Hace un poco más de 8 años, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa se desvanecieron, y jamás se volvió a saber de ellos. El gobierno y las autoridades continúan cambiando la versión de lo sucedido, generando dudas y acusaciones de corrupción e impunidad. Desde el 2014 varios medios de comunicación se han encargado en sacar informes sobre este caso tan controversial y atroz de violación a los derechos humanos, pues sus familias no pierden la esperanza de encontrar justicia. Y, aunque todavía no se sabe qué pasó con estos niños, hemos recopilado lo poco que se sabe.
¿Qué sucedió el 26 de septiembre del 2014?
En la ciudad de Iguala, ubicada en el estado de Guerrero en México, ha prevalecido el tráfico de drogas al igual que otras actividades ilícitas. Esta presencia de contrabando ha generado enfrentamientos bastante violentos entre los grupos, lo cual impulsó la creación de La Escuela Rural Normal de Ayotzinapa para refugiar y proteger a los jóvenes de bajos recursos de esta zona. Debido a su importante labor en esta lucha social, la escuela fue escogida como sede para organizar una movilización hasta la capital del país en conmemoración de la matanza de Tlatelolco en 1968. Lo que sucedió en el transcurso del día terminó siendo una masacre masiva que dejó un misterio sin resolver.
Según establecen las autoridades investigando el caso, a las 17:30 de la tarde seis grupos de alumnos fueron enviados a la terminal de autobuses de Iguala para tomar a la fuerza 6 vehículos, pues no contaban con los suficientes para transportarse hasta Ciudad de México para asistir las marchas. Se corroboró la información con el registro de la toma de 3 camiones de la empresa ‘Costaline’, 2 de la empresa ‘Estrella de Oro’ y 1 de la empresa ‘Estrella Roja’ entre las 21:00 y las 21:30 de ese día, y se conocieron las placas de los autobuses robados. Pero, al no caer en cuenta que estos camiones eran utilizados por un grupo ilícito para transportar la goma de opio, el grupo de estudiantes se convirtió en el blanco de este grupo pandillero por el supuesto robo de estas unidades de carga de drogas. El grupo, llamado Guerreros Unidos, estimó que la carga que se robaron estos jóvenes representaba un valor total de más de 500 mil pesos mexicanos en ese entonces, por lo que convocaron a todos sus aliados para asesinar a dichos ‘secuestradores’.
El líder de uno de estos grupos aliados, denominado como Los Pelones, corrió la voz de lo sucedido, y tanto el presidente municipal, el alcalde y el director de la policía del municipio comenzaron la tarea de cazar a los culpables de dicho robo. Entre las horas 21:40 y 22:10 de la noche, las patrullas del Ejército y de la Policía Municipal comenzaron a detener a los autobuses que encontraban. Los pasajeros que iban en los autobuses de ‘Costaline’ fueron liberados luego de la detención, pero los 43 estudiantes a bordo de los camiones ‘Estrella de Oro’ desaparecieron, y no se supo más de lo sucedido. Al día de hoy, solo 3 restos han sido identificados.
La primera versión del caso:
El hecho sucedió durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, quien estuvo en el poder del 2012 al 2018, el cual denominó como ‘Verdad Histórica’ el operativo para investigar el caso. Esta versión del gobierno comunicó que la Policía Municipal participó en lo sucedido, pero entregaron a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, los cuales incineraron a los estudiantes en un basurero. Esta versión explicó que los miembros de este grupo ilícito confundieron a los estudiantes con miembros de la banda rival ‘Los Rojos’, y por eso los asesinaron en el basurero municipal de Cocula.
Sin embargo, los familiares de las víctimas rechazaron dichos descubrimientos de la ‘Verdad Histórica’ y además el Grupo Independiente de Expertos Internacionales desmintió la versión evidenciando que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. Además, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apoyaron la revocación de dicha ‘Verdad Histórica’.
La violación de derechos humanos presente en la ‘Verdad Histórica’:
Varios medios de comunicación, e incluso expertos, afirman que la ‘Verdad Histórica’ de Peña Nieto fue una maniobra para ocultar los hechos, alterar el crimen cometido y proteger el vínculo entre las autoridades implicadas y varios grupos de narcotraficantes. Debido a que la esposa del alcalde de Iguala en ese momento era hermana de dos miembros del cartel de narcotraficantes Los Pelones, se cree que el grupo de policías uniformados que detuvieron los vehículos esa noche tenían permiso o incluso orden directa de parte del alcalde, lo cual generó sospechas sobre las razones detrás de dicha ‘Verdad Absoluta’ y todo lo que podría estar ocultando.
La primera versión fue liderada por Jesús Murillo Karam, el exfiscal general mexicano. Fue el máximo responsable de la investigación, e incluso afirmó en el 2015 que los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero municipal de Colula y “esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”. Cinco años después, la fiscalía junto con múltiples organismos internacionales descartó estos descubrimientos.
Lo más preocupante es que toda la investigación y el reporte publicado en el 2015 fue consecuencia de métodos de tortura utilizados contra los detenidos, generando indignación en todo el país, pues tenían como fin proteger y limitar la responsabilidad de los policías corruptos involucrados en la masacre. Un gobierno entero intentó engañar a su pueblo con una explicación poco precisa y obtenida de forma cruel, llevando a que hoy en día se requiera una investigación profunda no solo de estos policías, sino de los funcionarios estatales y federales y los miembros del Ejército.
La segunda versión del caso:
En el 2018, la victoria del actual presidente Andrés Manuel López Obrador significó una reapertura en el caso para poder obtener una sincera y auténtica ‘verdad histórica’, AMLO anunció su compromiso con la causa y se creó la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Después de 2 años de investigación, se descartó definitivamente la primera versión del caso y se solicitó el arresto de 46 exfuncionarios. Uno de los obstáculos más significativos fue el hecho de que casi 6 años después de la masacre, los expedientes no se habían procesado.
El CVAJ se dedicó estos últimos 4 años a trabajar con las declaraciones y la evidencia para comenzar procesos penales en contra de los involucrados y clarecer la situación para poder brindarle paz y justicia a dichos jóvenes, sus familias y al pueblo mexicano en general. El líder de dicha comisión, Alejandro Encinas, ha comunicado en varias ocasiones que se trataron de esconder las órdenes del gobierno a los policías para desaparecer a estos estudiantes, y afirma que “Las omisiones en las que incurrió estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente, con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y asesinato de los estudiantes”.
El mes de agosto del 2022 marcó uno de los mayores avances en la investigación, pues el extitular de la Procuraduría General de la República, Murillo Karam, fue detenido como presunto responsable de la fabricación de la engañosa ‘Verdad Histórica’, y acusado de desaparición forzada y tortura en la duración del caso. Esto llevó a que se denominara el caso como “un crimen de Estado”, por fin responsabilizando a las autoridades en el poder. Esta nueva versión del caso culpa a dichas autoridades federales de omitir y alterar hechos y circunstancias sucedidas para evadir su culpabilidad, y afirma que estas tuvieron conocimiento en todo momento de tanto la movilización como la desaparición de los estudiantes. Por último, el CVAJ anunció que no hay indicios de que alguno de los 43 jóvenes se encuentre con vida. ¿Será que esta investigación logrará encontrar a los culpables y por fin le brindará un poco de paz y justicia a las familias afectadas y a todo el pueblo mexicano?
