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Dice López Obrador que la culpa de la violencia es de los Gobiernos pasados. ¿Qué tan cierto es?

El Ejecutivo prometió atajar la crisis de inseguridad en seis meses, pero los resultados, a cuatro años y medio, no llegan. Expertos consultados por México Pragmático señalan responsabilidades compartidas

México acumula violencia a marchas forzadas, como si hubiera cierto empeño en ello. Pasan los años, los números y la situación de inseguridad no mejora. En algunas regiones lo hace para luego volver a caer, caso de Guerrero. Otras se despeñan por espirales cuyo fin resulta incierto, como ocurre en Jalisco. Pasa en Estados de Morena y pasa en los que domina la oposición. La pregunta es por qué no hay forma de pararlo.

Palabras más, palabras menos, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoce la incapacidad del Gobierno para atajar el problema. Este jueves, periodistas señalaban al mandatario la descomunal cifra de asesinatos acumulados durante el actual sexenio. En estos cuatro años y medio, la estadística supera con creces a la registrada durante los seis de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón. Son más de 150.000 asesinatos desde que López Obrador llegó al cargo.

El presidente lo asume, siempre con el “pero” en la punta de la lengua. El jueves argumentaba, irónico: “Ahora nos dicen: ‘Qué barbaridad, ¡el gobierno de ahora es el que tiene más homicidios!’. Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron el país, porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, educación y así nos dejaron todo”.

No es la primera vez que López Obrador invoca el argumento de la herencia. Lo hizo al principio de su mandato y prometió cambios a la baja en seis meses. Han pasado cuatro años y medio y el panorama pinta parecido. El Gobierno defiende un descenso de los asesinatos del 7% de 2022 al 2021. El Instituto Nacional de Estadística lo refrenda. Pero son modificaciones marginales. ¿Por qué la violencia no baja? ¿De quién es la culpa?

Para Elena Azaola, antropóloga del Ciesas y estudiosa del homicidio en el país, es cierto que la herencia que recibió el Gobierno fue mala. Las administraciones de Peña Nieto (2012-2018) y Calderón (2006-2012) confiaron la seguridad a militares y marinos, en una lógica confrontativa contra el crimen organizado. La sospecha, además, de qué funcionarios del más alto nivel usaban sus cargos para delinquir, caso del jefe de la policía de Calderón, Genaro García Luna, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, acaban de dibujar el panorama.

“En ese sentido tiene razón el presidente”, dice Azaola, “pero el hecho es que no tiene una mínima idea de cómo hacer para reconducir el problema. Sus ideas son muy simples, reduccionistas, político-electorales”, añade. “Esto de que va a reducir la pobreza y va a dar becas y así reduce los homicidios… No, eso no es entender el problema y por eso no logra dar una respuesta”, añade.

A lo largo de estos años, expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil han criticado que la estrategia de seguridad del Gobierno, aunque bienintencionada, no responde a diagnósticos trabajados. El Ejecutivo ha confiado la contención de la violencia al despliegue de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, que nació civil y ahora es militar.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, se muestra más duro. El argumento de la herencia carece de validez para el experto. “Pasa el tiempo y el presidente lo repite una y otra vez, sin matices, sin precisiones. No usa diagnóstico, ni metodología, lo que no nos permite saber qué es lo que se ha complicado, cuáles son los factores de riesgo que hacen imposible construir seguridad y paz”, señala.

Parte del diagnóstico ausente que reclama López Portillo apunta a los efectos de estrategia confrontativa del Estado. Es lo que plantea Daira Arana, experta en procesos de militarización y directora de Global Thought Mx. “Una estrategia de intervención directa de las fuerzas del estado con una perspectiva bélica trae consecuencias. Genera dinámicas de violencia que van más allá del momento de la intervención”, explica.

Se da así la gran paradoja securitaria de López Obrador: critica la herencia recibida sin molestarse en entender en qué consiste la herencia. “El problema es que la solución que proponen es la misma”, dice, en referencia a los Gobiernos de Peña y Calderón. “Por lo que no hay forma de reducir violencia homicida”.

¿Qué había que hacer?

A año y medio del final del sexenio, puede parecer algo ingenuo preguntarse por el rumbo a seguir. Pero vistas las preferencias de los electores de cara a las presidenciales del año que viene, un futuro presidente —o una futura presidenta— morenista podría usar las opciones que dan los expertos.

Para Azaola, todo debe comenzar por reconocer la “multifactoralidad” de la violencia. La experta explica que México sufre “conflictos graves, como la rivalidad de grupos delictivos, pero también un aumento de la violencia intrafamiliar, además de una falta de institucionalidad en la respuesta al delito, esto es, la fragilidad del sistema de procuración de justicia”.

López Portillo parte de ahí para señalar dos medidas muy concretas. “Primero”, explica, “debería rediseñarse y reconceptualizarse el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)”, dice, en referencia al órgano que vela por las buenas prácticas de las corporaciones policiales, en el ámbito de la prevención y en el de la procuración de justicia, esto es, las fiscalías.

“El presidente sabía que no funcionaba y decidió no usarlo”, explica. “Y no lo quiso usar, porque el sistema le representaba repartir el poder de la seguridad, colaborar en los tres niveles de Gobierno”, dice, apuntando al federal, pero también al estatal y al local. “Él prefirió confiar en los militares”, critica.

Además del SNSP, el experto argumenta que el país debería adoptar medidas de justicia transicional, como una comisión contra la impunidad, como la hospedó Guatemala, para juzgar los delitos de los regímenes militares del siglo pasado. Eso, argumenta, elevaría el nivel de las fiscalías, alejándolas de politiqueos y caprichos de grupos de poder. Pero, de nuevo, tomar una decisión así exigía al Gobierno ceder parte de su poder.

Daira Arana coincide en el fortalecimiento del SNSP como medida esencial. La experta señala que la desaparición de la Policía Federal, predecesora de la Guardia Nacional, fue un error, pese a las corruptelas de la corporación, señaladas hasta la saciedad por López Obrador. “El SNSP tiene mecanismos de depuración importantes. Nos podíamos haber quedado partes de la Federal, la División Científica, por ejemplo, Seguridad Regional, que estaban altamente profesionalizadas… No hacía falta crear la Guardia Nacional, que además tiene un alto componente de personal militar y no tiene capacidades básicas”, zanja.