A primera vista, las discrepancias numéricas que han surgido en los últimos días entre la Secretaría de Hacienda y los ejecutivos de Pemex, la empresa estatal petrolera, podrían parecer un simple malentendido o un conflicto menor. Sin embargo, en el trasfondo de esta tensión subyace una realidad que, según los expertos, trasciende la actual administración: las finanzas públicas de México seguirán comprometidas en apoyo a Pemex, la compañía petrolera más endeudada a nivel mundial.
Inicialmente, las agencias de calificación crediticia Moody’s y Fitch emitieron informes por separado, señalando un deterioro en la capacidad de la petrolera mexicana para hacer frente a su abultada deuda, que se estima alcanza los 107.400 millones de dólares (1,79 billones de pesos). Ambas agencias clasificaron la deuda de Pemex como “bonos basura”, una calificación que dificulta su acceso a financiamiento en los mercados. Estos informes plantearon la pregunta de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el gobierno mexicano para asistir a Pemex en el pago de su deuda.
Posteriormente, el 27 de julio, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, respondió a los interrogantes de los periodistas en esta línea. Yorio aseguró que el apoyo gubernamental a Pemex persistiría mediante una variedad de medidas, que podrían incluir la reducción de impuestos o la gestión de sus pasivos. “En lo que va de este año fiscal 2023, no se ha realizado ningún desembolso ni transferencia a Pemex”, afirmó.
No obstante, al día siguiente, el gerente asociado de finanzas de Pemex, Alberto Jiménez, contradecía directamente estas declaraciones. En una conferencia con inversionistas, Jiménez reveló que Hacienda ya había inyectado 64.970 millones de pesos a la petrolera. “Hemos recibido esta contribución en efectivo, que fortalecerá nuestra salud financiera y nos ayudará a afrontar compromisos a corto plazo, como vencimientos de deuda”, expresó el ejecutivo.
En esa misma jornada, el director general de Pemex, Octavio Romero, rechazó las afirmaciones de las agencias calificadoras, acusándolas de “seguir mintiendo” en referencia a la rebaja en la calificación y la deteriorada perspectiva. Incluso la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien rara vez hace comentarios a los medios, sugirió que las agencias calificadoras carecen de “seriedad” y no están a la altura, según declaró a Bloomberg Línea.
“Este desorden en la comunicación crea una gran incertidumbre para los inversores”, señala Oscar Ocampo, especialista en el sector energético del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un centro de investigación sin fines de lucro. Ocampo destaca que, de hecho, las transferencias mencionadas no aparecen en los estados financieros entre abril y junio.
Según los informes financieros presentados por Pemex la semana pasada, IMCO encontró que en el primer semestre de 2023, la compañía petrolera y sus socios extrajeron la menor cantidad de petróleo crudo para un período entre enero y junio en los últimos 13 años. Durante el transcurso de este año, del 1 de enero al 30 de junio, Pemex extrajo un promedio diario de 1.599 millones de barriles de crudo, lo que representa un 5,6% menos que en el mismo período del año 2022.
La estrategia del gobierno de López Obrador se ha centrado en invertir en la empresa, incluso en áreas que históricamente no han sido las más rentables, como la refinación. “A cuatro años y medio, podemos hacer un análisis preliminar de esta estrategia, que no ha arrojado resultados positivos, sino todo lo contrario”, indica un economista, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y exfuncionario, Víctor Gómez.
Gómez también resalta que parte de esta estrategia incluyó el respaldo financiero a Pemex mediante aportaciones de capital para abordar su deuda. Sin embargo, persisten dudas sobre si esta era la mejor alternativa. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió “rescatar” a Pemex, presentándola como la solución a múltiples desafíos que enfrenta México. A pesar de sus esfuerzos, las iniciativas, como la creación de una subsidiaria para ofrecer gas natural a precios más bajos, no tuvieron el impacto deseado.
Según Gómez, el error no radicó tanto en elegir el apoyo incondicional del gobierno federal como opción, sino en que este apoyo se otorgó a cambio de un retorno político más que de métricas sólidas de rentabilidad. Tanto Gómez como Ocampo coinciden en que el próximo presidente, que asumirá el cargo a finales del próximo año, deberá continuar financiando la atribulada petrolera. Gómez advierte que si la nueva administración decidiera cambiar el tono, esto resultaría costoso, ya que las tasas de interés aumentarían significativamente, lo que agravaría el riesgo financiero de la empresa. Por lo tanto, la continuación del apoyo, al menos en términos verbales, parece ser una opción imperativa.
Ocampo añade que quien asuma la presidencia tendrá que brindar apoyo a Pemex, pero sugiere que podría hacerlo de manera más estructurada y transparente. “En última instancia, esto es el meollo del asunto en la actualidad, y estas discrepancias entre las partes reflejan la confusión que impera”, concluye.
