La Cámara de Diputados de México tiene este domingo una de esas citas para recordar. Los legisladores discuten la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación privada en el sector. Es una de las máximas prioridades del mandatario y se nota en el ambiente, tenso y cargado de soflamas y acusaciones cruzadas de “traición a México”. Morena no cuenta con los votos para la mayoría calificada, pero ha decidido presentar la votación como una batalla por la “soberanía” del país, supuestamente amenazada por empresas extranjeras. La oposición se mantiene firme en su rechazo a la reforma por considerar que encarecerá la electricidad y provocará mayor contaminación.
La discusión ha arrancado pasado el mediodía después de comprobarse una asistencia casi completa, 498 presentes de un total de 500 legisladores. Se prevé un debate largo. Las primeras tres horas se han ido en revisar una petición de Morena para que se expulse de la discusión a Margarita Zavala, diputada del PAN. La morenista Andrea Chávez la ha acusado de “conflicto de interés” porque su esposo, el expresidente Felipe Calderón, fue consejero de una filial de la multinacional española Iberdrola tras dejar el poder. Tras declararse una pausa para revisar la petición, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, ha exhortado a Zavala a excusarse del debate. La diputada se ha negado y ha acusado a Morena de querer retrasar la discusión. “Han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar”, ha declarado.
Resuelta la petición, Morena ha presentado la propuesta de reforma enviada por López Obrador como un intento de “recobrar para el país la conducción de la industria eléctrica” en una serie de discursos sazonados de proclamas nacionalistas. La iniciativa del presidente busca frenar la liberalización de la generación eléctrica, iniciada a principios de los años 90, y “rescatar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en los últimos años ha perdido terreno ante los menores costos de producción de las centrales privadas. Para ello, las modificaciones contemplan cancelar todos los contratos de privados, darle a la CFE por lo menos el 54% de la generación, y privilegiar las centrales de la paraestatal, ya sean más caras o contaminantes. Además, la iniciativa propone que el litio, mineral utilizado en baterías eléctricas, sea explotado exclusivamente por el Estado.
En el arranque del debate, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo ha cargado contra Iberdrola, uno de los blancos favoritos del Gobierno, y ha pedido leer en voz alta los detalles de dos facturas de la empresa. Robledo ha tachado el modelo actual de “libre mercado”. Detrás de la propuesta, en cambio, hay “criterios nacionalistas y técnicos”, ha dicho. Más tarde, el coordinador de la bancada mayoritaria, Ignacio Mier, ha tomado la palabra rodeado de diputados que gritaban “¡quieren robar!” a la oposición. Mier ha dicho que la votación era “seguramente la más importante de la legislatura” y que Morena había integrado 10 de los 12 puntos presentados por la oposición, como la aplicación de menores tarifas para el sector agrícola. Parecía una mano tendida a la minoría pero, poco después, la ha atacado duramente. “¡Sus jefes son Enel, Iberdrola…!”, les ha espetado, y ha puesto la grabación del discurso del expresidente Adolfo López Mateos en el que anunciaba la nacionalización de la industria eléctrica en 1960.
Frente a las acusaciones de Morena, decenas de diputados de la coalición Va por México, formada por PAN, PRI y PRD, han tomado la tribuna para rechazar la reforma, entre gritos de “¡no va a pasar!”. El líder priista, Alejandro Moreno, ha advertido que el bloque mayoritario encajará “la derrota más monumental”. Sobre la iniciativa, el diputado ha acusado a Morena de “dar la espalda a la transición energética”, al limitar la participación de centrales privadas renovables, y ha asegurado que la reforma “abriría la puerta a litigios y pagos de indemnizaciones” por la cancelación de contratos. En la misma línea, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, ha declarado que la “patria no es la CFE” y que la reforma “incrementaría los precios y volvería más lenta la transición energética”. Gutiérrez Luna se ha visto obligado a llamar al orden a los diputados ante las constantes interrupciones de los oradores.
Aunque se debatía la reforma eléctrica, la discusión ha tomado por momentos tintes más generales sobre el momento político que se vive. La oposición ha augurado que este domingo se abre un nuevo capítulo con un Poder Legislativo más dispuesto a plantarle cara al Ejecutivo. “Hoy les decimos que estamos más unidos que nunca”, ha declarado Jorge Romero, del PAN, sobre la unidad de la coalición Va por México. Alejandro Moreno ha advertido al bloque mayoritario que la oposición “no va a pasar ninguna propuesta” del Gobierno si sigue con “esa actitud soberbia”, en referencia a las reformas electoral y de seguridad anunciadas por López Obrador. Del bando contrario, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, aliado de Morena, ha asegurado que la “traidora” oposición “cava su propia tumba” y ha pronosticado el triunfo del movimiento de López Obrador en las elecciones estatales de junio y en las presidenciales de 2024.
La tensión ha estado presente desde un inicio. Antes de abrirse la sesión, los dos bandos se han lanzado soflamas en el salón del pleno. “¡No va a pasar, no va a pasar!”, exclamaban los representantes de la oposición. “¡Esos son, esos son los que venden la nación!”, respondían los diputados de Morena. Uno de ellos iba vestido con el uniforme y el casco de los mecánicos de la CFE, en señal de apoyo a la paraestatal. Muchos de los gritos morenistas iban dirigidos al PRI, el partido al que han tratado de convencer sin éxito de votar a favor de la reforma. “Si el PRI pudiera, a su madre vendiera”, repetían. En medio del barullo, el líder priista, Alejandro Moreno, decía que no con el dedo. Los legisladores de Movimiento Ciudadanos se paseaban por el salón con máscaras antigás y con carteles a favor de las energías limpias.
Fuera de la Cámara, varios cientos de seguidores de López Obrador se han congregado desde temprano para reclamar que se apruebe la reforma y para seguir el debate a través de una pantalla gigante. “No queremos que el sector quede en manos de las empresas extranjeras. El Estado debe de tener el control”, dice Ernesto Cortés, un comerciante de 46 años, con varias banderitas en la mano. Cortés asegura que se quedará allí “hasta que se vote” la iniciativa. Graciela Escobedo, comerciante de calzado de León, en el Estado de Guanajuato, se ha desplazado en bicicleta desde el centro de la Ciudad de México para apoyar una reforma que, según ella, “beneficia al pueblo”. Las empresas, dice, “siempre buscan las ganancias”, a diferencia de la CFE. Los gritos de “¡no traicionen!” de los manifestantes llegaban hasta el patio central de la Cámara, donde diputados, asesores y periodistas iban y venían y se hacían selfies para inmortalizar el momento.
La aprobación de la reforma luce cuesta arriba. Morena y aliados necesitan 334 diputados para alcanzar la mayoría de dos tercios, 56 más de los que tienen ahora. En los últimos días, el presidente López Obrador ha intensificado su presión sobre los diputados de la oposición, principalmente los del PRI, a quienes ha pedido rebelarse contra la decisión de sus dirigentes. “¿Cómo el presidente de un partido les da órdenes? ¡No es correcto! Ojalá y los diputados se liberen”, reclamó esta semana López Obrador. Por ahora, las presiones solo han logrado el cambio de bando de un legislador, el priista Carlos Miguel Aysa Damas, hijo de un exgobernador de Campeche cuyo inminente nombramiento como embajador depende de Morena.
La reforma eléctrica ha centrado la agenda pública desde que el presidente presentó la propuesta a finales de septiembre pasado. Las organizaciones ambientalistas han alertado de que las modificaciones aumentarán las emisiones de gases contaminantes, mientras las empresas han amagado con pedir indemnizaciones multimillonarias si se cancelan contratos vigentes. Por otra parte, la iniciativa ha tensado las relaciones bilaterales con el Gobierno de EE UU, que ha amenazado con utilizar el acuerdo comercial de Norteamérica, el TMEC, para demandar a México.
