Dicen los venezolanos que han cruzado la letal selva del Darién que tienen clara la peor parte del camino hacia Estados Unidos: México. Cruzar el país es una pesadilla para los cientos de miles de migrantes que enfrentan la corrupción de las autoridades y la violencia de los carteles hasta llegar a la frontera norte. Hay más de 3.000 kilómetros entre Tapachula y Ciudad Juárez, una de las últimas paradas antes del salto al sueño norteamericano. Algunos migrantes, los que han conseguido un permiso de circulación y cuentan con el dinero, hacen parte del recorrido en bus. El resto camina, huye, se monta en la Bestia. Los trenes de mercancías se han convertido, pese a su peligro, en una forma efectiva de atravesar el país. Esta semana, Grupo México ha inmovilizado más de 60 trenes para evitar que los migrantes puedan subirse, en una llamada de atención al Gobierno, que sigue mirando para otro lado en esta crisis migrante.
Fue una decisión sin precedentes. Ferromex, la empresa del multimillonario Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, decidió el martes detener la operación de 60 convoyes ante la aglomeración de más de 4.000 migrantes dispuestos a jugarse la vida para escalar a los vagones. La compañía informó que había 1.500 personas en los carros de ferrocarril y en el patio de operaciones de Torreón, en Coahuila; otro millar en San Francisco de los Romo (Aguascalientes); 800 en Irapuato (Guanajuato), y más de 1.000 ocupando las góndolas de carga de Ciudad Juárez (Chihuahua).
“Ante el notable incremento de migrantes concentrados en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellos la utilización de trenes de carga para transportarse, Ferromex tiene detenidos temporalmente 60 trenes, equivalentes a la capacidad de 1.800 camiones, en rutas hacia el norte del país, en las regiones impactadas por esta problemática social y humanitaria”, apuntaba la empresa por escrito. Eso después de que en los últimos días se registraran dos migrantes fallecidos y otros cuatro lesionados. Los trenes de mercancía llevan años dejando un rastro de muertes y mutilaciones en México.
Las consecuencias de la medida no se hicieron esperar y algunos analistas cifraron en 40 millones de pesos las pérdidas diarias para la compañía. Además del colapso de las mercancías que se dirigen a Estados Unidos. “Es la primera vez que hay, en tan poco tiempo, este volumen de personas intentando subir a los carrotanques y en las góndolas, es una situación inédita”, indicaron fuentes de Grupo México.
Ante la urgencia, el Instituto Nacional de Migración (Inami) salió al paso y propuso a la compañía “incorporar más Agentes Federales de Migración en la ruta del tren” y, al mismo tiempo, “pidió a la empresa Ferromex que aumente su seguridad privada que viaja en la tripulación”. La dependencia cifraba en 3.000 personas “que abordaron el tren de forma irregular con la intención de llegar a la frontera norte de México”, solo durante septiembre.
A última hora del miércoles, Ferromex anunció que después de la coordinación con el Gobierno iba a restablecer “el tráfico ferroviario solo en las rutas en las que no existen condiciones de riesgo elevado”, pero no especificó cuáles ni cuántas. Además de que había instrumentado “un monitoreo continuo sobre la presencia de migrantes”: “Hora tras hora, se evalúan las condiciones de riesgo”.
Muchas organizaciones de derechos humanos saltaron ante la suspensión de los trenes. La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) apuntaba: “En lugar de ser una medida protectora, agudizará otros riesgos, e incluso, puede generar nuevos problemas para la seguridad de las personas en contexto de movilidad humana. Suspender la operación de rutas del tren no es una solución”. La organización humanitaria afirmaba que “las personas migrantes viajan en el tren, con todos los riesgos asociados, porque las autoridades mexicanas no les dejan otra opción”. Y ponía de ejemplo cómo a los migrantes se les niega la venta de boletos, se les exige ilegalmente requisitos o se les cobra más de lo que cuesta el pasaje.
“Incluso se han cerrado terminales de autobuses, como sucedió recientemente en Arriaga, Chiapas”, apunta Redodem, “y más aún, en colusión con autoridades y grupos criminales, existen retenes en los recorridos donde bajan a las personas, las extorsionan e, incluso, autoridades migratorias les rompen sus tarjetas de visitantes por razones humanitarias u otros documentos de identidad para en muchas ocasiones detenerlos y llevarlos a estaciones migratorias”.
México acumula un historial negro de masacres de migrantes. Desde los 72 de San Fernando, en Tamaulipas en 2017, a los 19 acribillados y quemados en Camargo en 2021, o la última, el incendio este marzo en el centro de detención de migración que acabó con la vida de 40 personas porque nadie les abrió la reja y quedaron encerrados. Ante esa emergencia humanitaria y la inacción del Gobierno mexicano a lo largo de los sexenios, las organizaciones insisten en la necesidad urgente de soluciones. Así, piden, entre otras demandas, que el Instituto Nacional de Migración expida visas humanitarias a las personas migrantes para que puedan comprar boletos y transitar por el país de manera segura, o que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigile y sancione a las empresas transportistas que nieguen la venta de boletos a migrantes o impongan requisitos y tarifas ilegales.
De momento, el Instituto Nacional de Migración solo ha apuntado que “la disuasión y el rescate son los puntos centrales en sus acciones junto con Ferromex para que los migrantes no arriesguen su vida”.
