Si algo tiene el sureste de México, es agua. Bajo esta premisa, el Gobierno alista un decreto que dará la potestad al presidente en turno de autorizar o rechazar las nuevas concesiones de agua para uso industrial en los Estados donde hay escasez del líquido. De acuerdo con los parámetros de esta Administración, 16 Estados —la mayoría en el norte y bajío del territorio— serán afectados por la disposición. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, precisó que la limitante sobre las nuevas autorizaciones hídricas no aplicará para las entidades del sureste del país porque en esa zona existe abasto suficiente del líquido. “En próximos días va a salir una publicación en el Diario Oficial (de la Federación), donde, en estos lugares donde no hay agua solo se van a dar concesiones exclusivamente con autorización del presidente. ¿Por qué?, porque no hay agua y la prioridad la tiene la gente, la comunidad y el uso doméstico”, declaró este lunes durante la presentación ante empresarios del proyecto del Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec.
La funcionaria lanzó el anuncio con un mapa del territorio de fondo. La imagen mostraba 16 Estados del norte y bajío en un tono rojizo para simbolizar la escasez de agua para uso industrial. Centros industriales como Nuevo León, la capital del país, Jalisco y el Estado de México forman parte de este grupo. El resto del mapa, en verde, resalta a las entidades donde, a criterio del Gobierno, existe disponibilidad suficiente de aguas subterráneas y por ende, vía libre para los nuevos permisos hídricos. En este conjunto se ubican los Estados del sur, Nayarit y Tamaulipas.
Buenrostro indicó que las concesiones ya vigentes no corren ningún riesgo, sin embargo, advirtió a los empresarios sobre la posibilidad de que los permisos para un mayor uso de agua no sean avalados en aquellos Estados con escasez. “Si requiere mayor volumen (de agua), ya no va a haber autorización”, zanjó.
La Ley de Aguas Nacionales vigente establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales debe realizarse mediante títulos de concesión o asignación expedidos por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mediante los Organismos de Cuenca, o directamente por ella, con base en las reglas y condiciones establecidas en el cuerpo de la Ley y su reglamento.
José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), confió en que la limitación de concesiones por falta de agua no se aplique para todas las industrias, sólo a las altas empleadoras de este recurso. El vocero del sector empresarial acotó que mientras compañías curtidoras demandan grandes cantidades de agua, las armadoras del sector automotriz, utilizan un menor volumen y la mayoría de litros corresponden a aguas tratadas.
De entrar en vigor el decreto anunciado por Economía, las nuevas concesiones hídricas de los empresarios pasarán ahora al despacho de Palacio Nacional. La medida tiene como precedente el amago que a principios de año lanzó el presidente López Obrador sobre la inversión de Tesla. En vísperas de que se hiciera público el sitio en México donde se instalaría la nueva gigafactory de autos eléctricos, el mandatario aseguró que si el magnate y dueño de Tesla, Elon Musk, se decantaba por el Estado norteño, no se le concederían los permisos de agua e invitaba al magnate a evaluar otras entidades del centro del país. Pese al amago, Musk se terminó inclinando por el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.
En México, 76% del agua se utiliza en la agricultura; 14%, en el abastecimiento público; 5%, en las termoeléctricas y otro 5%, en la industria. De acuerdo con cifras oficiales, en el país se han otorgado más de 500.000 concesiones y asignaciones hídricas, de estas, unas 33.000 corresponden al uso de agua para industria. En un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se detalla que el desabasto de agua ha sido provocado por varios factores: desde la sequía y la orografía, hasta la sobreexplotación de los mantos acuíferos, problemas en la red de distribución, contaminación, y falta de control sobre las concesiones, sobre todo del sector agrícola.
Oscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del Imco, afirma que el anuncio de la secretaria de Economía, lejos de responder a cuestiones técnicas o medioambientales, obedece más a un interés político de encauzar la inversión de las empresas hacia el sureste del territorio. “En primer lugar, el presidente (López Obrador) no tiene, ni tendría que tener la protestad de decidir dónde se ubica una planta industrial. Hoy por hoy ni en Oaxaca ni en Veracruz hay una capacidad de una industria manufacturera sofisticada instalada, Veracruz, por ejemplo, está mucho más orientada hacia el petróleo y la petroquímica. Todas las entidades pueden ganar, pero Chiapas no tiene que ganar a costa de Guanajuato o Oaxaca a costa de Coahuila y es muy importante que el Gobierno entienda esto”, comenta.
El especialista apunta que la escasez de agua que han padecido algunos del Estado también se explica por las pérdidas en el servicio público, por la ineficiencia del agua en el sector agropecuario, entre otros factores y por ende, más allá de reformar la Ley Nacional de Aguas el especialista afirma que es urgente dotar de más recursos a la Conagua para que vigile y supervise el buen uso de las concesiones. “El norte y el centro del país sí es cierto que tiene una condición de estrés hídrico importante, pero también es muy importante ver cómo cada inversión impacta o no en la disponibilidad de agua y la mayoría de las plantas manufactureras utilizan agua tratada, no suponen una competencia para el agua utilizada en el consumo humano”, concluyó.
Para el presidente López Obrador no hay atisbo de duda, el sureste del país tiene un 70% de los recursos hídricos nacionales y ese es el cauce que llevará a esta zona, una de las más marginadas y de mayor rezago económico, al desarrollo industrial en los próximos años.
