En México, las prisiones están llenas de personas potencialmente inocentes. De cada cinco personas privadas de la libertad, dos no tienen sentencia, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario. Esto representa 88.000 personas que podrían eventualmente ser liberadas, pero que no conocerán su sentencia, sino hasta en 10 meses, el tiempo promedio que dura la espera.
La situación es tan grave que, en 11 de 32 estados mexicanos, la probabilidad de estar en prisión sin sentencia es mayor que la de estar en prisión con ella. En Tlaxcala, el 70% de la población en prisión no tiene sentencia y en Quintana Roo el 65%.
El principal culpable detrás de esta tendencia es la reforma constitucional que en 2019 extendió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Con el apoyo de los diputados de Morena, y un sector importante del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, esta reforma aumentó la cantidad de delitos que ameritan la privación de la libertad sin que haya necesidad de analizar y justificar las razones para ello. En el senado, solo MC votó completamente en contra.
La reforma fue un retroceso mayor en términos de derechos humanos, pues incluyó delitos de alta incidencia como el robo a casa habitación y a transporte de carga, así como un grupo amplio de conductas delictivas que van desde el abuso o violencia sexual contra menores y el feminicidio, hasta el huachicol, el enriquecimiento ilícito y hasta el uso de programas sociales con fines electorales, por mencionar algunos.
Desde entonces, la cantidad de personas privadas de su libertad sin sentencia ha aumentado. De 2019 a 2023, el número de personas privadas de su libertad sin sentencia ha crecido en 27%. Eso significa que, desde que se aprobó la reforma, diario se han metido a 13 personas a la cárcel sin darles una sentencia.
Como ha documentado Intersecta, una organización de la sociedad civil que ha estudiado el tema, gran parte del aumento puede explicarse por la prisión preventiva oficiosa. Antes de 2019, lo común era que solo el 30% de los delitos que se atribuyen a las personas en prisión preventiva fueran oficiosos, para 2021 el dato ya era de 42%. Y según el último Censo, el 50% de las personas privadas de la libertad sin sentencia son casos de prisión oficiosa.
Sin embargo, no todo el encarcelamiento masivo de personas es atribuible a la reforma. El actuar discrecional de jueces a nivel local también parece importante. De hecho, a pesar de que la ley aplica a todo el país, existe amplia diversidad en sus efectos. El número de personas en prisión sin sentencia en Coahuila se ha cuatriplicado. En Tlaxcala y Yucatán casi se ha triplicado, y en Nuevo León y Quintana Roo se ha duplicado. En cambio, en otros estados ha disminuido, como es Campeche, Colima, Durango, Zacatecas, Baja California Sur, Tabasco, Chihuahua y Tamaulipas.
Los tiempos políticos por ahora no parecen favorecer una contrarreforma constitucional. Todos los partidos están concentrados en una elección que será en un año y han dejado de gobernar. Sin embargo, no cabe duda de que el próximo gobierno federal deberá considerar reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. México está abusando de la prisión preventiva porque su sistema de justicia esta roto. Se priva de la libertad a las personas como una forma de castigo instantáneo ante la imposibilidad de juzgar a las personas de manera expedita y efectiva.
