El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta todo el planeta, y en México un 93% de los ciudadanos exigen medidas más estrictas a los gobiernos para frenarlo, según una encuesta publicada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Una cuestión, la de la crisis climática, que también afecta a los bolsillos de los mexicanos. Siete de cada 10 responde que sus ingresos se han visto reducidos por el clima.
La vida de los mexicanos también se ha visto deteriorada por cambios del clima, como la falta de lluvias. Cinco de cada 10 afirma haber tenido restricciones de agua. En agosto de 2024 ya hubo cortes del líquido en 12 alcaldías de la Ciudad de México, una crisis aún más grave en el norte del país, donde en julio del mismo año hubo revueltas vecinales por la escasez de agua y las limitaciones en el consumo humano. Peor aún es la visión de futuro. El 75% de los encuestados cree que tendrá que migrar a otro país o región por las consecuencias derivadas de la crisis medioambiental.
Olas de calor como las del pasado junio, que dejaron 155 muertos, dejan claro que el cambio climático es una realidad. La sociedad de México, un país históricamente ligado al petróleo, percibe mayoritariamente en el sondeo que el aumento de las temperaturas se debe principalmente al uso de combustibles fósiles. La alternativa a recursos energéticos como el carbón, el petróleo o el gas natural también es bien vista por los mexicanos, que en un 87% afirman que el país debería aumentar la inversión en energías renovables.
En 2024, en México se generó un 31,2% de energía limpia sobre el total de la electricidad producida, según la Secretaría de Energía (Sener). Sin embargo, la cifra es cuestionada por el Centro de Investigación en Política Pública, que la sitúa en un 28,7%. Esto se debe a que en los cálculos de la Sener se incluye la electricidad que se crea con calor residual de sistemas que consumen gas natural u otros combustibles fósiles. Las leyes estatales y los tratados internacionales fijan el objetivo de producir un 35 % de energía procedente de renovables para 2024, pero el Gobierno ya ha reconocido que no podrá asumir estas metas hasta 2035.
La encuesta fue realizada a 1.000 personas en el país, pero también se hizo en otros 13 Estados latinoamericanos. En total fueron 10.500 participantes en toda la región.