El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el cierre de una unidad de inteligencia de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que recibía información confidencial de las autoridades federales mexicanas desde los noventa con el objetivo del combate al narcotráfico. Esta semana, la agencia Reuters informó en exclusiva sobre la disolución de este grupo especializado que colaboró, entre otras misiones, en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. El mandatario ha explicado que la desintegración de la unidad no es reciente, sino de hace un año, y esto se debió a que “ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia”. Los ha acusado también de “haber fabricado delitos”, poniendo como ejemplo el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y después liberado a México tras fuertes por presiones diplomáticas.
El grupo era una de las Unidades de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que son consideradas imprescindibles para los agentes estadounidenses que trabajan en el desmantelamiento de redes de contrabando y la captura de los capos de la droga. Estas unidades son entrenadas por la DEA, pero permanecen bajo el control de los Gobiernos nacionales. Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando, según informa la agencia.
La filial mexicana fue fundada en 1997 durante el sexenio de Ernesto Zedillo y operó de manera ininterrumpida como un apéndice de la Policía Federal en los mandatos de Vicente Fox (2000 a 2006), Felipe Calderón (2006 a 2012) y Enrique Peña Nieto (2012 a 2018), lapso durante el que protagonizó operaciones de alto impacto en el combate al narcotráfico gracias a un acceso privilegiado a información de inteligencia estadunidense. Entre otras operaciones, se le atribuye haber contribuido a la primera captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016.
El Gobierno mexicano informó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según informó la agencia esta semana. No obstante, es la primera vez que una fuente oficial, en este caso el presidente de México, confirma la ruptura de colaboración entre este grupo especializado de inteligencia y las autoridades mexicanas, cuyo trabajo se mantuvo desde hace décadas. “Eso sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política. Porque nosotros mantenemos cooperación, pero procuramos que se respete nuestra soberanía y antes, entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían”, ha señalado López Obrador durante la conferencia de prensa de este jueves.
El mandatario ha recordado el caso del general Salvador Cienfuegos, como un ejemplo de cómo los servicios de inteligencia estadounidenses habían sido capaces “de fabricar delitos”. El militar, quien fue secretario de Defensa del Gobierno de Peña Nieto, regresó a México a mediados de noviembre de 2020 después de ser acusado por Estados Unidos de cooperar con el clan de narcotraficantes de los Beltrán Leyva. Una petición por vía diplomática del Gobierno de López Obrador obligó a Washington a retirarle los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tan solo un mes después de haber sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, el 15 de octubre de ese año. El Gobierno mexicano hizo pública parte de la investigación de la justicia estadounidense a los medios —con la mayor parte de los documentos tachados— para justificar la decisión de la Fiscalía mexicana de exonerarlo.
Uno de los factores clave para la disolución de esta unidad fueron las declaraciones del entonces agente de la DEA Víctor Vázquez durante el juicio de El Chapo Guzmán en Estados Unidos. El exagente no solo habló sobre cómo había sido la detención del capo más buscado, sino que mostró vídeos cómo él estaba vestido con uniforme de la Marina, armado como ellos y daba órdenes a ese grupo de élite mexicano, una práctica fuera de la ley mexicana. El exagente puso en evidencia por primera vez el poder de la agencia estadounidense sobre las autoridades nacionales. Poco después, el Gobierno de López Obrador se planteó revisar el papel de los agentes de la DEA en territorio mexicano.
La relación con la agencia se complicó todavía más después del caso Cienfuegos, pues el Gobierno mexicano llegó a condicionar la presencia de algunos agentes de la DEA a la presencia también de agentes mexicanos en Estados Unidos para regular el tráfico de armas. La decisión tenía como objetivo “recuperar la soberanía”, en palabras de López Obrador. Y de evitar, como ha insistido en numerosas ocasiones, que estos cuerpos de inteligencia extranjeros trabajaran en territorio nacional sin rendir cuentas a las autoridades federales.
