Impulsar una reforma fiscal progresiva se ha vuelto el elefante en la habitación para la izquierda en México. El temor de molestar a la clase media y alta y provocar su rechazo electoral marcó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y se ha colado en el programa económico propuesto por Claudia Sheinbaum. En su proyecto de Gobierno, la abanderada de Morena se ha planteado una meta de crecimiento de la economía del 3% anual a través de medidas que eluden la necesaria reforma para que paguen más impuestos quienes más tienen.
Combatir evasión fiscal; recurrir a la deuda para invertir en infraestructura; reducir la estructura del Estado; fomentar el nearshoring; fiscalizar a los grandes contribuyentes; ahorrar en el gasto administrativo y simplificar trámites burocráticos son las propuestas de su plan económico. La reforma tributaria resalta por su ausencia. Adicionalmente, la candidata ha retomado otra de las prioridades de López Obrador: el fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante la inyección de inmensos recursos públicos.
Los especialistas afirman que Sheinbaum y Morena colocan a México en la retaguardia de los países que combaten la desigualdad mediante el sistema tributario, lo que pone en riesgo la viabilidad de llevar a buen puerto los proyectos del Gobierno.
“El segundo piso de la Cuarta Transformación no se puede construir sobre los débiles cimientos financieros del primer piso”, sostiene Carlos Brown, director de Conocimiento y Justicia Fiscal de Oxfam México. “Se está construyendo sobre una política que, si bien pudo haber representado ahorros sustanciales y un cierto margen de maniobra para la Administración saliente, no es suficiente para las necesidades del gasto y para cualquier prioridad de agenda que pueda tener Sheinbaum, si llega al poder”, añade.
Mariana Campos, directora de México Evalúa y especialista en finanzas públicas, sostiene que ampliar la recaudación de recursos mediante una reforma fiscal no es útil si no se modifican las prioridades del gasto gubernamental. En especial, señala, es “preocupante” el hecho de que Sheinbaum haya incluido en su programa económico, como una de sus prioridades, la soberanía energética y el rescate de Pemex con recursos públicos.
“Es importante considerar que la empresa se empobreció durante el sexenio, a pesar de que el Gobierno ha bajado su endeudamiento. Esto es porque ha tenido una mayor pérdida patrimonial en estos años. A pesar de que disminuyó su nivel de pasivos, se depreció en mayor medida el valor de sus activos. No ha habido una inversión adecuada en la empresa para que genere ingresos”, señala la especialista. “El modelo de la soberanía energética causa pérdidas. El Gobierno está apoyando con dinero público a una empresa con pérdidas”, agrega.
La reforma ausente
Sheinbaum ha expresado abiertamente su rechazo a la medida de la reforma tributaria progresiva. Lo declaró en el libro Claudia Sheinbaum: Presidenta (Grijalbo, 2023), y esta semana lo reafirmó en una entrevista con La Jornada. En ambos casos, la abanderada sostuvo que hay “margen” de captación de recursos con el actual régimen fiscal, que genera la recaudación más grande a través de los impuestos al consumo y sobre la renta. “Una de las políticas más destacadas [de López Obrador] ha sido aumentar los ingresos públicos sin recurrir a la creación de nuevos impuestos o al incremento de los existentes”, dice en su programa de Gobierno, titulado 100 pasos para la transformación. “Esto se ha logrado principalmente a través de la austeridad republicana, el combate a la corrupción y mejoras en la eficiencia de la recaudación fiscal”, agrega.
La candidata encargó su proyecto al economista Gerardo Esquivel, que fue subgobernador del Banco de México en el Gobierno de López Obrador. El plan reconoce que habrá mayores necesidades de gasto público en el próximo sexenio. “Se requerirá aumentar el monto del gasto social e inversión pública para contrarrestar la inflación y el aumento de la población de adultos mayores”, señala el documento. Aunque una de las apuestas de la candidata es generar ahorros por 4.000 millones de pesos anuales mediante políticas de austeridad en el gasto, su programa de Gobierno admite que esos recursos estarán de antemano comprometidos. “Las economías y ahorros están etiquetadas al Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que no se podrá disponer libremente de dichos recursos”, dice el texto.
Otra de las propuestas es recurrir al endeudamiento moderado para financiar proyectos de infraestructura, especialmente en zonas marginadas (Sheinbaum ofrece que se mantendrá un nivel de deuda “manejable” y con un costo financiero bajo). También se propone reforzar el cobro de impuestos a los grandes contribuyentes, pero también ampliar la base gravable y fomentar el cumplimiento de obligaciones de los pequeños contribuyentes. Se plantea aprovechar el nearshoring y dirigir las inversiones con un enfoque regional y sustentable. Se proyecta consolidar obras de infraestructura: ampliar la capacidad de los puertos; crear nueve corredores industriales e impulsar el transporte ferroviario de carga y pasajeros. El proyecto económico señala que se apoyará a Pemex y a la CFE para que sigan siendo “palancas de desarrollo”, y se incrementará en 3 millones la cifra de adultos mayores que reciban pensión.
Todas esas propuestas económicas son insuficientes para enfrentar las grandes necesidades públicas del país, sostiene Brown. “La reforma fiscal es ineludible. No hay manera de que el Gobierno federal tenga el margen de maniobra para implementar cualquier medida de gasto público. Los programas sociales que ya son constitucionales, el reto demográfico que suponen las pensiones, el servicio de la deuda, la crisis hídrica, la crisis climática que va a obligar a pensar en temas de infraestructura, el sistema de cuidados”, plantea el especialista. “Es una agenda que está creciendo a pasos agigantados, que va a tener necesidades de financiamiento importantes, y que no se ha puesto a discusión cómo se pagaría. Estamos en una situación muy extraordinaria en la que es apremiante la discusión fiscal”, afirma.
Brown señala que la reforma fiscal progresiva implica que se cobren más impuestos “a quienes más tienen y a quienes más ganan”, especialmente si se toma en cuenta que en México convive la extrema pobreza con la extrema concentración de la riqueza (8 de cada 100 pesos de la riqueza privada pertenecen a 14 ultrarricos mexicanos, mientras más de nueve millones de personas no saben si podrán comer al día siguiente, según el estudio El monopolio de la desigualdad elaborado por Oxfam).
El especialista explica que se debe crear un impuesto a las grandes fortunas y restituir el impuesto a las grandes herencias, donaciones y sucesiones. Y añade: se debe reformar el modelo del impuesto sobre la renta de personas físicas, de modo que la tasa nominal que pague un millonario no sea idéntica a la que tiene que pagar un trabajador asalariado; se debe gravar más el capital —la compra de acciones— que los ingresos por el trabajo; se debe eliminar el IVA (impuesto al consumo) en alimentos y medicinas, que afecta negativamente a los pobres, y replantear los beneficios fiscales, que ayudan sobre a todo aquel ubicado en el 10% superior de ingresos; se debe cobrar mejor el predial sobre los inmuebles y replantear el cobro de la tenencia de vehículos.
“Hay un error en cómo se vende la reforma. Si tú la la vendes como una carga a las personas y no explicas que nadie gana con el arreglo actual, más que unos cuantos, es muy difícil construir”, dice Brown. “Si tú le dices a los pequeños empresarios que vas a cobrar impuestos sin decir a quién y cómo, pues evidentemente van a brincar y van a decir ‘yo ya tengo cargas’. Es muy importante cómo se comunica la reforma, que se deje muy en claro por qué el actual arreglo no beneficia a la enorme mayoría de la población y termina perjudicando a todo el mundo”, añade.
El hoyo negro de Pemex
López Obrador suele hablar del “rescate” a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos principales empresas públicas de México, y ha basado en ambas paraestatales sus anhelos de dar al país soberanía energética. No solo es un discurso. Su Gobierno recién ha condonado 5.800 millones de dólares en impuestos de los últimos cuatro meses ante su abultado pasivo con proveedores y un vencimiento de deuda a corto plazo. También, por primera vez, se incluyó en el Presupuesto de Egresos una transferencia para pagar las amortizaciones de la deuda de Pemex en 2024. Pese a los constantes apoyos, la petrolera sigue siendo la más endeudada del mundo, con 105.836 millones de dólares.
Sheinbaum ha propuesto seguir la misma línea de respaldo estatal a la empresa pública. “Consolidaremos la fortaleza de Pemex y CFE para que vuelvan a ser una palanca del desarrollo. Esto se logrará desde la mejora de sus finanzas, organizacional, proyectos de inversión rentables y amigables con el medio ambiente, que garanticen la soberanía energética […] y garantizaremos las condiciones de operación de mercado necesarias para su eficiente funcionamiento”, dice el proyecto de la candidata.
Mariana Campos llama a implementar un modelo de negocios para Pemex que no genere pérdidas que luego tenga que subsanar el Gobierno. “Me preocupa que se recaude más dinero de la economía y se invierta en pérdidas”, señala. La directora de México Evalúa sostiene que una reforma fiscal debe contemplar la dependencia del Gobierno federal y los Estados de la renta petrolera. “El Gobierno requiere hacer mayores inversiones tanto económicas como sociales. Tiene que invertir más en infraestructura pública y en mejores servicios públicos que puedan ayudar a cerrar las brechas de desigualdad. Sin embargo, eso no va a ser posible si no se modifica la situación de Pemex, porque lo que estamos viendo es que la prioridad del Gobierno es financiar a la empresa y las pérdidas que está teniendo”, sostiene Campos.
La especialista afirma que, si bien una reforma fiscal para obtener más ingresos es necesaria, será insuficiente si no cambian las prioridades de gasto del Gobierno. “Es muy importante, en una reforma fiscal, no solo ver la parte de la tributación, sino del gasto, porque el efecto de una política fiscal —por ende de una reforma fiscal— no puede ser visto solamente a partir de lo que se va a recaudar, sino también de cómo se va a gastar”, señala Campos. “El efecto completo en la desigualdad es a partir del conjunto de esas políticas, no solamente del ingreso”, agrega. “Si tú recaudas de manera progresiva, pero no gastas de manera progresiva, pues no va a haber efecto en la desigualdad. No ver los instrumentos de gasto es muy riesgoso”.
