En base al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desarrollan los lineamientos generales del sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenidos de videojuegos. El artículo cuarto establece que el Estado debe proteger y velar por el desarrollo de la familia. De igual forma, dispone que en todas las decisiones del Estado se debe cumplir con el principio del interés superior de la niñez.
Asimismo, el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considera el interés superior de la niñez como lo primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión que involucre a niños, niñas y adolescentes, en diferentes interpretaciones.
Por otro lado, la industria de los videojuegos en México ha ido subiendo constantemente de nivel. Según la revista de Business Insider, los videojuegos dejan $32,000 millones de pesos y crece casi 20% de manera anual. The Competitive Intelligence Unit (CIU) demuestra que el crecimiento de videojuegos en México se debe a la adopción de dispositivos inteligentes.
Ahora bien, debido a este constante crecimiento, surgió la necesidad de emitir los lineamientos para clasificar los videojuegos según su contenido. Se publicó el pasado 27 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos generales del sistema mexicano. El objetivo primordial es establecer las especificaciones gráficas para las advertencias, descripciones de contenidos y elementos interactivos, que deben implementar los Sujetos Obligados respecto de los videojuegos distribuidos o comercializados en México.
Para efectos de clasificación, se establece en el Capítulo Segundo los diferentes tipos: La Clasificación A de contenido para todo público; la Clasificación B de contenido para adolescentes arriba de los 12 años; la Clasificación B15 para mayores de 15 años; la Clasificación C es de contenido no apto para menores de 18 años; y por último la Clasificación D de contenido extremo y adulto. Se le aplica una clasificación en los mismos parámetros que las películas cinematográficas.
Por último, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, podrán vigilar el cumplimiento de las disposiciones en apoyo y coordinación de otras autoridades.
