Una de las caras más crueles de México es la de las madres de desaparecidos con palas en las manos cavando en las zonas más recónditas en busca de los restos de sus hijos. Una postal que durante años ha enfrentado la desidia del Estado y el silencio de las autoridades. El hallazgo y la identificación de las cientos de miles de víctimas, principalmente de la guerra contra el narcotráfico, se ha vuelto el pendiente más incómodo. Con la intención de atender la crisis forenses que atraviesa el país, con morgues colapsadas de cuerpos sin reconocer, el Gobierno de México ha propuesto crear el Centro Nacional de Identificación Humana.
El proyecto para modificar la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, enviado al Congreso por Presidencia, asegura que es una prioridad del Ejecutivo la búsqueda de los desaparecidos o la identificación de sus restos óseos en caso de que se encuentren sin vida. México contaba en noviembre del año pasado con 95.000 personas oficialmente registradas como desaparecidas, de acuerdo al último recuento realizado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada. Más de 21.500 de ese total desaparecieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. “Se envió esa iniciativa al Congreso para crear estos centros de identificación de personas desaparecidas con toda la tecnología, con todo el avance científico. Es algo que va a ayudar mucho en la búsqueda de desaparecidos”, ha dicho el mandatario este viernes.
El documento firmado por el presidente está basado en un escrito del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que explica las deficiencias del sistema actual. “La crisis forense se expresa en la falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales; la escasez de personal especializado; recursos limitados; la falta de criterios homologados para la conservación de los cuerpos; el desconocimiento de la normatividad aplicable en la materia, y la insuficiencia de cementerios forenses”, señalaba Encinas.
La iniciativa desarrolla que el centro dependerá de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pero que tendrá autonomía técnica y operativa. Su tarea, según el proyecto, será la de crear un sistema forense enfocado en la identificación masiva de cuerpos que puedan ser recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. La propuesta además es conectar la información disponible en las fiscalías y comisiones de la verdad de los diferentes Estados y ponerla a disposición del resto.
La propuesta del Gobierno mexicano nace como respuesta a los reclamos de las familias de las víctimas, que consideran que las autoridades les han soltado la mano en la búsqueda. “Nos dejaron solas otra vez”, denuncian constantemente los colectivos de madres rastreadoras en redes sociales. También es una respuesta a las recomendaciones de los organismos internacionales ante la crisis forense. Tanto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han emitido en varias ocasiones recomendaciones para atender el problema y dar respuesta a los familiares.
El Centro Nacional de Identificación Humana es un paso más en el camino por resolver el problema forense que afronta México. En febrero de 2019, el Gobierno de López Obrador puso en marcha un programa para buscar a los desaparecidos que entonces había. Se anunció entonces la creación de un instituto nacional forense, algo que tardó en llegar más de dos años. La creación queda ahora en manos del Congreso, que deberá definir ahora dónde, cómo y con qué recursos operará.
