El Gobierno de López Obrador ha dado el primer paso para cambiar las condiciones tarifarias de los aeropuertos privados en México. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó a los grupos del sector aéreo de la modificación de carácter “inmediato”.
La próxima modificación ha desencadenado una volatilidad para los tres principales grupos aeroportuarios del país: Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que tiene una de las terminales aéreas más codiciadas, el Aeropuerto de Cancún. Las compañías ya han sacado pecho asegurando que se trata de una decisión “unilateral” y analizarán su repercusión, mientras que la Secretaría de Comunicación ha asegurado que estos cambios ayudarán a bajar las tarifas en los vuelos de los pasajeros.
Como consecuencia del cambio, los grupos aeroportuarios informaron del tema a la Bolsa Mexicana de Valores en “eventos relevantes” y durante la semana pasada las acciones de los tres grupos privados cayeron, por lo que fue necesario suspender las operaciones. Las perdidas llegaron a superar el 20%. De acuerdo con Grupo Financiero Monex, la incertidumbre financiera sobre las emisoras continuará, en tanto no se defina las tarifas.
Esta es la primera vez que se realiza un cambio en las bases tarifarias desde que se otorgaron las concesiones aeroportuarias a los privados en 1998. La mayor parte de los ingresos de los grupos aeroportuarios proviene de las tarifas que cobran no solo a los usuarios —a través de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, TUA)—, sino también por estacionamiento de aeronaves, traslado de pasajeros desde los aviones y arrendamiento de espacio a terceros.
De acuerdo con la ley aeroportuaria mexicana, las tarifas máximas aplicables se definen con base en un plan maestro de desarrollo que se revisa cada cinco años, pero pueden ser ajustadas por la inflación y de manera extraordinaria por el Gobierno. Las fuentes del sector indican que esta revisión a la baja en la tarifa máxima también podrían incidir en la TUA, porque es parte de los ingresos totales de los concesionarios.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó a inicios de semana sobre la reunión con OMA, Asur y GAP para la determinación de estas tarifas; reducir los costos de los servicios aeroportuarios que impactan en el costo de los boletos de avión y dar certidumbre al modelo concesionario de aeropuertos.
Rogelio Rodríguez, experto en Derecho Aeronáutico por la UNAM, explica que la tarifa máxima conjunta se fija a partir del plan maestro quinquenal con costos por cada concesionario y este documento también contempla un plan de inversión para cada aeropuerto. “La base tarifaria está a revisión anticipada porque no se sostiene y tienes aeropuertos carísimos históricamente carísimos y dónde está la inversión” cuestiona el experto.
De acuerdo con el especialista, durante más de 20 años las condiciones fueron muy favorables para los aeropuertos privados. “Si esto se logra, va a bajarle el costo a las líneas aéreas, a las nacionales e internacionales. La autoridad, que tiene facultades para aprobar las tarifas, seguramente estará haciendo una revisión para regularlas a la baja”, añade Rodríguez. El especialista prevé que, tras esta afrenta del Gobierno, la tarifa máxima conjunta se reducirá entre un 25% y 30%, mientras que la TUA bajará entre 10% y 15%.
El director del Instituto Nacional de Investigación Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), Pablo Casas, reconoce que los concesionarios de estas terminales aéreas multiplicaron su inversión al gestionar estos aeródromos. “Hay aeropuertos que, si bien están con mantenimiento, merecen más inversión como Tijuana, Acapulco, podrían estar en mejores condiciones, en función de los ingresos que han tenido estos grupos”, concluye.
