Cuatro años después de la pandemia, es posible sostener que la fortuna de los ultrarricos, aquellos con una riqueza de más de 1.000 millones de dólares, se ha duplicado.
Se trata de un fenómeno mundial de desigualdad extrema que en México ha seguido la misma regla desde la pandemia: durante los años de más presión económica que han experimentado las generaciones actuales, los más ricos salieron ganando, gracias a las malas o inexistentes políticas de fiscales y de redistribución de la riqueza.
“Los ultrarricos en México lo son, sobre todo, por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia”, señala el informe de Oxfam, titulado El monopolio de la desigualdad.
En México, los ultrarricos son protagónicos, aunque algunos han optado por la discreción, según sea más cómodo para sus negocios.
La lista de los 15 está conformada, en orden de fortuna, por Carlos Slim; Germán Larrea; Ricardo Salinas Pliego; Daniel Servitije Montull; Alejandro Baillères; María Asunción Aramburuzabala; Antonio del Valle Ruiz; Rufino Vigil; Carlos Hank Rhon; Juan Domingo Beckmann; Fernando Chico Pardo; Karen Virginia Beckmann; Roberto Hernández Ramírez; David Peñaloza Alanís, y Alfredo Harp Helú.
Carlos Slim, el rostro de Telmex y otra decena de empresas, es el más adinerado de estos: su sola fortuna es mayor a la de los otros 14 ultrarricos. Esto lo convierte en el más rico no solo de México, sino de toda América Latina y el Caribe.
Conforme a datos de inicios de 2020 a noviembre de 2023, Oxfam afirma que los 15 ultrarricos de México concentran 8,18 pesos de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional, equivalentes a casi 180.000 millones de dólares. Slim acumula 4,48 de esos 100 pesos (o 1 de cada 20 pesos).
Su riqueza, que creció 58% en términos reales desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con Oxfam, es tanta como la que tiene la mitad más pobre de los mexicanos, alrededor de 63,8 millones de personas.
Partiendo de que en México no solo hay pobres, sino pobres extremos, la ONG aporta otro dato que describe la enorme acumulación de riqueza en manos de Slim. “Poco más de nueve millones de personas en nuestro país no saben si podrán comer al día siguiente, mientras que una sola persona concentra casi 1 de cada 20 pesos de la riqueza de este país”, asienta.
Otro ejemplo. De manera conjunta, la fortuna de Slim y la de Germán Larrea creció 70% durante los últimos cuatro años, de acuerdo con Oxfam. Esa fortuna representa 5,8 pesos de cada 100 pesos de la riqueza privada en México, y equivale a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe, unos 334 millones de personas.
De hecho, en todo el subcontinente, las personas más ricas son mexicanas: Slim y Larrea.
“Para entender lo extraordinario de la situación mexicana”, dice el informe, “resulta reveladora la comparación con Brasil, la economía más grande de la región y con una sociedad tan marcada por las extremas desigualdades como nuestro país.
En contraste con los 15 ultrarricos en México, hay 58 ultrarricos brasileños que concentran una fortuna conjunta de 192.200 millones de dólares, equivalentes a 4,15 de cada 100 dólares de la riqueza privada de dicho país. De ellas, la mayor fortuna, que pertenece a Vicky Safra con 18.200 millones de dólares, es 5,4 veces menor que la de Slim”.
Oxfam describe cómo los ultrarricos mexicanos se han beneficiado de la ola de privatizaciones de empresas estatales avaladas a finales del siglo pasado, así como de un sinfín de concesiones, licencias y permisos de explotación de bienes nacionales, como la telefonía, las vías ferroviarias, el espectro radioeléctrico y la minería.
Además, los ultrarricos se han aprovechado de “un sistema legal y tributario hecho a modo para incrementar sus fortunas de manera desproporcionada”.
Esta radiografía de la desigualdad no solo alcanza a los gobiernos del PRI, autores de las privatizaciones (principalmente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo), sino también a la Administración de Andrés Manuel López Obrador, que, si bien ha implementado medidas que mejoraron el ingreso —el aumento al salario mínimo y la mayor cobertura de transferencias sociales—, se ha resistido a impulsar una reforma fiscal progresiva para gravar las fortunas.
En las últimas cuatro décadas, más de 1.000 empresas públicas fueron privatizadas, al grado de que en 2020 solo quedaban 66. Muchas de las empresas desincorporadas pasaron a manos de quienes hoy son los ultrarricos de México.
“Estas privatizaciones y concesiones han sido, en muchos casos, la fuente principal de sus fortunas hasta nuestros días. Carlos Slim con Telmex, Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca, Germán Larrea con Ferrocarriles de México y Roberto Hernández en el sector bancario, por mencionar algunos casos, se beneficiaron directamente tanto de la privatización de empresas estatales en el pasado como de concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes públicos en el largo plazo”, dice el informe.
“Las empresas de Carlos Slim y su familia”, agrega, “se benefician de concesiones en todos los sectores en los que la Constitución mexicana las permite. Además, a pesar de la enorme opacidad en el otorgamiento de las concesiones y licencias, hoy sabemos que al menos 11 de los 14 ultrarricos mexicanos se han beneficiado y se siguen beneficiando, directa o indirectamente, de concesiones del Estado”.
El resto de los ricos y los muchos pobres
En México hay 293.980 ricos: personas con fortunas arriba de un millón de dólares y que concentran 60 pesos de cada 100 pesos de la riqueza privada, de acuerdo con Oxfam. Ese segmento incluye a los ultrarricos y equivale a la población de Pachuca, capital del Estado (pobre) de Hidalgo.
La ONG señala que, si bien ha habido avances en la política salarial y social que han mejorado la distribución del ingreso, las reglas del juego siguen beneficiando a los ricos y ultrarricos.
El informe expone cómo, de 2008 a 2022, entre el 50% y el 60% de los ingresos totales del país se lo llevaron quienes poseen empresas (y no pequeñas empresas). Tan solo en 2022, durante la pandemia, quienes poseen una empresa se llevaron 55 pesos, mientras que los trabajadores ingresaron 39 pesos, y el gobierno, 5 pesos (una vez descontados los subsidios de los impuestos totales). “Esta cifra contrasta con la proporción de los ingresos totales que se lleva el sector privado en otros países: 45% en Brasil, 33% en Estados Unidos o 32% en Francia”, indica el estudio.
La frágil normativa tributaria no solo permite a los ricos y ultrarricos aumentar su fortuna, sino empobrecer al resto. Se les ha concedido un poder de mercado que les permite fijar los precios en los principales sectores de la economía nacional, una “gasolina para el fuego de las desigualdades”, apunta la ONG. “Esto les ha permitido aprovecharse de los choques económicos tras las recientes crisis globales para incrementar sus ganancias, al subir los precios de los productos en los sectores que controlan más de lo que aumentaron los precios en el agregado de la economía mexicana”, señala.
Por ejemplo, entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, el periodo con el mayor aumento en el costo de vida en las últimas dos décadas en México, las ganancias de las empresas capturaron el 60% del incremento de precios de la economía mexicana. Este dato es importante contra el discurso de los empresarios de que los costos laborales o los impuestos son los mayores culpables de las subidas de precios y la inflación.
En ese periodo, crítico durante la pandemia, el incremento de precios en el agregado de la economía mexicana fue de 6.5%. En cambio, en diversos bienes y servicios hubo aumentos mayores al promedio agregado, como transporte aéreo (20,2%), hoteles (11,6%), cerveza (11,2%), seguros de automóvil (11%) y tequila (10%). “Estos mercados se caracterizan por una alta concentración en una o pocas empresas, en las que participa al menos uno de los 14 ultrarricos mexicanos”, dice el informe.
Oxfam precisa que las micro, pequeñas y medianas empresas no son la raíz del problema, pues, en realidad, solo unas pocas corporaciones poseen la mayor proporción de los activos de capital en la economía (el 93% de los activos físicos está en posesión del 10% de las grandes empresas, apunta la ONG). “Además de su efecto en los precios, este mayor poder económico les permite incrementar las ganancias de sus accionistas. Así, en México, uno de cada cinco pesos del valor agregado de las empresas se destina a los dividendos, el doble que en Alemania o Brasil”, indica.
El informe de Oxfam no es solo una radiografía de la extrema desigualdad en unas cuantas manos y el contubernio de los gobiernos, sino un alegato a favor de que el Estado retome su papel en la economía, a fin de “echar atrás y regular los monopolios, poner impuestos a grandes corporaciones y fortunas personales y reconocer y promover nuevas estructuras empresariales y de propiedad”, y también para que el trabajador gane más, que el consumidor pague menos por bienes y servicios, y que quienes más contaminan se obliguen a reparar el daño.
