Chile ha dado a conocer el borrador final de una nueva Constitución, el fruto conclusivo de las protestas sociales que estallaron en octubre del 2019 y a su vez encendió una ola de movilizaciones en el continente. Para los que promueven el cambio, la reescritura es vista como uno de los pasos más significativos para la lucha contra la desigualdad y los servicios públicos inadecuados en el país.
El presidente Gabriel Boric ha sido desde las protestas uno de los promotores acérrimos del nuevo documento, ahora como presidente, ha apostado gran parte de su capital político en el proyecto. “En medio de una crisis política no vista en nuestro país en décadas, los chilenos optaron por más democracia, no por menos” declaró el joven presidente.
El cuerpo encargado de redactar el borrador es compuesto por 154 delegados, que van desde profesores, científicos hasta líderes indígenas y trabajadores sociales. Estos delegados fueron escogidos democráticamente el año pasado por los chilenos, aunque se ha señalado la poca participación electoral del 43% como potencial riesgo para que la redacción de la Constitución sea radicalizada por minorías y no represente verdaderamente las preferencias del país.
El documento se presentará a los votantes en septiembre de este año para su aprobación o rechazo, el desenlace de este plebiscito obligatorio es imposible de predecir en un ambiente donde las nuevas prioridades del borrador chocan con el motor de la economía actual y los incentivos para inversionistas.
¿Cuáles son los cambios que se proponen?
La propuesta del nuevo marco para gobernar el país tiene los derechos medioambientales e indígenas en el centro de su redacción.
María Elisa Quinteros, jefa de la asamblea constituyente, ha descrito el producto final como “una constitución ecológica e igualitaria con derechos sociales en su núcleo”.
La carta ofrece un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, que representan aproximadamente el 13% de la población chilena, consolidando sus derechos como comunidad. A estos pueblos indígenas se les ha concedido una importante autonomía sobre sus propios asuntos y tierras, incluida la creación de tribunales indígenas independientes.
Las comunidades tendrán poder de veto sobre los proyectos que interfieran con sus tierras y recursos ambientales.
Se propone la disolución del Senado, sustituyéndolo por una Cámara de las Regiones en 2026, y garantiza la paridad de género en el gobierno, asignando el mismo número de cargos ministeriales y estatales a hombres y mujeres.
A diferencia de la Constitución actual, que hace hincapié en los derechos de propiedad privada, los nuevos 388 artículos transfieren ampliamente el poder al Estado en lo que respecta a la prestación de servicios, y conceden amplios derechos medioambientales y sociales en materia de sanidad, educación y vivienda.
Incertidumbre empresarial
Chile es el mayor productor de cobre del mundo y el segundo mayor productor de litio. Además, la mayoría de las minas son explotadas por empresas privadas. El borrador propuesto tiene alarmado al sector minero por la forma en que se busca proteger los intereses medioambientales, puesto que consideran que se abren espacios de incertidumbre para el sector, que representa aproximadamente el 12% de la economía chilena.
La minería se volvería más difícil con mayores costos de producción por los nuevos niveles extra de burocracia para los proyectos. Esto abre potencialmente una ola de litigios porque no está claro dónde empiezan y terminan las nuevas regulaciones y límites geográficos. Por el momento, no se ha visto una fuga de capitales del país, a pesar de que la minería tiene estas incertidumbres; los niveles de inversión, sin embargo, han disminuido y se espera que se mantengan en esos niveles hasta la eventual aprobación del documento o esclarecimiento de las nuevas cláusulas.
El apoyo de los chilenos a la nueva Constitución está disminuyendo. Los últimos sondeos muestran que más votantes tienen la intención de rechazar el documento en lugar de aprobarlo, y para revertir esta tendencia temprana los grupos a favor deberán implementar una convincente campaña previo a las elecciones en septiembre.
En caso de ser rechazada, se mantendrá la actual carta redactada originalmente en 1980 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, aunque muy modificada desde entonces. Chile se encuentra en una elección peligrosamente dicotómica, la naturaleza radical del borrador arriesga indirectamente reafirmar la herencia de la dictadura que se buscaba erradicar en primer lugar y regresar al punto de inicio.