Un comité internacional de expertos que pasó años investigando la desaparición de 43 estudiantes en México en 2014 dijo el lunes pasado que no puede verificarse como auténtica la evidencia clave que subyace en el explosivo nuevo informe de la comisión de la verdad creada por el gobierno.
La evaluación llegó en un momento crítico para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a llegar al fondo de las desapariciones, pero fue criticado por llevar a cabo una investigación basada parcialmente en pruebas cuestionables y por haber hecho un mal trabajo en el procesamiento de los principales sospechosos del caso.
En una conferencia de prensa en Ciudad de México, los expertos —nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace casi ocho años— dijeron que habían descubierto numerosas inconsistencias en las pruebas que el gobierno presentó como cruciales para su nuevo relato de lo ocurrido a los estudiantes, lo que hizo imposible autentificar el material.
Si bien los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reconocieron la importancia de que la comisión de la verdad concluyera que varios niveles del Estado habían participado en la desaparición de los estudiantes, criticaron al gobierno por presentar como hechos pruebas que resultaron ser infundadas.
“En un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, ha conllevado una situación de crisis”, dijo uno de los expertos internacionales, Carlos Beristain, investigador español de derechos humanos. Las recientes acciones del gobierno, agregó Beristain, “han puesto en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y la justicia”.
Pero es probable que la confirmación del lunes de los problemas con las capturas de pantalla por parte de investigadores ampliamente respetados aumente la presión hacia el gobierno, mientras se esfuerza por mostrar avances en una de las investigaciones más importantes que ha emprendido.
Los 43 estudiantes desaparecieron una noche lluviosa de septiembre de 2014, luego de que tomaran varios autobuses, una larga tradición, para llevar a sus compañeros a una manifestación en la capital mexicana que conmemoraba una masacre estudiantil ocurrida décadas atrás. Fueron interceptados por pistoleros y policías municipales, quienes dispararon a algunos de los estudiantes y se llevaron al resto.
Se sabe poco sobre lo que ocurrió exactamente después de ese momento, aunque con los años ha surgido evidencia que apunta a la participación de un grupo local de narcotraficantes, así como a las fuerzas de seguridad federales.
En agosto, el gobierno publicó el informe de una comisión de la verdad que advertía que las desapariciones habían sido un “crimen de Estado”, en el que narcotraficantes que operaban con la Policía Federal y el ejército habían asesinado a los estudiantes. Los funcionarios presentaron como pieza clave un conjunto de 467 capturas de pantalla de mensajes que supuestamente habían sido enviados por delincuentes y funcionarios que ya habían sido implicados en el crimen.
Los mensajes parecían ofrecer nuevos detalles estremecedores sobre el modo y el lugar en el que los narcotraficantes se habían deshecho de los estudiantes, y sugerían que un oficial militar de alto rango había ordenado la desaparición de seis de ellos.
Pero los expertos internacionales dijeron que su análisis forense de las capturas de pantalla había hallado varias irregularidades que hacían imposible confirmar su validez, y concluyeron que “los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital”.
La declaración fue una dura reprimenda al gobierno de López Obrador, que había presentado el informe como un avance en un caso que se había estancado por años en medio de denuncias de tortura y aparentes intentos de alterar las escenas del crimen por parte de la gestión anterior.
El grupo de expertos dijo que había evidencia sólida de que el ejército mexicano tenía vínculos con el cártel que mató a los estudiantes, y que los miembros de las fuerzas armadas sabían lo que estaba sucediendo la noche en que desaparecieron y no hicieron nada para detener la masacre.
Los expertos internacionales también dijeron que existía el testimonio de al menos una persona que sugería que el ejército había mantenido cautivo a un grupo de los estudiantes.
Es probable que la atención en el ejército —que, según los investigadores, retuvo evidencia en el caso— sea una fuente de tensión aún mayor para López Obrador, quien ha respaldado con todo el peso de su gobierno a la institución, a la que puso a cargo de enormes proyectos de infraestructura y que ha emprendido un esfuerzo para ampliar su papel en las tareas de seguridad nacional.
El comité también habló de cómo una investigación penal paralela de la oficina de la fiscalía general sobre la desaparición se ha tambaleado en las últimas semanas.
Después de que el fiscal general marginó al fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, el gobierno anuló más de una decena de órdenes de arresto contra militares, alegando falta de pruebas en su propia investigación. Gómez Trejo renunció y fue reemplazado por un fiscal que tiene poca experiencia en el caso.
El lunes, los expertos internacionales expresaron su preocupación debido a que la renuncia del fiscal especial y otros integrantes de su equipo representaba un “grave riesgo” para el caso.
En otro golpe a la investigación del gobierno, el comité de expertos anunció que dos de sus cuatro integrantes dejarían el grupo.
“México tiene una oportunidad de mostrar que la voluntad política junto a la independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la justicia que los familiares reclaman”, dijo Beristain. “Un caso de desaparición forzada no se cierra hasta que se haya dado respuesta al derecho a la verdad y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos”.
