo sólo puede alcanzarse mediante el uso de medios militares y la violencia contra los representantes del Estado”, añadió la declaración del fiscal. “Esto también incluía encargar asesinatos”.
No fue el primer complot contra funcionarios del gobierno que las fuerzas del orden han frustrado este año.
En abril, los agentes detuvieron a cuatro personas que planeaban secuestrar al ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, y provocar cortes de electricidad en todo el país. La policía afirmó que los sospechosos estaban vinculados a los movimientos Reichsbürger y antivacunas.
En la trama destapada el miércoles, una miembro de AfD, identificada en los medios de comunicación alemanes como Birgit Malsack-Winkemann, legisladora hasta el año pasado, fue designada para convertirse en ministra de Justicia del grupo en el régimen posterior al golpe, afirmaron los fiscales.
Su propia historia pone de relieve algunos de los retos a los que se enfrentan las instituciones alemanas al intentar combatir las amenazas de la extrema derecha desde dentro: En octubre, un consejo judicial permitió a Malsack-Winkemann conservar su puesto de juez en Berlín, a pesar de las protestas de varias autoridades judiciales regionales, que afirmaron que tenía ideas de extrema derecha.
El periódico alemán Der Spiegel informó de que Malsack-Winkemann había publicado regularmente en Telegram el lema “WWG1WGA”, que significa el lema de QAnon: “Donde va uno, van todos”. Spiegel afirmó que borró los mensajes después de interrogarla.
Pero según una revisión judicial interna, sus publicaciones en las redes sociales no se consideraron pruebas suficientes para descalificarla.
“Si se confirman las primeras informaciones de que una antigua diputada de la AfD en el Bundestag está implicada en esta conspiración, se demostrará en qué atolladero se encuentra la AfD como partido”, afirmó Christian Dürr, legislador de los Demócratas Libres, uno de los tres partidos gobernantes. “No se trata de Alemania en absoluto, se trata en verdad de la destrucción de la democracia parlamentaria”.
El cabecilla del grupo fue identificado como el príncipe Heinrich XIII de Reuss, de 71 años y descendiente de una antigua familia real alemana. Fue designado para asumir el cargo de nuevo Jefe de Estado.
Ya a principios de año, la familia Reuss se distanció de Heinrich XIII por su implicación en la escena Reichsbürger, calificándolo de “teórico de la conspiración” y “viejo confundido”.
Según los miembros del grupo, la liberación está prometida por la inminente intervención de la “Alianza”, una coalición secreta técnicamente superior de gobiernos, servicios de inteligencia y militares de varios Estados, entre ellos Rusia y Estados Unidos, según los fiscales.
El príncipe Heinrich XIII había intentado ponerse en contacto con representantes del gobierno ruso a través de la embajada rusa en Berlín. Se cree que una ciudadana rusa, a la que los fiscales identificaron como “Vitalia B.”, le ayudó a intentar establecer contacto con Moscú. Pero los fiscales afirmaron que no había indicios de que hubieran recibido una respuesta positiva de las fuentes rusas con las que se habían puesto en contacto.
Un portavoz del gobierno ruso calificó el miércoles la trama de “problema interno alemán”.
“No se puede hablar de ninguna injerencia rusa”, dijo el portavoz, Dmitri S. Peskov, a los periodistas.
Los servicios de inteligencia de Alemania han afirmado durante años que la mayor amenaza para el país provenía de grupos internos de extrema derecha. En 2019, extremistas de derecha asesinaron a un político local en el estado alemán de Hesse, y ese mismo año intentaron atacar una sinagoga. Un año después, un terrorista de extrema derecha mató a nueve inmigrantes y descendientes de inmigrantes.
Todos estos atentados han aumentado la sensación de urgencia entre las fuerzas de seguridad alemanas para actuar con decisión, afirmaron investigadores y funcionarios.
“Lo más importante es que nuestra democracia esté bien reforzada y que la cooperación entre los servicios de inteligencia, la policía y la fiscalía funcione”, afirmó Kramer, jefe de los servicios de inteligencia de Turingia. “Los enemigos de nuestra democracia deberían ser conscientes de ello”
