Según un nuevo informe de la junta independiente establecida por los Estados Unidos para evaluar los cambios que deben de ser establecidos en virtud del T-MEC, México ha progresado en la implementación de las amplias reformas del sistema laboral requeridas por el nuevo tratado, pero aún quedan serios desafíos,
El informe, el primero que publica la Junta Independiente de Expertos Laborales de México, resalta uno de los principales desafíos comerciales para el entrante gobierno de Joe Biden: asegurar que se cumplan los objetivos del Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC por su sigla en español), que entró en vigor a principios de este año.
El pacto comercial, que remplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde hace un cuarto de siglo, buscaba mejorar las condiciones laborales y el pago de los trabajadores mexicanos, como forma de evitar que las compañías subvalorasen a los trabajadores estadounidenses y canadienses al trasladar sus fábricas a México. Entre otros cambios, el acuerdo pidió reformas radicales en las leyes e instituciones de México para hacer más democráticos sus sindicatos, y establecer organismos independientes como tribunales laborales para hacer cumplir esas reformas.
Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers y presidente de la junta independiente, dijo que “queda por ver si las reformas laborales de México permitirán a sus trabajadores escapar de los salarios de miseria que tanto daño les han hecho, y —a través de la competencia desleal— a los trabajadores en Estados Unidos”.
Michael Wessel, asesor laboral del Representante de Comercio de Estados Unidos que ayudó a crear la junta, dijo que los esfuerzos del gobierno Biden serán cruciales para determinar si el T-MEC se considera finalmente un éxito.
“El gobierno entrante de Biden debe dedicar tiempo y energía considerables para hacer que el T-MEC funcione”, dijo. “El apoyo a los nuevos acuerdos comerciales dependerá, en parte, de cuán exitosos sean los cambios en el T-MEC, en el avance de los derechos de los trabajadores y el logro de un cambio identificable y significativo”.
Los cambios son un intento de abordar lo que los políticos tanto de la derecha como de la izquierda ven como uno de los principales defectos del TLCAN: su papel de alentar a los propietarios de las fábricas a trasladar sus operaciones a México.
Cuando se introdujo el TLCAN en 1994, economistas y políticos sostuvieron que sería una fuerza poderosa para aumentar los salarios de los trabajadores en México, al ubicar a la economía mexicana en una posición más equitativa y segura con el resto de América del Norte. Pero desde que el acuerdo entró en vigor en 1994, los trabajadores menos cualificados de México han experimentado ganancias salariales limitadas.
Los demócratas progresistas de Estados Unidos han históricamente sostenido que este desempeño mediocre se debe en parte a una profunda corrupción del sistema laboral mexicano. En particular, han culpado a los “contratos de protección”, o falsos acuerdos colectivos hechos por sindicatos controlados por las empresas sin el aporte de los trabajadores. Estos acuerdos fijan salarios bajos y malas condiciones de trabajo, y podrían constituir hasta tres cuartas partes de los convenios colectivos en México, según el informe.
Los trabajadores y activistas que desafían este sistema pueden ser objeto de acoso, detención y violencia, según el informe. Los defensores laborales estadounidenses han señalado recientemente el caso de Susana Prieto Terrazas, una activista laboral mexicana que fue detenida por intentar organizar a los trabajadores en el estado de Tamaulipas en junio, poco antes de que el nuevo pacto comercial entrase en vigor.
Como parte de una ley laboral aprobada el año pasado, México está estableciendo tribunales y monitores laborales independientes e intenta recertificar cientos de miles de convenios colectivos entre las empresas y sus empleados mediante votaciones secretas antes del 1 de mayo de 2023, entre otras disposiciones.
En su primer informe, la junta elogió al gobierno de México por continuar sus esfuerzos para ampliar los derechos laborales a pesar de la escala del emprendimiento y las complicaciones de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, identificó “una serie de preocupaciones serias” con la aplicación de la nueva ley laboral de México que, según dijo, deben ser atendidas con prontitud.
El informe manifiesta que la mayoría de los trabajadores sindicalizados todavía no pueden elegir democráticamente a sus dirigentes; que el antiguo sistema de contratos de protección permanece intacto; y que los trabajadores que han intentado desafiar estas condiciones han sido despedidos, encarcelados o asesinados.
El reporte añade que el ritmo de aprobación de los nuevos convenios colectivos está muy atrasado en relación con lo que debería ser, y que el proceso de establecimiento de tribunales y supervisores independientes se ha visto obstaculizado por el incumplimiento de los plazos y la falta de recursos. También pide más fondos para ayudar a los mexicanos a crear sindicatos independientes y para mejorar la capacidad de los inspectores laborales mexicanos para hacer cumplir las nuevas normas laborales.
“Muchos de los cambios prometidos para mejorar la vida de los trabajadores, en términos de democracia sindical, libertad de asociación y negociación colectiva, aún no se han implementado”, concluye el informe.
