El robo de combustibles ha quedado fuera del radar del Gobierno de México: ¿avance o retroceso?

Sea cual sea la razón, la transparencia sale perdiendo

En un movimiento que levanta sospechas y preocupaciones, la nueva administración federal ha decidido eliminar del Informe Diario de Seguridad el apartado que detallaba el “Desvío de hidrocarburos”. Este segmento, como ha informado el periódico Reforma, era vital para entender la magnitud del robo de combustible a Pemex, revelando que hasta el último día de la gestión anterior, se sustraían 4 mil 700 barriles diarios del sistema de distribución de la petrolera.

Pemex, en su informe más reciente, ofrece una imagen dual del problema. De enero a septiembre de 2024, se registraron 8 mil 790 “piquetes” a la red de ductos, una disminución del 21% respecto a los 11 mil 140 del mismo periodo de 2023, según fuentes de Reforma. Esta reducción podría interpretarse como un avance, pero la realidad en varios estados del país pinta un panorama diferente.

En Coahuila, por ejemplo, el número de puntos de ordeña se ha casi triplicado, pasando de 169 a 454 casos, mientras que en Nuevo León se ha observado un alarmante aumento del 64%, de 366 a 602 tomas clandestinas. Querétaro no se queda atrás, con un incremento del 62%, de 288 a 467 puntos. Oaxaca, Chihuahua y Tamaulipas siguen la misma tendencia con aumentos del 34%, 32% y 28% respectivamente, lo que se traduce en un incremento de puntos de ordeña desde 67 a 90, 82 a 108, y 732 a 938, de acuerdo con los datos proporcionados por Reforma.

Las organizaciones criminales detrás de este ilícito han sido identificadas por la inteligencia militar, Pemex y la Fiscalía General de la República (FGR) como los cárteles de Jalisco, del Noreste, Santa Rosa de Lima, y grupos locales, que operan con el apoyo de algunas comunidades. La colaboración de estos grupos con la población local, según reportes de Reforma y fuentes de Pemex, complica aún más la lucha contra el huachicoleo.

La decisión de eliminar el apartado de “Desvío de hidrocarburos” del informe diario plantea múltiples interrogantes. ¿Por qué ocultar esta información si el objetivo era demostrar una administración más eficiente en el combate al robo de combustible? La transparencia es esencial no solo para informar al público, sino también para permitir una evaluación crítica de las políticas gubernamentales y ajustar estrategias para ser más efectivas.

Al eliminar este apartado, el problema no se resuelve; simplemente se vuelve menos visible. En México, donde la seguridad energética es una cuestión de interés nacional, esta falta de transparencia podría interpretarse como un retroceso significativo. Ahora, más que nunca, es crucial mantener un ojo vigilante y crítico sobre cómo se gestiona y se comunica la lucha contra el robo de combustible. Porque, aunque los números puedan sugerir una disminución en el problema, la realidad en el terreno, según Reforma y múltiples fuentes, muestra un cuadro mucho más complejo y preocupante, uno que no se puede ignorar ni ocultar con una simple omisión en un informe.

La transparencia debe ser la base para cualquier lucha contra la delincuencia organizada y, sin ella, los logros proclamados por el gobierno podrían ser vistos con escepticismo. El huachicoleo sigue siendo un desafío que exige no solo acción, sino también honestidad en la comunicación de los esfuerzos y resultados obtenidos.