La expresidenta Jeanine Áñez y algunos de los exministros de su corta administración fueron detenidos a mediados de marzo bajo cargos de terrorismo, frutos del “Caso Golpe de Estado” que investiga los hechos y personajes que obligaron al expresidente Evo Morales a presentar su renuncia a finales del 2019.
En octubre del 2019, Evo Morales maniobró su habilitación para participar en las elecciones generales de ese año y así extender su ininterrumpido mandato presidencial de 13 años. La Constitución, luego respaldada por un referéndum en el 2016, impide la reelección indefinida, por lo que la candidatura de Morales desde un principio se consideraba ilegítima. Los resultados de los comicios sorprendieron a Morales que esperaba una victoria cómoda y definitoria en la primera vuelta electoral, sin embargo, todo parecía indicar la necesidad de una segunda vuelta hasta que ocurrió un misterioso apagón en el sistema electrónico que transmitía los resultados en vivo y se suspendiera el conteo durante 24 horas. Tras una serie de irregularidades en el conteo de votos, Morales se declaró ganador en primera vuelta y como resultado su cuarto período presidiendo Bolivia.
Debido a las evidentes anomalías en la jornada electoral, el pueblo boliviano desató protestas durante tres semanas denunciando fraude; por su parte, Morales pidió a sus simpatizantes que defiendan los resultados avivando fuertes confrontaciones entre bandos opuestos. Los enfrentamientos y el malestar social culminaron en altos comandantes de la policía y fuerzas armadas, junto con sindicatos urbanos solicitando la renuncia inmediata de Morales. Luego de la publicación de un informe por la OEA catalogando a los resultados electorales como no fiables debido a actas falsificadas, manipulación del sistema informático y errores en la cadena de custodia, Evo Morales renunció y se asiló en México y Argentina.
Jeanine Áñez asumió la presidencia interina luego de la renuncia hasta finales del 2020, cuando el exministro de economía y delfín político de Morales, Luis Arce, asumió el poder tras ganar cómodamente en las elecciones. Una vez en la presidencia, Arce y su partido no tardaron en acusar a Áñez de promover un golpe de estado y formaron una comisión para investigar los hechos que presionaron la renuncia de Morales.
La OEA ha solicitado la liberación de Áñez señalando que el sistema de Justicia actual no ofrece bases sólidas para un “juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, por problemas de estructura y, en particular, de su integración”. Al pedido y denuncias de la OEA se han unido la Unión Europea, grupos activistas de derechos, miembros de oposición y la Iglesia católica boliviana.
Estados Unidos, mediante su Secretario de Estado Antony Blinken, se unió a las denuncias sobre las detenciones de Áñez y exministros por “estar basadas en acusaciones no demostradas, por las aparentes violaciones de debido proceso en su ejecución y por la naturaleza profundamente politizada del trabajo fiscalizador del gobierno boliviano”.
Grupos partidarios de Morales y afines al nuevo gobierno tildaron a las acusaciones de Estados Unidos como hipocresía tras su silencio durante las denuncias de violación a los derechos humanos durante la presidencia de Áñez. La expresidenta en noviembre del 2019 dispuso el uso de fuerza por parte del cuerpo militar en contra de los protestantes afines a Morales, causando la muerte de algunos civiles sin enfrentar repercusiones legales hasta ahora.
El presidente Arce, junto con su homólogo mexicano Andrés López Obrador, exigieron a Estados Unidos y la OEA no intervenir en asuntos internos bolivianos, reprochando el histórico intervencionismo estadounidense en Latinoamérica.
La falta de independencia del sistema judicial boliviano fue una característica intrínseca del gobierno de Evo Morales durante 14 años. Los cargos de terrorismo impuestos sobre Áñez y sus exministros son descabellados puesto que la renuncia de Morales fue incitada por un levantamiento social luego de claros indicios de fraude mientras el expresidente trataba de extender ilegítimamente su mandato. La administración de Áñez, sin embargo, también usó a la justicia como herramienta de turno. Su gobierno presionó a fiscales quienes también usaron equivocadamente el término terrorismo para enjuiciar a más de 100 simpatizantes del partido oficialista y para la formulación de cargos en contra del expresidente Morales.
En el extenso expediente utilizado en el juicio de Morales no hubo evidencia concreta de actos que puedan ser catalogados concretamente como terrorismo.
Ambas administraciones en su momento prometieron que no existiría intrusión política en fiscales y jueces… Promesas ahora claramente vacías. Es evidente la flexibilidad del sistema judicial para acoplarse a las disposiciones del gobierno de turno y servir como justicia vengativa en contra de adversarios. Bolivia merece y necesita urgentemente reformas profundas para garantizar una justicia imparcial sin preferencias políticas o indultos; y así servir eficazmente en la reinstauración del cuerpo institucional boliviano actualmente plagado de influencias oportunistas.
