Francia, se ha convertido este lunes en el primer país en incluir el derecho al aborto en su Constitución. Por 780 votos a favor, una mayoría ampliamente superior a los tres quintos requeridos, los senadores y diputados reunidos en sesión extraordinaria han votado consagrar en la ley fundamental la “libertad garantizada” a la interrupción voluntaria del embarazo. Al anunciarse el voto, a las el hemiciclo, de izquierda a derecha, ha estallado en un aplauso en pie de más de dos minutos.
Ha sido una ceremonia solemne y emotiva, en el augusto marco de hemiciclo del ala sur del Palacio de Versalles, símbolo del poder absoluto de Luis XIV, el Rey Sol, y de la grandeur, la grandeza francesa. La carga emocional era elevada y alcanzaba las tribunas del público y de prensa. Los sentimientos eran igualmente intensos. La sensación, en una inmensa mayoría de escaños, de una victoria en un combate de medio siglo o más para reconocer como fundamental un derecho discutido o directamente suprimido en partes del mundo. Y la resignación, en una minoría muy reducida y apenas audible, ante lo que en estos sectores se considera un atentado contra la vida humana. Ningún orador, durante el debate previo, pidió el no.
La inscripción del derecho al aborto en la Constitución es más que un símbolo, según los promotores de la iniciativa, que ha recogido apoyos desde la extrema derecha a la extrema izquierda, un momento inhabitual de unidad más allá de las etiquetas partidistas. Es una manera de blindar un derecho que, desde Estados Unidos hasta países europeos y a Argentina, se ve amenazado.
Es una manera, también, de enviar un mensaje al mundo “una promesa para las mujeres que luchan por todo el mundo por el derecho a disponer de su cuerpo, en Argentina, en Estados Unidos, en Andorra, en Italia, en Hungría, en Polonia”, dijo Mathilde Panot, líder del partido de izquierdas La Francia Insumisa, en una enumeración de países que restringen este derecho o plantean hacerlo.
“¿Acaso Francia va contracorriente? No, está en la vanguardia. Está en su lugar. Es su misión y ahí se la espera”, ha afirmado la presidenta dela Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, en el discurso de apertura del Congreso, el órgano que reúne a diputados y senadores. Braun-Pivet, primera mujer que preside un Congreso, añadió: “Basta un instante para caer, para que todo aquello que dábamos por adquirido ya no lo sea. Sí, hemos avanzado, pero nos queda tanto por hacer en el camino hacia la igualdad.”
Tras los discursos de los líderes parlamentarios, el Congreso aprobó modificar el artículo 34 de la Constitución e introducir en él el párrafo siguiente: “La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada para la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo.” Es la vigesimoquinta revisión constitucional desde que se fundó la V República en 1956 y la primera desde 2008. La adopción de la reforma requería un mínimo de tres quintas partes de los parlamentarios, umbral que se superó con amplitud. “¡Qué victoria! ¡Qué felicidad! ¡Qué orgullo!”, celebró la senadora socialista Laurence Rossignol.
La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Francia desde la adopción de la ley impulsada hace medio siglo por la ministra de centroderecha Simone Veil. La ley goza de un consenso amplio, más allá de las ideologías. Pero siempre podía ocurrir que llegase al poder un Gobierno y una mayoría parlamentaria dispuestos a impugnarlo. Al figurar en la Constitución estará más protegido, aunque en los debates previos al voto se repitió un mensaje: urge facilitar el acceso de las mujeres que residen en zonas con pocos centros médicos; es decir, hacer efectivo esta libertad. La Constitución no basta.
Una minoría de parlamentarios, ubicados en la derecha y la extrema derecha, se oponía a la reforma, con el argumento de que el derecho al aborto en modo alguno está amenazado y todo el debate es una cuestión de postura, mero simbolismo. Algunos esgrimieron, en los debates de estos meses, que no era cierto que Francia fuese el primer país en reconocer en la Constitución el derecho al aborto, y citaban el artículo 191 de la Constitución yugoslava de 1974, que decía: “Es un derecho humano el de decidir libremente sobre la planificación familiar.”
Otros, en el campo conservador, habrían deseado simplificar el texto y hablar de “libertad” para recurrir a la interrupción voluntaria de embarazo, en vez de “libertad garantizada”. También querían garantías para la cláusula de conciencia de los médicos contrarios a practicar abortos. Pero Olivier Marleix, líder parlamentario de Los Republicanos, partido hermano del PP español, defendió así su voto a favor: “Se lo debemos a la libertad de las mujeres.”
Había, entre los parlamentarios, un amplio grupo de diputados y senadores que, sin ser entusiastas de la iniciativa, tampoco estaban en contra ni creían que fuese un tema por el que valiese la pena destacarse ni polemizar. Marine Le Pen, líder de la derecha nacionalista y euroescéptica y aspirante a suceder a Emmanuel Macron en el palacio del Elíseo, votó a favor. “Esta constitucionalización no nos plantea dificultad particular”, justificó antes de la sesión del Congreso, “pero de ahí a hablar de un día histórico… Es un día que Emmanuel Macron ha organizado para su propia gloria.”
Y a estos se añaden los promotores de la revisión constitucional, desde la izquierda al centro de Macron. El punto de partida fue la derogación en 2022, por parte del Tribunal Supremo de EE UU de la sentencia Roe contra Wade, que protegía el derecho al aborto a en todos los estados de la Unión. Los parlamentarios concluyeron entonces que este era un derecho frágil y sometido a los vaivenes políticos, y que por eso requería el blindaje de la Constitución. En la izquierda y el feminismo se habría preferido que el nuevo párrafo hablase de “derecho” y no de “libertad” de abortar, pero la fórmula que propuso Macron, “libertad garantizada”, acabó congregando un apoyo amplio.
“Nuestras libertades, por esencia, están amenazadas, por esencia son frágiles, por esencia están a la merced de quienes deciden”, dijo en Versalles el primer ministro, Gabriel Attal, tras homenajear el combate feministas de décadas y siglos, desde Olympia de Gouges en la Revolución francesa hasta Simone Veil. “Y, cuando se atacan las libertades de un pueblo, siempre se empieza por las de las mujeres.”
Francia, en el pasado reciente, ha adoptado más tarde que otros países derechos llamados de sociedad. Abolió la pena de muerte de 1981, tres años después que la España, y casi una década después de España el matrimonio homosexual. Ahora este país que hace gala de sus valores universales, puede decir que ha sido pionero.
