La amenaza directa a un trabajador estadounidense fue la gota que ha colmado el vaso. El pasado viernes, el Gobierno de Joe Biden informó de que las importaciones de aguacate mexicano habían sido suspendidas hasta que se garantizaran las condiciones de seguridad para la treintena de inspectores estadounidenses que laboran en Michoacán, el único Estado del país que cuenta con la certificación fitosanitaria para enviar toneladas del fruto al mercado estadounidense. La decisión ha dejado en la cuerda floja el envío de más de un millón de toneladas de aguacate anuales y unas exportaciones valoradas en unos 3.500 millones de dólares.
La suspensión temporal de los envíos de aguacate deja en suspenso una relación comercial de más de 25 años que data de la década de los noventa en el marco del entonces Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bajo la apertura comercial de ese entonces Michoacán consiguió el aval de EE UU en 1997 para abastecer la demanda estadounidense de aguacate, un apetito que no ha dejado de crecer: solo en 2021 se consumieron 1,3 millones de toneladas de aguacate en el mercado estadounidense, un aumento del 12% respecto al año previo.
Pero con el auge del llamado oro verde llegó también la atención de los cárteles de la droga de la región y las tensiones entre productores de otros Estados debido a que Michoacán es el único Estado autorizado para exportar, una condición que ha derivado en la triangulación ilegal de aguacate para su venta en el exterior. “Existen rumores de que la fruta que está en el Estado de México, Morelos, Puebla, Nayarit transitaba en las carreteras, se iban hacia los empaques de Michoacán y ahí se enviaba hacia Estados Unidos”, refiere Fernando Cruz, experto en el comercio binacional del aguacate.
A diferencia del Estado norteamericano de Florida, que únicamente puede producir aguacate en dos estaciones del año, México es tierra fértil para este sembradío prácticamente en cualquier mes, lo que supone una producción anual de más de 2,2 millones de toneladas. Una fortuna que ahora se ha convertido en una maldición debido a la intromisión del crimen organizado.
Así la única ruta de exportación del fruto hacia Estados Unidos ha tenido que sortear las dificultades de estar en medio del campo minado que supone el narcotráfico. La región ha cambiado de carteles que buscan hacerse con el control de su territorio, pero las tácticas de extorsión e intimidación a los agricultores no han variado. Si en 2014 los productores del fruto pagaban derecho de piso a la Familia Michoacana y a Los Caballeros Templarios, ahora entregan este tributo al Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde 2019 el Gobierno de Estados Unidos ya había amagado con que suspendería las importaciones de aguacate mexicano ante la oleada de violencia que padecían sus trabajadores. Finalmente, tres años más tarde ha cumplido su advertencia.
Cruz Morales, socio de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, añade que apenas este año los productores de Jalisco comenzarán a enviar aguacate a Estados Unidos tras conseguir la autorización fitosanitaria, un logro que ahora también pende de un hilo de prolongarse esta suspensión comercial. “Seguimos siendo grandes socios de negocio, yo creo que la reacción no puede tardar mucho más de un mes para fijar los protocolos de seguridad y volver a normalizar las relaciones comerciales”, concluye. En tanto, solo en estos cuatro días de suspensión, se calcula que los productores mexicanos ya han perdido más de 32 millones de dólares.
