Carlos Alburquerque no es el típico candidato a la rehabilitación. Es un abuelo de 75 años que vive en Córdoba, una ciudad del sur de España. Fue notario de la ciudad antes de jubilarse en 2015. Hace años que no toca las drogas ni el alcohol.
Pero el suyo no es el típico programa de intervención: es un campamento de rehabilitación que durante 11 meses intenta reformar a los funcionarios españoles corruptos y “reinsertarlos” en la sociedad.
“Resarcir el daño es lo que me queda a mí en esta vida”, dijo Alburquerque, quien cumple una condena de cuatro años de prisión por robar unos 400.000 euros, casi medio millón de dólares, en su trabajo de redacción de contratos y escrituras.
A lo largo de 32 sesiones en una austera sala de conferencias del centro penitenciario de Córdoba, Alburquerque será supervisado por un equipo de psiquiatras. Se sentará en un círculo con otros funcionarios condenados para sesiones de terapia de grupo con títulos como “capacidades personales” y “valores”. Es, en cierto modo, el conejillo de Indias de un experimento destinado a responder a una vieja pregunta: en el fondo del alma de un estafador como Alburquerque, ¿podría haber un hombre honesto?
El hecho de que exista un programa de este tipo en España puede decir mucho sobre la creencia del país en las segundas oportunidades, así como sobre la forma en que la corrupción ha capturado la imaginación pública. Si abres un periódico o enciendes la radio oirás hablar de tramas, escándalos y artimañas que casi siempre conducen al erario.
Por ejemplo, está el llamado “caso Gürtel”, a veces denominado el “Watergate español”, que estalló tras descubrirse una serie de sobornos por contratos públicos en un cuaderno del tesorero del Partido Popular. El escándalo hizo que ese movimiento político perdiera el poder en 2018. También está el “caso Palau”, en el que el presidente de una sala de música catalana defraudó 23 millones de euros, y usó los ingresos para renovar viviendas y tener lujosas vacaciones, entre otras extravagancias.
En la rocosa región costera de Galicia, la policía atrapó a una red de funcionarios municipales corruptos en un operativo llamado “Operación Pokémon”. Nunca quedó claro por qué la bautizaron con el nombre de un videojuego japonés, pero algunos especularon que fue por el gran número de funcionarios implicados. (Hay cientos de personajes de Pokémon).
En una tarde reciente, Ángel Luis Ortiz, un exjuez que ahora dirige las prisiones españolas, dejó escapar un largo suspiro mientras miraba desde su oficina hacia el centro de Madrid durante una conversación sobre los problemas de España con la malversación pública. Los ciclos de auge y caída de la economía española la han llevado a tener una larga historia de defraudadores y traidores de la confianza pública, dijo.
Pero, al menos, los índices de corrupción en España no son peores que los de otras naciones europeas, dijo Ortiz, ya que solo representan el cinco por ciento de todos los delitos. (La organización anticorrupción Transparencia Internacional coloca a España justo por debajo de Francia y por encima de Italia). Fue la voluntad de España de rehabilitar a los delincuentes lo que la diferenció del resto, dijo Ortiz, una oferta que ahora se extiende a unos 2044 ladrones de cuello blanco que están en las cárceles españolas.
Hasta ahora, nueve prisiones llevan a cabo el programa, que comenzó en marzo. Los presos no obtienen una reducción de condena por participar, pero los funcionarios dicen que la participación se ve con buenos ojos cuando llega el momento de solicitar la libertad condicional.
¿Quién puede participar? Es un verdadero “Quién es quién” de España.
Está el cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, el guapo jugador olímpico de balonmano y exduque español que cumple una condena por fraude de casi seis años, y participa en el programa. También está inscrito Francisco Correa, un empresario atrapado en el Caso Gürtel. (Aunque los españoles le conocen más por su apodo, “Don Vito”, una referencia a la trilogía de El Padrino).
A pesar de todos los voluntarios, Ortiz sigue pensando que su mayor reto es convencer a los funcionarios corruptos de España de que realmente hay algo malo en ellos.
“Son gente que tiene dinero, que tiene poder, y, sin embargo, nosotros estamos luchando contra esa sensación de que ellos tienen impunidad y esa sensación de que no necesitan tratamiento”, dijo.
Para ello, el gobierno recurrió a Sergio Ruiz, un psiquiatra de prisiones de la ciudad sureña de Sevilla que ayudó a diseñar el programa. Ruiz dijo que, además de conseguir que los participantes reconozcan sus defectos en la terapia de grupo, se les pediría que participaran en sesiones de “justicia restaurativa” en las que les pedirán perdón a sus víctimas.
Ruiz explicó que se sorprendió al principio cuando buscó en la literatura científica y no encontró casi nada sobre la rehabilitación de ladrones de cuello blanco. Los psiquiatras habían estudiado a los asesinos hasta la saciedad, explicó Ruiz. Pero pocos se habían molestado en meterse en la mente del funcionario turbio que estafó el fondo público de la basura.
Así que Ruiz decidió realizar su propio estudio. Pidió voluntarios a tres grupos —presos de cuello blanco, delincuentes violentos y un grupo “de control” de españoles corrientes— y encuestó a cada uno de ellos sobre sus valores y creencias.
Los resultados sorprendieron a todos, dijo.
“Pensamos que estas personas son despiadadas, pero no es así”, dijo Ruiz sobre los delincuentes de cuello blanco. “Presentan un sistema de valores exactamente igual que cualquier ciudadano”.
En cambio, dijo Ruiz, las mentes corruptas tienen una capacidad única para crear excepciones a sus propias reglas, lo que los psicólogos cognitivos llaman a veces como “desentendimiento moral”. Tienen formas intrincadas de explicar sus fechorías como algo que beneficia a otros y no a ellos mismos.
Y Ruiz encontró niveles peligrosos de otros dos rasgos en los defraudadores.
“El egocentrismo y el narcisismo”, dijo.
A primera vista, Alburquerque, el notario corrupto de Córdoba que se ofreció a rehabilitarse, no parece tener mucho de ninguno de los dos. Es apacible y habla en voz baja incluso en medio del bullicio de la penitenciaría. Es difícil imaginar que se haya embolsado casi medio millón de dólares antes de ser capturado.
“Aquí hay que asumir la culpa”, dijo, admitiendo que se había equivocado.
Pero hay más en la historia, dijo Alburquerque.
Si bien es posible que hayan desaparecido sumas de dinero bajo su vigilancia, siempre se había asegurado de que sus empleados estuvieran bien pagados, a diferencia de muchas otras notarías, dijo. Incluso había intentado devolver gran parte del dinero defraudado antes de ser descubierto. Cualquiera en Córdoba podría dar fe de que era un miembro clave de la ciudad, añadió.
“Yo tengo una ventaja sobre el resto de muchos mortales, que es dormir cinco horas menos que los normales”, dijo sobre su ética de trabajo. “Siempre lo que he hecho ha sido trabajar y estudiar”.
Son palabras que Yolanda González Pérez, la directora de la cárcel, dice haber escuchado antes a otros ladrones que no han aceptado del todo sus delitos.
“Se dicen a sí mismos ‘no soy tan delincuente como los demás’”, dijo.
Pero Ortiz, el director del sistema penitenciario español, no está preocupado. Está dispuesto a arremangarse con Alburquerque y otros participantes que podrían estar dispuestos a replantearse sus viejas costumbres.
Quizá se produzca un avance al principio, cuando, según un resumen del manual de rehabilitación, los psiquiatras inicien el proceso de “la alianza terapéutica” para formar un vínculo con los funcionarios corruptos.
O más adelante, en la quinta semana, cuando los internos “finalmente abordarán temas relacionados con el desarrollo de la humildad y la empatía”.
Se necesita paciencia para cambiar a alguien, dijo Ortiz.
“Podemos estar meses haciendo sesiones”, dijo. “A los condenados a prisión los vamos formando y vemos cuando la fruta está madura”.
