Con un revólver a la sien operan cada día más empresas grandes y chicas en México, a medida que el crimen se ha ido enseñoreando de cualquier negocio que deje dinero. El trasiego de drogas que dio origen a una de las palabras más temidas del planeta, narcotráfico, tiene ahora su versión atomizada en cientos de bandas delincuenciales que han tomado desde el asalto restaurantes, tiendas de alimentos y mercadillos callejeros hasta el ataque a las cadenas de suministro de las grandes corporaciones. Los dirigentes empresariales hartos de la extensión de estos delitos, han alzado la voz. Y les está costando la vida.
En las últimas semanas han sido asesinados un par de voceros del sector privado en el norte del país, después de sendas intervenciones en los medios de comunicación, quejándose de la inseguridad. La extorsión, el robo y los ataques al transporte de suministros son el pan de todos los días para muchos trabajadores y empresarios, mientras que la impunidad los obliga a pagar protección armada. Las empresas grandes encuentran cómo adaptarse, mientras que las más chicas corren el riesgo de desaparecer.
La dirigente de la Cámara Pesquera de Baja California, Minerva Pérez Castro, fue asesinada el 16 de julio horas después de que pidiera a las autoridades mayor vigilancia en las costas para terminar con la pesca ilegal. Dos semanas más tarde, el presidente de la Cámara de Comercio de Tamaulipas y Matamoros, Julio César Almanza Armas, cayó en un ataque armado tras declarar que los empresarios son “rehenes de las bandas delincuenciales y el cobro de piso se ha convertido prácticamente en un deporte nacional”. El miedo ha ido cerrando las bocas.
Este asesinato llegó en un momento de mucha tensión entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y una de las empresas más grandes de México, Femsa. El conglomerado anunció el 26 de julio el cierre de las 191 sucursales de Oxxo en Nuevo Laredo y las siete gasolineras. La empresa dijo que la decisión se debía a “actos de violencia que pusieron en riesgo la integridad de colaboradores”. Pasó toda una semana hasta la reapertura. El Gobierno del Estado se comprometió a poner presencia policial en cada sucursal y a la instalación de un botón de pánico para empleados. En México, cerrar los Oxxo no es solo impedir las compras de conveniencia, equivale a dificultar a miles de personas el pago de diversos recibos de servicios domésticos, puesto que también operan como bancos. El reto no era pequeño.
Una encuesta que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México (AmCham México) hizo entre sus empresarios miembros arrojó que un 52% ha sido víctima de asalto o robo con violencia a sus empleados y un 45% de extorsión virtual. Además, el 49% dijo haber sufrido ataques al transporte de la cadena de suministro, los cuales tienen muchas variantes, por ejemplo, obligar a una empresa a comprar insumos a las bandas criminales o forzarlos a traficar mercancía ilegal en su red de transporte y logística. O en el bar.
Mientras el crimen copta cada vez más negocios legales para extraer réditos de manera ilegal, México se posiciona a nivel internacional como un atractivo destino de inversión extranjera. El año pasado, el país destronó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, y el tratado de libre comercio de Norteamérica (TMEC) ha hecho del país latino una alternativa natural para las empresas que buscan abandonar China para complacer al Gobierno estadounidense en su cruzada económica contra el gigante asiático.
Pero la inseguridad no ha detenido, hasta ahora, a las transnacionales. El año pasado entró al país un 27% más de inversión que en 2022, según la Secretaría de Economía, y uno de los estados que más inversión extranjera directa concentra es Guanajuato, que durante los últimos ocho años ha padecido un incremento de 632% en la tasa de actividades perpetradas por la delincuencia organizada, de acuerdo con un análisis del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), organización internacional sin fines de lucro.
“Desafortunadamente, la respuesta que tienen las instituciones es muy laxa y los procesos judiciales no funcionan”, dice Carlos López Portillo, director de la consultora Crisol, que ofrece asesoría en materia de seguridad a empresas extranjeras interesadas en entrar en México. “Ahí es cuando los empresarios que le están apostando al país dicen: ¿quién me va a defender?”. Sin embargo, siguen poniendo su dinero en los grandes negocios. ¿Por qué lo hacen, a pesar de la violencia? “Porque, evidentemente, es una economía muy atractiva, ser vecino de Estados Unidos representa una oportunidad”, asegura López Portillo. AmCham estima que el 10% del presupuesto de sus empresas miembros se destina a la seguridad.
En la misma semana en que Femsa anunció el cierre de 191 sucursales de Oxxo en Nuevo Laredo (Tamaulipas), derivado de la inseguridad, la empresa anunció un ambicioso proyecto en Estados Unidos, con la apertura de 200 establecimientos más de la cadena. El caso ejemplifica cómo las grandes transnacionales disponen de recursos financieros, humanos y de poder para adaptar su negocio al entorno criminal. Las pequeñas empresas no tienen tantas opciones.
El ciudadano de a pie es, finalmente, otro débil eslabón de esta cadena de extorsiones. El que se queda sin trabajo y sin servicios, el que paga los precios más caros en el mercado y, de tarde en tarde, el que se enfrenta a las balas, directas o indirectas. Porque ciudadanos de a pie son también los miles de pequeños negocios, familiares o no, que tienen pocas armas para combatir el crimen. Uno de los asociados de la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio y Turismo (Concanaco) en Acapulco ha contado a este periódico, desde el anonimato del miedo, cómo los negocios de hostelería están sufriendo en sus establecimientos los enfrentamientos entre bandas criminales.
“Ya no son siquiera los grandes carteles, son pandillas de delincuentes que se han distribuido el territorio por sectores, unos extorsionan a los taxistas, otros a las tiendas de alimentación, a los puestos ambulantes, a quienes obligan a pagar a veces hasta dos o tres cuotas al mes”, explica el asociado. En la hostelería, sin embargo, son las drogas las que hacen silbar las balas. “Se meten al bar como si fueran clientes, pero sabemos que están vendiendo estupefacientes y entre ellos se arman peleas. A veces entran al cuarto de baño en busca del que se está drogando, si ven que la droga no es la que vende su grupo, porque la mercancía tiene distintivos, está marcada, pues lo amenazan o lo golpean. Pero nosotros somos los rehenes, porque si les echamos del bar o no permitimos que entren, sufrimos las amenazas. En Acapulco ya han matado a varios gerentes por eso, los esperan en el estacionamiento a la salida del trabajo. Estamos en la línea de fuego”.
Lo sabe todo el mundo, pero no se denuncia, de modo que el 97,4% de estas extorsiones, según el Inegi, quedan en la impunidad. Tampoco es que ocurra lo contrario cuando se presenta una denuncia, dice el empresario acapulqueño: “Las autoridades no actúan”, aunque reconoce que en las zonas turísticas se ha frenado un poco la violencia con la presencia de la Marina y también hay más inspecciones a las lanchas y las motos acuáticas que llegan dejando una estela de espuma hasta la costa y disparaban contra un mesero. “Se les ve claramente, ni siquiera son discretos”, dice. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) cuentan 31 víctimas al día de delito de extorsión entre enero y junio de 2024, lo que significa más de una extorsión por hora. El empresariado se resiente. Pero no solo.
La agricultura es la primera afectada en esta cadena. La subida de precios que detectan cada día los consumidores en los productos básicos, el limón, la lechuga, el cilantro o el aguacate, se debe a la sequía y a las lluvias a destiempo, a la estacionalidad del producto o los márgenes de los intermediarios. “Pero las extorsiones al agricultor, el empacador, los robos en el transporte y las cuotas en los mercados son las responsables del 15% al 20% del incremento del precio”, explica Juan Carlos Anaya, consultor agrícola. Nadie está a salvo. Y hay miedo.
“A mí, mi familia me dice también que no hable, pero tenemos que decirlo, lo hacemos con cuidado, sin nombres, pero es lamentable la imagen que damos en el exterior. Nadie quiere hablar”, dice. Y lleva razón. Ni siquiera la garantía de anonimato convence ya a quienes están al frente de las cámaras comerciales para que declaren lo que saben, lo que todo el mundo sabe. Que un kilo de limón le supone al productor pagar un peso y medio al criminal, pero no siempre salen perdiendo, porque también los productores se benefician del control de la oferta que las bandas de delincuentes tienen amarrada, y eso aumenta los precios.
Desde tortillerías, empresas de tecnologías de la información hasta distribuidores o comercializadoras, cada vez corren más ese tipo de riesgo, cuenta López Portillo, quien asegura que trabaja en muchas de estas pequeñas empresas. “Tomar una decisión así de destinar recursos para una estrategia de seguridad robusta no es fácil, porque representa una inversión considerable que la mayoría no pueden costear”. Las micro, pequeñas y medianas empresas en México generan el 72% del empleo y el 52% de Producto Interno Bruto (PIB), según datos oficiales.
“Yo creo que eso es gravísimo para la economía mexicana, porque si realmente queremos tener éxito en el largo plazo, esas empresas son las que tienen que consolidarse. Son las que van a generar una economía nacional sólida, independientemente, claro, de las transnacionales, que van a seguir invirtiendo. Esas son las que van a generar empleo, van a llevar a México a otro nivel, permitir que seamos un país no solo manufacturero, sino creador y exportador de ideas”, concluye López Portillo.
Los días de plomo que están viviendo los empresarios no es algo que se le escape a la clase política. En efecto, las oportunidades de crecimiento de México dependerán mucho de una buena estrategia de seguridad y esa es la gran asignatura pendiente de un país que no puede frenar las balas.
