Los aguacates se quedaron en los camiones en Michoacán. Los trabajadores de las fábricas no pudieron ir a trabajar en Chihuahua. Los negocios cerraron en Baja California. El impacto económico de las muestras de terror y violencia que desplegó el crimen organizado a finales de la semana pasada en diferentes puntos de México todavía no se ha cuantificado, pero tiene al sector privado en ascuas.
Cuando el viernes pasado, grupos armados tomaron carreteras del Estado de Michoacán, cerca de la ciudad agrícola de Uruapan, la Embajada de Estados Unidos ordenó a sus inspectores que se quedaran en sus oficinas para permanecer seguros, informó Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Esto impidió que los aguacates y otros productos agrícolas de exportación se pudieran vender en el país vecino.
“En esta ocasión no vemos un daño mayor, por lo menos no en las exportaciones”, dice Anaya, “pero cada día crece la incertidumbre en el país ante estos sucesos de que el crimen organizado está sobrepasando las medidas que se están asumiendo en el país”, añade el especialista. En 2020, México exportó más de un millón de toneladas de aguacate a EE UU, el 90% de las importaciones totales del fruto de ese país.
“La autoridad tiene que tomar con seriedad las medidas para que este tipo de situaciones no afecten a la economía y a la gente que está trabajando, que depende de estar produciendo”, apunta Anaya. El domingo, una vez liberadas las carreteras, reiniciaron las inspecciones y, con ellas, las exportaciones del fruto a Estados Unidos. Este es el segundo incidente que sufre el mercado del aguacate en menos de un año. En febrero pasado, el Gobierno de Biden suspendió durante una semana las importaciones, después de que un inspector que trabajaba en Michoacán recibiera amenazas.
Ciudades de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California también padecieron situaciones de violencia la semana pasada, incluyendo la quema de carros y camiones, la parálisis del tráfico vehicular por grupos armados e incluso ataques indiscriminados contra la población que, en el caso de Ciudad Juárez, dejó 11 muertos. En la ciudad fronteriza, medios locales reportaron que las fábricas, muchas de ellas propiedad de compañías extranjeras, trabajaron con menos personal en los días de violencia, ya que las empresas decidieron paralizar el transporte que lleva a los empleados a sus lugares de trabajo.
En Tijuana, Baja California, un importante centro de comercio del país, las calles quedaron desiertas la semana pasada ante la ola de violencia. Restaurantes, negocios y hasta maquiladoras cerraron, asegura Gilberto Leyva, expresidente de la cámara de comercio local, la Canaco. “No tenemos las cifras todavía, pero te puedo decir que el impacto fue bastante grave”, dice Leyva. “Los pocos negocios que abrieron lo hicieron con muchas precauciones. En mis 60 años viviendo en esta ciudad nunca se había visto algo así. Se miraba sola la ciudad”, agrega.
La alcaldesa de la ciudad, Montserrat Caballero, hizo un llamado al crimen organizado a solamente irse en contra de quienes no hayan pagado “sus facturas” y no contra de la ciudadanía en general. Aunque la alcaldesa trató de matizar sus declaraciones posteriormente, muchos han entendido que se refería a las facturas de la extorsión, el cobro de piso. “Más preocupa cuando una representante del Gobierno, como fue la presidenta municipal de Tijuana, que dice que paguen, y ese puede ser un factor adicional a todos los incrementos inflacionarios que aumenta los costos”, señala Anaya, de GCMA.
Se ha estimado que la inseguridad le cuesta al país el equivalente al 1% de su producto interno bruto (PIB), dijo en rueda de prensa virtual este lunes José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Esto significa un costo muy alto para la economía mexicana que se refleja en que no hayan inversiones ni empleos para la gran mayoría de los mexicanos”, lamentó Medina Mora.
La organización pidió además, en un comunicado, una “estrategia eficaz de seguridad” por parte del Gobierno. “Es urgente que se ponga un alto a la violencia, la situación actual es insostenible y la ausencia de una estrategia efectiva contra la inseguridad sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de gobierno, han resultado en terreno fértil para que en lo que va del sexenio se hayan perpetrado más de 130.000 homicidios dolosos, 10 asesinatos de mujeres por día y solo en los últimos ocho meses, el asesinato de 13 periodistas”, apunta la Coparmex.
La principal patronal del país, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la asociación de maquiladoras, Index, expresaron, por separado, su preocupación por la situación que tiene el potencial de ahuyentar la inversión, interrumpir la producción y aumentar los costos de las empresas. “Index nacional hace un llamado para que, en prioridad del interés nacional, se garantice la seguridad pública y patrimonial de todas las familias mexicanas, lo mismo que de las empresas y corporativos en México para que la incertidumbre reciente no afecte las cadenas logísticas de suministro con los Estados Unidos”, ha dicho la asociación en un comunicado.
Violencia frente a desarrollo
Hace solo una semana, un texto del especialista en economía y finanzas de EE UU, Noah Smith, se viralizó entre chats de economistas, académicos y empresarios en México. Su ensayo califica al país como un “misterio”, ya que tiene las condiciones para ser un mercado pujante y con altas tasas de crecimiento, pero lleva décadas rezagado en comparación con sus pares.
“La reducción de la violencia tiene la mejor oportunidad de impulsar el crecimiento de México”, escribe Smith, doctor en Economía por la Universidad de Michigan. “Los países en guerra siempre sufren económicamente, y la violencia de México es tan intensa que a menudo se considera como una guerra real. Un entorno seguro es simplemente un requisito previo para que las empresas inviertan y crezcan. Si yo fuera un líder mexicano, ese sería mi enfoque principal”, explica. “Mientras tanto, el caso de México presenta un enigma y una anomalía para las teorías comunes del desarrollo”, asegura Smith.
