Campañas de vacunación ineficientes en la región revelan decadencia política por casos de corrupción

La pandemia por Covid-19 se suma a esa larga lista de males que están  marcados en la memoria de un continente sufrido. Si bien ha sido una  emergencia de carácter mundial, los estragos causados en Sudamérica son maximizados por su falta de instituciones eficientes de salud y servicios  públicos en general. En adición al luto que perdura en la región como  resultado de los miles de vidas perdidas en la pandemia, no queda ninguna  duda en el ciudadano qué otro personaje ha sido igual o más culpable del  sufrimiento causado, la corrupción. Se ha vuelto una realidad espantosa y constante en el continente ver cómo ninguna tragedia es desaprovechada  por la corrupción de políticos que fueron electos para resguardar el  bienestar de todos.

La crisis sanitaria actual no ha sido la excepción, país tras país se ha visto  bajo escándalos y denuncias de casos de corrupción en alguna etapa del  manejo del coronavirus. La fase actual de vacunación ha revelado muchas  acusaciones más. 

Ecuador: 

En la etapa más crítica de la pandemia, cuando los hospitales estaban  colapsados y los enfermos se veían obligados a quedarse en sus hogares sin  saber si ayuda iba en camino o si podían conseguir medicinas para tener  alguna esperanza de mejora, se hacían públicas denuncias por sobreprecios en pruebas de Covid-19, medicinas y reparto de hospitales a asambleístas a  cambio de votos legislativos. 

Más de una decena de legisladores fueron acusados de haber recibido  cargos importantes en hospitales públicos para sus amigos, familiares y  allegados a cambio de votos en los proyectos de ley del oficialismo. El  presidente Lenín Moreno admitió haber recibido peticiones de cargos de  asambleístas, pero negó haberlos concedidos: “todo el mundo sabe que en  más de una ocasión los asambleístas solicitan cargos. La decisión que  tomamos en la cúpula de gobierno es que no se iba a entregar  absolutamente ninguno de esos cargos a nadie”. 

Aquellas denuncias causaron destituciones de altos ministros de gobierno e investigaciones siguen pendientes por parte de la Fiscalía General del  Estado. 

No avanzó mucho el proceso de vacunación en el país ecuatoriano cuando  se conoció que familiares del Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos,  fueron vacunados con las primeras dosis llegadas al país. La defensa de  Zevallos se basaba en que aquellos familiares residían en un centro privado  para personas mayores, a quienes estaban destinadas las primeras vacunas  por estar en el grupo de alto riesgo. 

El ministro ya había sido criticado previamente cuando se informó que  personal administrativo del Seguro Social habían sido vacunados sin estar  dentro del grupo primordial como trabajadores de primera línea y adultos  mayores. 

Estas denuncias durante el proceso de vacunación, la falta de equipos de  seguridad para personal médico, desabastecimiento de medicinas y pruebas  Covid-19 motivaron a la Asamblea Nacional a pedir la destitución del  ministro y comenzar el trámite de juicio político en su contra.

Perú: 

Este mes se reveló que alrededor de 500 personas fueron vacunadas de  manera clandestina, semanas antes de que las dosis estuvieran a  disposición del personal médico y el público en general. Entre esas  personas, de manera predecible, se encontraban funcionarios de las  pasadas dos administraciones e inclusive el expresidente Martín Vizcarra,  destituido por acusaciones de corrupción el pasado noviembre. 

Los ministros de salud y del exterior presentaron su renuncia cuando se  hizo público que recibieron la vacuna en enero, antes del comienzo de la  campaña de inmunización. El expresidente Vizcarra en cambio, fue  vacunado en octubre del año pasado junto con su esposa y hermano. Cuando Vizcarra fue destituido meses atrás, y proféticamente calificado con  “incapacidad moral permanente”, la población peruana se mostró  fuertemente en contra de que Vizcarra fuera destituido por una asamblea  con una reputación nefasta, a pesar de las acusaciones de corrupción  cuando Vizcarra era gobernador. 

Al no ser comprobadas aún las denuncias en contra de Vizcarra por cobro  de comisiones para favorecer licitaciones, los peruanos realizaron fuertes  manifestaciones como rechazo a su destitución y a un presidente interino  

impuesto por la Asamblea. Se defendía la inocencia del expresidente no por  su integridad sino por la de su demandante, el cuerpo legislativo. 

Martín Vizcarra busca ser electo como congresista en las elecciones  generales, que se ejecutarán en un par de semanas, y beneficiarse de la  inmunidad legal que el cargo le otorgaría para frenar sus casos de  corrupción aún en proceso. Por esta razón, más el haber abusado de su  posición al vacunarse meses antes que médicos, enfermeros y grupos  vulnerables, ha hecho que la población de más credibilidad a las  acusaciones en su contra y su pasada destitución. 

Vizcarra, aunque dice estar arrepentido, se defendió alegando que él creía  haber recibido la vacuna como parte de los ensayos de esta. Excusa rápidamente desmentida por la universidad encargada de los estudios que  aclaró que ni él ni su esposa fueron parte de los ensayos en ninguna fase. 

Argentina: 

A penas días después del escándalo de vacunación ilícita en Perú, el  ministro de salud de Argentina fue despedido luego de que se hiciera  público cómo personalmente había distribuido dosis hacia allegados del  gobierno; entre ellos miembros del gabinete, sindicalistas y legisladores.

Horacio Verbitsky, periodista aliado del oficialismo, detalló como su “viejo  amigo”, el Ministro de Salud, lo ayudó a conseguir una vacuna. 

Según investigaciones periodísticas, el ministerio de salud ha reservado  alrededor de 3000 dosis para usarlas a su discreción sin incluirlas en la  campaña general de vacunación. 

El ministro acusado, Gines González García, durante todo el período de la  pandemia ha sido criticado por incumplimiento de sus funciones. A  principios del año pasado menospreció el alcance del virus a Argentina y  luego minimizó su peligro al declarar que el Covid-19 era menos letal y  riesgoso que el dengue. 

Prometió también que 10 millones de argentinos serían vacunados a fines  del 2020, sin embargo, solo el 4% de ese objetivo se ha logrado hasta  febrero. 

El rol del presidente Fernández en estas acusaciones no es claro todavía,  puesto que, aunque niega el conocimiento de las dosis clandestinas  proporcionadas por su ministro, varios oficiales de su gobierno han sido  beneficiados con las dosis en mención. 

Es preocupante, pero no sorprendente, que los países más afectados por la  pandemia en la región sean los que más casos de corrupción tengan  alrededor de ella; la crisis institucional presente en estos países da tierra  fértil para el oportunismo político a menos que reformas integrales aborden  esta crisis política. Las poblaciones se encuentran sin un referente con credibilidad para la  lucha contra la corrupción, debido a que los cuerpos legisladores  encargados de fiscalizar a los poderes del Estado son los que menos  credibilidad disponen.