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Así nace una dictadura

Bukele ha mantenido un altísimo apoyo popular en El Salvador. Pero el presidente se está preparando para cuando el pueblo se canse: su victoria se ha dado en el contexto de un grave deterioro del Estado de derecho y ha aumentado el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y ha prometido duplicarlo en cinco años

La aplastante victoria de Nayib Bukele, de 42 años, ganadas con un porcentaje que roza el 85% y una oposición completamente descompuesta, suponen un aviso para toda Latinoamérica.

El político que un día se definió a sí mismo como “el dictador más cool del mundo” repetirá mandato gracias a una inmensa popularidad obtenida mediante la desarticulación de las maras, las sanguinarias pandillas que aterrorizaban al pequeño país centroamericano, que ha permitido reducir drásticamente la criminalidad y la violencia en las calles. La tasa de homicidios —pasó de más de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7,8 en 2022— y las extorsiones se han desplomado.

Para ello, Bukele ha impuesto un régimen de excepción que ya parece consustancial a su mandato, cooptado al poder judicial (que le permitió volver a presentarse pese a que la Constitución lo veta), pisoteado los derechos humanos y hostigado a aquellos medios y activistas que no comulgan con su política de seguridad. Bajo estas condiciones, El Salvador no solo se ha vuelto el país con mayor tasa de encarcelamiento del mundo (los presos han pasado de 35.000 a 110.000 en su presidencia), sino también en una nación donde la deriva hacia el autoritarismo es cada día más evidente.

Son peligros que la victoria electoral, cuya contundencia es incontestable, no borra. Por el contrario, el éxito de Bukele en las urnas lo ha elevado a faro de las ultraderechas latinoamericanas. Desde Chile hasta México se escuchan voces pidiendo seguir su ejemplo para conquistar el poder.

Es un discurso atractivo y fácil, que ofrece una solución supuestamente rápida a una de las grandes lacras continentales, aunque en realidad ni acaba con los problemas de miseria y falta de oportunidades que están en el origen de la criminalidad ni sus métodos son asumibles por ninguna democracia plena a no ser que se esté dispuesto a entrar en un estado de excepción permanente.

La reelección en El Salvador está claramente prohibida por seis artículos de la Constitución. Pero ya no queda institución capaz de imponer a Bukele sanciones ni límites a su ejercicio del poder. Controla los tres poderes del Estado, el circuito de jueces, la fiscalía, la policía, el Ejército y el Tribunal Supremo Electoral. El vicepresidente, Félix Ulloa, le dijo al New York Times: “No estamos desmantelando la democracia. La estamos eliminando, sustituyendo con algo nuevo”. Nuevo no es. Asistimos en vivo al nacimiento de una nueva dictadura en nuestro continente.

Cuando se ha vivido con una pistola en la cabeza, la seguridad está por encima de constituciones y leyes y democracias. La mayoría de quienes votaron ha decidido ceder sus derechos y entregarle todo el poder a una sola persona, a cambio de seguridad.

Es un experimento peligroso el de Bukele, que en dos años ha encarcelado a más de 70.000 personas mediante un régimen de excepción que permite a agentes policiales y soldados encarcelar a cualquiera que les parezca sospechoso de pertenecer a pandillas. Las organizaciones de derechos humanos calculan que apenas la tercera parte tiene vínculos con pandillas y han determinado que en las prisiones salvadoreñas se ejerce sistemáticamente la tortura. Cientos de personas han muerto ya. El Salvador tiene hoy la tasa de reos más alta del mundo.

La Policía exige a sus agentes cuotas de detenidos por día para llenar las cárceles del presidente Bukele. Pasa lo que siempre pasa: jóvenes detenidos porque un agente les vio “nerviosos”; vecinos denunciando a vecinos de vínculos con pandillas; taxistas acusando a su competencia para librarse de ella; hombres detenidos por competir con aquel policía por el amor de una mujer. Así se llenan las cuotas. Agentes policiales extorsionando a inocentes para no llevárselos.

En El Salvador, todo detenido es culpable hasta que demuestre lo contrario; y es casi imposible demostrarlo. Son juzgados en audiencias sumarias por jueces anónimos, junto a otros cientos de detenidos. Cien culpables o cien inocentes. El vicepresidente Ulloa, que es abogado, dijo que esa era la única manera, porque su gobierno ha metido a la cárcel a tanta gente que necesitarían cien años para juzgarlos individualmente. “Es un proceso justo porque es legal. Antes eran juicios individuales pero cambiamos la ley”.

No gozaban los cuerpos de seguridad de tanta impunidad desde los años de nuestra guerra civil, en los que elementos del Ejército, la policía y paramilitares (los Escuadrones de la Muerte) detenían, torturaban y desaparecían a miles de personas sin temer castigo.

La gran especialidad de Bukele no es la seguridad sino la propaganda. Cuenta con un grupo de asesores venezolanos provenientes de los equipos de Juan Guaidó y Leopoldo López, expertos en que la mano derecha haga creer que ya no existe lo que la izquierda oculta. Bukele advirtió el hartazgo de la gente con los políticos y se montó en el discurso del combate a la corrupción. Ganó la presidencia en 2019 y fustigó a la oposición hasta deslegitimarla con el aplauso de los salvadoreños. Dos años después logró mayoría en las legislativas.

La pandemia y sus decretos de emergencia le permitieron suspender derechos ciudadanos, ocultar información sobre contratos y compras y su Gobierno inició un sistemático saqueo del Estado que el periodismo ha venido documentando desde entonces y que hace parecer a sus antecesores unos novatos en corrupción.

En secreto pactó con las pandillas a quienes hizo concesiones inéditas, como liberar a algunos líderes solicitados en extradición por Estados Unidos a cambio de reducir las tasas de homicidios que necesitaba políticamente para presumir la efectividad de sus supuestos planes de seguridad.

En mayo de 2021 dio un golpe al poder judicial. Destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Fiscal, y saltándose todos los procedimientos establecidos en la Constitución ese mismo día nombró a nuevos magistrados y a un fiscal a su medida. Allí comenzó en la práctica su dictadura. Al caer la noche, controlaba ya los tres poderes del Estado. Todo. A nadie sorprendió después que los inconstitucionales magistrados del Constitucional resolvieran a favor de la reelección.

Después se rompió el pacto de Bukele con las pandillas y vino el régimen de excepción, los arrestos masivos y los encarcelamientos. Pero los habitantes de las comunidades que antes controlaban las pandillas viven hoy una tranquilidad que no conocían, sin tener que pagar extorsiones ni temer que su familia sea víctima de la crueldad de estas organizaciones criminales. Y esta es la principal causa de su reelección.

El llamado modelo Bukele, cuyos únicos componentes son la acumulación de poder, la propaganda y la represión ejercida desde el atropello al Estado de derecho y a los derechos humanos, ha sido suficiente para mantener un altísimo apoyo popular. Pero, lecciones de la historia, este apoyo no es para siempre.

Bukele se está preparando para cuando el pueblo se canse: ha aumentado el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y ha prometido duplicarlo en cinco años.

Hay un punto de no retorno en todo proyecto autoritario o dictatorial. Es ese que divide el deseo de permanecer en el poder de la imposibilidad de dejarlo, porque tendría consecuencias nefastas para él y su familia.

Las evidencias del pacto de Bukele con el crimen organizado se acumulan en un tribunal en Nueva York, donde son procesados líderes de pandillas que debían estar pagando penas de cárcel en El Salvador. Son la prueba viviente de los pactos criminales.

El presidente reelecto ha violado todos los cuerpos de ley de El Salvador; y el uso patrimonial del Estado y su saqueo sistemático están suficientemente documentados. Es una mala noticia para quienes desean el retorno de la democracia a El Salvador: Nayib Bukele ha cruzado la línea de no retorno.