Se ha abierto una fase incierta en la espiral de horror desatada en el medio oriente desde el ataque terrorista de Hamás el sábado pasado. Brutal ataque que apuntó sobre todo a la población civil, que incluyó matanzas, violaciones y secuestros. No es un detalle menor el ataque sufrido por Israel. Como tampoco lo es la historia de afectación por Israel de los derechos del pueblo palestino durante o el actual cerco a Gaza que afecta ante todo a población civil.
Y se está en medio de la ascendente espiral que ha abierto grave incertidumbre sobre la paz regional y global. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, que con su extremismo estaba demoliendo dentro de sus fronteras la democracia y la independencia judicial, se reacomoda. Mientras anuncia “vamos a ganar la guerra”, añade al horror una intensidad bélica sin precedentes.
Las murallas y cimientos del derecho internacional se remecen mientras no se avizoran rutas de salida a una situación que tiene su única respuesta consistente, paradójicamente, precisamente en el derecho internacional y en las Naciones Unidas. El secretario general ya precisó públicamente dos asuntos fundamentales. Primero, que “los civiles deben ser respetados y protegidos en todo momento de acuerdo con el derecho internacional humanitario” y, segundo, que “la violencia no puede aportar una solución al conflicto y que solo mediante la negociación que conduzca a una solución de dos Estados podrá alcanzarse la paz”.
Pero, mientras tanto, la estructura fundamental de las Naciones Unidas parecería estar al margen. Evidente expresión de la regla del derecho de veto en el Consejo de Seguridad que dificulta -o hace imposible- adoptar hasta el momento acuerdos para cortar esta espiral de muerte, sangre y dolor que golpea a Israel y Palestina.
Esto es un asunto crucial dada la propia razón de ser de la ONU. Y lo sería en cualquier tensión o conflicto como este. Pero con mucho mayor razón en este caso porque fue precisamente en la ONU donde se creó Israel en 1947 y se fijaron luego sus fronteras. Límites que, como se sabe, han sido rebasados por Israel, especialmente desde la “guerra de los seis días” (1967), ocupando tierras palestinas y desplazando -o sometiendo- a su población.
En la salida a esta crisis la ONU tiene el papel esencial aunque en estos días su accionar se ve trabado. Pero como lo que está de por medio es de una dimensión no solo local sino global, es el recordar que en todo esto la ONU ha sido y es el componente esencial. Destacan tres aspectos.
Primero, la creación del Estado de Israel y su derivación inmediata. Fue por decisión de la Asamblea General de la ONU en 1947 que dividió Palestina en dos Estados independientes, uno árabe y el otro judío. El problema es que la resolución jamás fue plenamente aplicada. Luego de que proclamase su independencia (1948), el naciente Estado judío tomó el control del 77% del territorio de Palestina antes bajo mandato británico. Más de la mitad de la población árabe palestina fue expulsada o huyó del territorio del nuevo Estado.
Segundo, con la conflictividad que siguió desde la creación de Israel fueron varias las decisiones adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad para poner límite al expansionismo israelí. Entre ellas, la resolución 242 en 1967, luego de la “guerra de los seis días” luego de la cual Israel ocupó territorios adicionales. Esa crucial resolución, sin embargo, nunca fue aplicada plenamente y los territorios en cuestión siguen indebidamente ocupados por Israel. Luego de varias décadas el tema sigue siendo materia de seguimiento periódico en la Asamblea General, mientras Israel consolidaba su expansión creando asentamientos en territorios que les pertenecen a los palestinos.
Tercero, porque en los hechos se fue configurando una situación en la que por la opresión a los derechos del pueblo palestino y la sujeción del mismo a las reglas y políticas del país ocupante, otras graves afectaciones al derecho internacional se han venido produciendo ante los ojos del mundo. La principal: el “apartheid” afectando a la población palestina, un asunto muy grave y de fondo que afecta principios y normas sustantivas del derecho internacional.
En 1973 se aprobó la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid que proscribe la institucionalización de la opresión racial, étnica o religiosa sobre un determinado grupo de personas. Desde el 2021 la organización de derechos humanos Human Rights Watch y otros análisis solventes califican esa situación como de “apartheid”, violación grave para los estándares de la ONU y lo estipulado en esta Convención.
En una situación como la actual, en la que están de por medio decisiones cruciales del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General y una serie de principios y normas internacionales, el papel de la ONU debería ser hoy medular para evitar más muertes y más dolor. No solo con una misión de paz para enfrentar las persistentes amenazas a la paz en la región. En lo inmediato, frenar el escalamiento del conflicto y lograr el cumplimiento de todas las resoluciones adoptadas en las últimas décadas.
