Ácido sulfhídrico que carcome poco a poco los fierros de las casas y todos los objetos de metal, un gas que destruye las vallas que separan un terreno de otro, agua color café que es directamente arrojada a los ríos. Así describen los vecinos de Ixtaczoquitlán, un municipio del Estado mexicano de Veracruz, los efectos de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Alto Río Blanco que opera desde 1995 en la zona. “Pero lo peor es ese olor horrible. Los niños se enferman a cada rato”, se queja María Ramírez, una campesina que vive a metros de sus instalaciones.
Esta obra hidráulica, la segunda más grande de Veracruz y operada por la transnacional Mitsui & Co. Infraestructure Solutions, fue clausurada de manera temporal el pasado 21 de agosto por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) tras incumplir las medidas urgentes de mitigación que el organismo había interpuesto a la empresa meses atrás.
“En una inspección realizada en mayo, se les solicitó los papeles de la autorización para las descargas de aguas y su registro como Generador de Residuos de Manejo Especial, entre otras licencias que no tenían. Por lo que se abrió un acta y se les notificó atender acciones de urgente aplicación para evitar graves daños a la salud y al medio ambiente”, explica Gaspar Monteagudo, jefe de inspección y vigilancia de la PMA. La dependencia ambiental también solicitó un dictamen técnico independiente que incluía un análisis de la calidad del aire y del agua, entre otros estudios. “Los resultados dieron unos niveles de contaminación altísimos”, detalla el funcionario, quien asegura la planta vierte 700 litros de agua contaminada por segundo al día al río Escamela.
Según ese peritaje, que pudo ver México Pragmático, la firma japonesa operaba la planta tratadora —a donde llegan aguas residuales de al menos seis municipios y una decena de empresas de la zona— sin los permisos e incumplía con las normativas mínimas. Entre las infracciones que cita el informe hay fugas diarias de contaminantes, agua que se descargaba al río más sucia de lo que entraba a las instalaciones, infestada de patógenos que se vierten directamente en el medio ambiente sin control alguno, o el registro de niveles muy altos de gases tóxicos que inhalan los habitantes de esta comunidad, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Orizaba.
“Cuando llueve mucho se sale el agua apestosa de los hoyitos en los caminos”, denuncia Abigail Simbrón, de 36 años y quien atiende un pequeño negocio en su propia casa, a escasos metros de la planta. “Por culpa de ese aire envenenado las cosas se echan a perder, todo se oxida”, se lamenta. Las sucesivas denuncias ciudadanas impuestas por los nocivos efectos de las instalaciones incentivaron una inspección de la PMA a finales del 2022. El arbitraje fue apoyado por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien también es presidente del fideicomiso que administra la planta tratadora de aguas residuales (Firiob). El regidor se mostró entonces implacable hacia las malas prácticas de Mitsui, que supuestamente omitió las recomendaciones gubernamentales.
Ramón Moreno, el director de Mitsui en México, niega las acusaciones: “En mayo llegaron a llevar a cabo las inspecciones y respondimos mostrando evidencias de que aquellos señalamientos no tenían fundamento”, declara el empresario. “Desde el momento en el que Mitsui asumió la operación de la planta [en 2004] ha cumplido completamente con la normatividad, los niveles de calidad de agua y los términos de los contratos firmados”.
El documento de la autoridad reguladora es, no obstante, tajante: la empresa no cuenta con los permisos para operar ni respetó los parámetros mínimos que establecen las normativas. “Hace meses se determinó por unanimidad rescindir el contrato”, asevera Edgar Carmona, químico ambiental y el nuevo director del Firiob. Cuando su equipo llegó a las instalaciones, no podía creer lo que encontraron: “La tecnología está obsoleta, las infraestructuras a punto del derrumbe, muchos de los reactores no funcionan, hay fallas a lo largo de todo el tren maquinario, las tuberías que conducen el biogás están desfasadas. Y se dan muchas irregularidades: la lista del personal contratado no se corresponde con los que aquí trabajan, entre otros ejemplos”, enumera Carmona, especializado en manejo de residuos y recuperación de áreas naturales.
“Tampoco hay manuales de operación, las aguas arrastran metales pesados, mucho plomo y aluminio, y se descargan directamente en el río”, matiza Mario Júarez, técnico ambiental del fideicomiso de la obra hidráulica. La planta, además, según ese peritaje, no cumple con los parámetros requeridos por la última Norma Oficial Mexicana 001-Semarnat, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales muy inferiores al que expulsan las instalaciones. “No sólo está contaminando de forma catastrófica nuestra naturaleza, sino vulnerando derechos humanos. Hablamos de un grave problema de salud pública”, insiste Carmona. Tras el dictamen de la PMA, todavía no se ha determinado quién se encargará de la operación del proyecto.
Construida hace casi tres décadas, la planta de tratamiento recibe las aguas remanentes de los municipios veracruzanos Ixtaczoquitlán, Orizaba, Huiloapan, Ciudad Mendoza, Nogales y Río Blanco, que en total tienen más de 250.000 habitantes. En ella también vierten sus desechos casi una decena de empresas de diversa naturaleza —papeleras, cervecerías, tenerías— que conforman por lo menos 200 fábricas del corredor industrial Córdoba-Orizaba. “El agua, que sale de las instalaciones más sucia de lo que entra, del color de la Coca Cola, acaba directamente en el río Escamela, que desemboca en el río Blanco”, señala Carmona, asomado a las enormes bocas de las tuberías que descargan el agua sucia entre la espectacular vegetación de la región. En esa zona se expande el Parque Nacional Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, y el Parque Nacional Cañón del Río Blanco, un refugio de bosques de pino y encino de vasta biodiversidad.
Las aguas negras que son evacuadas de la planta siguen río abajo hacia las extensas plantaciones de café, caña de azúcar y los chayotales cultivados en las riberas, de los que viven los agricultores en esta comarca de las altas montañas de Veracruz. Pero la naturaleza y sus productos no son los únicos en riesgo por la contaminación descontrolada de la planta de Mitsui.
Daños ecológicos y la salud de la población en peligro
En el mismo polígono donde se construyó la obra hidráulica, separada sólo por una verja, una escuela primaria lleva años sufriendo los estragos. “Los papás se suelen quejar de las condiciones en las que están sus hijos, muchas veces deciden no traer a los niños porque está muy fuerte el olor”, explica Yair Condado, profesor del centro educativo. “La humedad y los gases que emite la planta llevan años deteriorando las instalaciones”, cuenta el docente mientras señala el techo de una sala y las paredes descascarilladas de las aulas. “Muchas veces hay que suspender la clase porque los chiquillos presentan náuseas”, declara este maestro que lleva más de 17 años en la escuela.
“Atendemos frecuentemente a niños con dolor de cabeza, de garganta, con problemas respiratorios y gastrointestinales”, corrobora la directora del centro de salud de Ixtaczoquitlán, Miriam Pellico, que se suma a las denuncias por los efectos perjudiciales de los gases. “Las aguas residuales están llenas de patógenos que se volatilizan. Al tener interacción con compuestos orgánicos pueden causar muchas infecciones. Además, esta instalación ha estado despidiendo toneladas diarias de ácido sulfhídrico a la atmósfera, muy superiores a las que establece la normatividad, poniendo en riesgo vidas”, alerta Juárez.
El jefe de Inspección y Vigilancia de la PMA asegura que a la empresa se dio el “tiempo suficiente” para instalar un sistema de control de emisiones. “La cantidad de azufre que expulsaba la planta era altísima. Y no hicieron caso, poniendo en riesgo a la población”, afirma.
A juicio del funcionario, Mitsui es responsable no sólo de poner en peligro la salud de los habitantes de Ixtaczoquitlán, sino también la de los propios trabajadores. “Aquí se dan muchos problemas de seguridad industrial. El personal está completamente desprotegido ante las fugas, no hay ni siquiera diques de contención para el agua contaminada. En cualquier momento puede volver a pasar un accidente”, dice al recordar la muerte en 2021 de Hiram Martínez, un director de operaciones que perdió la vida al caer a uno de los canales de efluentes de las instalaciones. El caso judicial todavía está abierto y se suma a las irregularidades expuestas en el peritaje de la PMA. ”Se trató de un infortunado accidente en un área cuya construcción no estuvo a cargo la empresa […] Lamentamos mucho esta pérdida y hemos apoyado a la familia de Hiram en todo lo posible”, se defiende la empresa en declaraciones a México Pragmático.
Sin embargo, un trabajador consultado por este medio y que prefirió no dar su nombre por miedo a represalias, asegura que en el momento del suceso nadie reaccionó a tiempo para salvar la vida del compañero. “La empresa, que sí es la responsable de la seguridad, no asumió ninguna obligación. Se tardaron hasta cuatro horas en recuperar el cuerpo porque no estaban preparados para actuar. Se ahogó en una instalación que no llega a los tres metros de altura”, dice el empleado, que asegura no haber estado en la planta el día de la tragedia. “Llevo más de 20 años acá y soy testigo de cómo se han ido deteriorando las instalaciones, no reciben mantenimiento. Falta todo tipo de equipo, no hay personal suficiente y el que existe no está capacitado para operar”, denuncia.
“No tienen ni expertos ni un plan de manejo para operar”, atestigua Monteagudo, responsable de la inspección realizada por la PMA. Tras una auditoría interna realizada en mayo, la dependencia que administra la planta determinó rescindir el contrato con la empresa japonesa.
Inaugurada en 1995, esta obra hidráulica llegó a ser la más importante de México y de América Latina. Está a cargo de Mitsui desde 2004 y no es la única instalación que tiene la compañía japonesa en México. El Gobierno de Jalisco le otorgó un nuevo contrato en 2022 para ampliar la capacidad de operación de la planta tratadora de El Ahogado, situada en el municipio con el mismo nombre. Las aguas de esa infraestructura desembocan en el río Santiago, el más contaminado de todo el país. Además, la transnacional es responsable de la planta de Atotonilco, en Tula, Estado de Hidalgo, la más grande a nivel mundial y objeto de diversas denuncias de activistas por los conflictos socioambientales derivados desde su apertura.
“Si después de más de 20 años de experiencia estos son los resultados de su operación en Ixtaczoquitlán, ¿cómo será en las otras instalaciones a su cargo?”, se pregunta Carmona. Desde que asumió la dirección del Firiob, su reto se ha encaminado a lograr un correcto saneamiento de las aguas residuales que llegan a la planta y mejorar su impacto en toda la zona de las altas montañas de Veracruz, de donde el ambientalista es originario. “Yo nací y crecí aquí, he dedicado mi vida a proteger estos paisajes. No vamos permitir que alguien de fuera venga a maltratar nuestros recursos y ponga en peligro a nuestra población”.
