La llegada de nuevos Gobiernos a América Latina y el Caribe ha dado la impresión de que el discurso de la transición energética está ganando mayor fuerza. Según un reporte publicado este jueves por la organización de investigación Global Energy Monitor, si se suman los proyectos que ya han sido anunciados por las empresas, los que están en etapa previa a la construcción o efectivamente están siendo construidos, la capacidad eólica y solar a gran escala de la región aumentará en más del 460% para 2030. Para ese entonces, se producirían unos 319 gigavatios de energía solar y eólica, aunque solo contando los parques solares que generan más de 20 megavatios y las eólicas de más de 10 megavatios, y sin tener en cuenta la energía que producen las hidroeléctricas.
Actualmente, estos dos tipos energías – señala el informe- tienen una capacidad de 69 gigavatios (27,6 solar y 41,5 eólica), lo que equivale a un poco más del 15% de la capacidad eléctrica de la región. Para llegar a esos 319 gigavatios, los investigadores esperan que ya estén funcionando varios proyectos, incluidos los dos de mayor escala en cada una de estas tecnologías. El primero, es el Parque Eólico H2 Magallanes, en Chile, que generará hasta 10 gigavatios y que, se espera, empiece a funcionar para 2027. “Está principalmente destinado a la producción de hidrógeno verde”, asegura el documento.
El segundo, bautizado como Berço Das Gerais, se ubica en Brasil y, aunque sin fecha de entrada en operación aún definida, se trataría del mayor parque solar de Latinoamérica, con una capacidad de 5,7 megavatios. De hecho, en este país, también se espera que entre en operación el mayor proyecto eólico costa afuera: el Parque eólico marítimo Ventos Do Sul, que sería operado Ocean Winds, y que se prevé que también comenzará a funcionar en 2027.
“Brasil solía ser como el resto de países de América Latina y el Caribe en el que no había energía renovable”, le dice a América Futura Kasandra O’Malia, una de las cinco autoras del informe. “Pero de repente estamos viendo una explosión de proyectos que se unen con sus condiciones para poder generar energías renovables, incluyendo su gran territorio en costa”. Brasil, en total, podría tener una capacidad de 217 gigavatios entre eólica y solar para 2030 lo que le convertiría en líder de la región. Le siguen, según esos cálculos, Chile (38), Colombia (37), Perú (10) y México (7).
Y aunque este último aparece en esta lista, el documento también advierte que, “las instalaciones eólicas y solares a gran escala de México han disminuido”. El informe describe que el país norteamericano fue “un líder destacado en el desarrollo de la energía solar y eólica a gran escala durante muchos años con un crecimiento anual sólido”. Pero O’Malia cuenta que ha ido perdiendo esa posición debido a una serie de políticas y un Gobierno que decidió priorizar otro tipo de fuentes energéticas, incluyendo el gas.
Renovables no exentas de conflictos
A nivel global, la migración de las energías basadas en combustibles fósiles a energías renovables ha sido vista como una buena señal para mitigar el cambio climático. Sin embargo, esto también ha generado conflictos socioambientales, desplazamientos y violaciones a derechos humanos. Latinoamérica y el Caribe no ha esquivado este problema. “Todo proyecto debería empezar con la participación de la comunidad y asegurarse de que se beneficien las comunidades en donde se están instalando, para que así los acepten. De lo contrario habrá un rechazo local”, asegura O’Malia.
“Muchas veces los proyectos se están desarrollando en territorio indígena y están perpetrando los errores del extractivismo. Estamos haciendo la transición de los combustibles fósiles, pero no estamos aplicando la parte de la justicia”, agrega. “Desde 2020, las protestas en América Latina se han centrado en contrarrestar las nuevas formas de extractivismo durante la transición energética, con algunas áreas con niveles de recursos eólicos especialmente elevados, como La Guajira, en Colombia, y Oaxaca, en México, sacudidas por los movimientos sociales que exigen una mayor participación local en la planificación de los procesos y una distribución más equitativa de los beneficios económicos asociados con los desarrollos eólicos”, se lee en el documento. Entre las pistas que da la experta sobre cómo podría ser esta transición más justa, dice algo esencial: “En un mundo ideal la comunidad sería copropietaria de los proyectos”.
