Chile trazó la ruta con su estallido social en el 2019, Ecuador no demoró en seguirle, Perú forzó la renuncia de su presidente en el 2020 y ahora Colombia se une a la “Primavera Latinoamericana”.
El proyecto “Ley de Solidaridad Sostenible” impulsado por el presidente colombiano Iván Duque ha causado el levantamiento masivo del pueblo Colombiano desde el 28 de abril. Lo que comenzó como protestas pacíficas ha evolucionado a mortales enfrentamientos entre civiles y policías, además de destrucciones de instalaciones estatales en las ciudades más importantes del país.
El título “Ley de Solidaridad” no esconde lo que en esencia es una fuerte reforma tributaria con la cual se pretende recaudar alrededor de $6.300 millones. Con esta ampliación de las arcas fiscales el gobierno intenta proteger la sostenibilidad de la deuda, evitar perder el atractivo para inversionistas con las calificaciones de riesgo y continuar los programas sociales creados durante la pandemia.
El enojo social nace por la forma con la que el gobierno planea recaudar estos fondos y el contexto en el cual lo promueve.
La ley incluye extender el cobro del IVA -que corresponde al 19%- a productos de necesidad primordial como servicios básicos, alimentos, combustible y servicios funerarios que hasta hace poco no cobraban IVA. También se incluye el cobro de impuesto a la renta a todas las personas que ganen más de $663 mensuales, en otras palabras, a la clase media.
Ante la presión por detallar exactamente quienes serían los que financien la reforma, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, admitió: “El recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas”.
En un país donde la pandemia ha creado desempleo masivo y la economía se ha desplomado, los sectores que más han sido afectados se ven perjudicados con esta reforma.
Aunque el proyecto de ley incluye un impuesto al patrimonio de los más ricos, su magnitud es muy pequeña comparada con la carga sobre la población en general.
La extensión de un impuesto regresivo como el IVA -especialmente en necesidades básicas- y la falta de carga sobre los sectores financieros más lucrativos, hacen que la “Ley de Solidaridad” sea considerada por la población como una irónica burla de parte del gobierno.
“Para Colombia es urgente mantener la protección a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas. No hacerlo en este momento puede crear una bomba de tiempo que afecte la confianza de inversión en el país y golpee a toda la nación”, defendió el presidente Duque en una entrevista con el diario El Tiempo.
La protección a los vulnerables que menciona el presidente Duque se refiere al Ingreso Solidario extendido a hogares pobres, subsidio de pagos de salarios cubiertos por el gobierno y devoluciones de IVA a ciertos grupos. Estos programas sociales iniciados para mitigar los estragos de la pandemia han representado aproximadamente el 4% del PIB. El hecho de que el presidente Duque pretenda continuar estos programas sociales que, aunque beneficiosos han sido insuficientes, con los ingresos de la reforma tributaria es paradójico y demuestran un grave lapso de juicio. Las personas más necesitadas por la crisis estarían financiando su propia ayuda.
El gobierno esta yendo en la dirección contraria a lo probado útil para combatir los estragos que la pandemia ha traído: más gasto público como estímulo económico y la eliminación de cargas tributarias en artículos de primera necesidad.
Las prioridades de Duque, como proteger el atractivo de inversión con más impuestos mientras que cerca de un cuarto de las familias colombianas no cuentan con ahorros para mantenerse durante la crisis, han sido de los factores más influyentes para las masivas protestas sociales que tildan de neoliberal al presidente.
Duque repitió los errores del gobierno ecuatoriano y chileno cuando de forma tardía, y luego de cuatro días de fuertes manifestaciones, retiró por completo el polémico proyecto de ley y se comprometió a buscar una alternativa fundamentada en el diálogo que no afecte a las clases más vulnerables.
Al igual que los episodios en Chile, las protestas sociales no solo demandan un cambio en el modelo económico, sino que recogen indignación acumulada frente a otras injusticias sociales y negligencias políticas. El mal manejo de la pandemia es una de esas frustraciones principales; las cifras de fallecidos por Covid-19 llegan a los 75 mil, menos del 10% de la población ha sido vacunada y actualmente los números de contagios son los más altos desde el inicio de la crisis sanitaria.
El presidente Duque ha tomado un rol de liderazgo regional al abordar temas democráticos y humanitarios como la crisis en Venezuela y la protección de procesos electorales transparentes; sin embargo, el costo humanitario resultante de los violentos enfrentamientos entre policías, militares y civiles esta minando por completo su compromiso con los derechos humanos.
Es precisamente el exceso de violencia otra de las razones principales por las cuales el pueblo colombiano se ha levantado. Los acontecimientos derivados de las protestas refuerzan sus denuncias. Son más de 21 vidas las que se han perdido debido al uso excesivo de fuerza policial, más de 1000 heridos y decenas de transgresiones a los derechos humanos, incluido denuncias por violaciones sexuales cometidas por oficiales de la policía.
Representantes de la ONU en derechos humanos han denunciado amenazas, agresiones y disparos de la policía durante su seguimiento de los acontecimientos en Cali. Varias instituciones de derechos humanos han señalado intentos de censura por parte del gobierno y Human Rights Watch sigue de cerca las varias denuncias realizadas por observadores y civiles. La Unión Europea también se ha opuesto a los casos de violencia policial. La postura del gobierno de Duque se ha mostrado desafiante al anunciar que mantendrá los cuerpos militares -a pesar de las denuncias latentes- en las ciudades con “actos de vandalismo”.
La situación en Colombia es de emergencia, el costo humanitario que ha cobrado los enfrentamientos es demasiado alto y el gobierno no ha sabido controlar la situación en absoluto; desde proponer una reforma contradictoria e injusta en la situación actual hasta fomentar el uso indiscriminado de violencia policial y militar, el presidente Iván Duque va perdiendo aceleradamente la integridad necesaria para solucionar la situación. Cada día que se extiende la emergencia actual aumenta la probabilidad de que su renuncia sea la única solución.
