Estados Unidos ha redoblado su defensa ante posibles abusos laborales cometidos en México. Bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TMEC), los trabajadores mexicanos han hallado en el Gobierno estadounidense un aliado para defender sus derechos. A casi tres años de la entrada en vigor el tratado comercial entre México, EE UU y Canadá, la Administración federal de EE UU ha presentado 11 quejas laborales contra empresas en México por presuntas violaciones de la libertad de asociación. El último caso apunta al segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, y a su mina San Martín, en el Estado de Zacatecas.
La Oficina de la Representante Comercial de EE UU ha pedido este viernes a la secretaria de Economía en México, Raquel Buenrostro, que investiguen a la minera propiedad de Grupo México, donde trabajan unas 1.000 personas, por presuntas violaciones a los derechos de libre asociación y a la negociación colectiva de trabajadores. La petición, bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, deriva de una denuncia que el sindicato Los Mineros presentó en mayo pasado.
México cuenta con un plazo máximo de 10 días para deliberar si inicia una investigación, como ha pedido EE UU, o la rechaza. De acceder a investigar, las autoridades mexicanas tienen 45 días más para hacer sus pesquisas y dar sus conclusiones. Esta misma semana, el Gobierno de Biden ha pedido a México que indague a una fábrica de textiles en Aguascalientes, propiedad de la compañía Industrias del Interior (Inisa).
En este penúltimo caso, la petición de EE UU también se dio tras la denuncia en mayor del Sindicato de Industrias del Interior, afiliado al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), debido a que la compañía que confecciona prendas de mezclilla se ha negado a negociar un incremento salarial de 8% y despidió a personal que apoya cambios sindicales. La organización aseguró que la textilera forzó a los trabajadores para que aceptaran las revisiones del contrato colectivo de trabajo propuestas por la empresa e interviniendo en los asuntos internos del sindicato. El sindicato, incluso, ha acusado que la compañía despidió a cinco empleados en represalia. “Este anuncio demuestra nuevamente el compromiso de la Administración Biden-Harris de utilizar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para salvaguardar los derechos de los trabajadores y las promesas consagradas en el T-MEC”, añadió.
A diferencia del antiguo Tratado de Libre Comercio, uno de los puntos más relevantes del TMEC ha sido la vigilancia para que los contratos colectivos de trabajo sean verdaderamente representativos de los sindicatos. Estados Unidos no ha dudado en usar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para denunciar las supuestas malas prácticas laborales del otro lado del río Bravo. En mayo de 2021, diez meses después de la entrada en vigor del TMEC, EE UU presentó el primer caso por la negación de los derechos de libre asociación y negociación colectiva a los trabajadores de General Motors, en Silao, Guanajuato.
En el balance, la mayoría de las quejas versan contra empresas de autopartes, un sector crucial en las exportaciones rumbo a EE UU. A la armadora General Motors le seguirían la planta de autopartes Tridonex, en Matamoros (Tamaulipas); la fábrica de autopartes de Panasonic, también en Tamaulipas; la planta de autopartes Teksid Hierro, de Stellantis y más recientemente Draxton, en Guanajuato y Goodyear, en San Luis Potosí. Sin embargo, la vigilancia de EE UU ahora también abarca a textileras, manufacturas y el sector minero.
En los últimos dos años algunas de estas reclamaciones ya se han resuelto, por ejemplo, la fábrica Unique Fabricating, en Querétaro, después de ser señalada por EE UU, se comprometió a garantizar los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en la empresa; en el caso de Manufacturas VU, en Piedras Negras (Coahuila), la queja se resolvió con un plan de remediación que promete el respeto por la elección de representación sindical de los trabajadores, libre de interferencias en las actividades sindicales.
A la fecha cinco de las 11 quejas contra México se han concluido sin la necesidad de paneles arbitrales, sin sanciones arancelarias o bloqueos por parte de EE UU, por el contrario, los derechos de los trabajadores implicados fueron reparados y las empresas señaladas siguen siendo parte del TMEC. De acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría del Trabajo, solo dos peticiones han sido rechazadas por México: las de la empresa BBB y Saint Gobain.
Manuel Fuentes, experto en Derecho laboral, explica que mientras en México las quejas laborales pueden resolverse en años, porque no existen plazos mínimos y las sanciones o multas llegan a ser reducidas, el Mecanismo de Respuesta Laboral Rápida del TMEC exige que estas controversias se diriman en un máximo de cuatro meses y con el riesgo de sanciones arancelarias. “Sin la presión internacional no habría este mecanismo que ha logrado restaurar derechos colectivos laborales que a través de la legislación nacional es muy difícil de hacer cumplir”, señala.
Para el especialista, la entrada en vigor de este nuevo mecanismo sí está ayudando a mejorar los derechos de los trabajadores en las empresas que exportan e importan a EE UU y Canadá. Con la vigilancia externa, advierte Fuentes, el Gobierno estadounidense busca frenar el dumping salarial e incluso promover un traslado de plantas a su territorio. El experto lamenta que esta eficaz herramienta solo abarque a las firmas integradas bajo el paraguas del TMEC y no al resto de empresas en México. “Sería importante que la legislación nacional pudiera reformarse porque hay dos mundos, uno que está bajo la cobertura del TMEC, bajo el amparo internacional, pero el resto de los trabajadores no lo está”, concluye.
Jorge Alfonso Bouzas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) añade que la experiencia del antiguo TLC forzó a una renovación de las reglas en el renovado TMEC, incluso, refiere que esta cifra de quejas aún es mínima respecto al dinamismo de la economía mexicana.
El profesor e investigador de la UNAM celebra que este mecanismo vaya sobre las empresas y no contra los países, por el contrario, ha propiciado que los sindicatos busquen la legitimidad de sus agremiados, ha puesto límites a los sindicatos “de rancho” sin la necesidad de llegar a un panel arbitral. “El ponerle dientes al TMEC me parece que era lo esperable, no hubiera sido consensuado con Canadá y con Estados Unidos la firma del Tratado de América del Norte, sin darle a la sociedad aquello que pedía, que era frenar lo que para ellos era competencia desleal por las condiciones laborales en México”, zanja.
