El problema no es que una mayoría haya conseguido el voto que necesitaba convenciendo, comprando o “torciendo” la posición inicial de un miembro de la oposición. Sucede en todos los regímenes parlamentarios o, para el caso, en cualquier asamblea vecinal en medio de una votación aguerrida. El tema no es ese. Lo cuestionable en la aprobación de la reforma judicial de este martes en el Senado, es la posibilidad de que se haya conseguido echando mano de un recurso que traicionaría el sentido mismo de una reforma que pretende mejorar la impartición de justicia en México.
Los datos que se conocen es que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez y Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador y actual coordinador de los diputados de Morena, se habrían reunido el viernes pasado. Tras lo cual, Yunes, miembro del PAN y quien había hecho campaña en contra de la reforma, dejó de responder a los miembros de su partido y este martes cambió el sentido de su voto. Hasta aquí no habría mayor reclamo que el mal gusto, por decirlo de alguna manera, de recurrir a uno de los miembros más desprestigiados de la escena política. Por ambición o vulnerabilidad suelen ser este tipo de personajes los que traicionan a cambio de alguna ventaja. Eso tampoco es delito y sigue estando dentro del ámbito de la política. Lamentable recurrir al eslabón más débil, pero “necesario” en aras de un bien mayor, como dijo el presidente en La Mañanera, horas más tarde.
Lo que ya no sería del ámbito de la política y sí del uso faccioso del poder, es la versión que corre respecto a las razones que llevaron a este senador a cambiar su voto. Según versiones publicadas por Ricardo Raphael, entre otros periodistas, un testigo presencial de la reunión entre Yunes y Adán Augusto afirma que este último habría ofrecido eliminar las averiguaciones penales en contra del senador y de varios miembros de su familia, a cambio de su voto. Una negociación de ese tipo supondría una usurpación de funciones sobre la fiscalía del Gobierno de Veracruz, por no hablar del carácter delincuencial que entraña el arreglo. En la práctica, una utilización del Poder Judicial por el grupo en el poder para obtener una ventaja política a favor de su causa.
La otra versión la ofreció el presidente en su conferencia de prensa. En realidad, recurrió a dos tesis que se contraponen. “No se negoció nada, absolutamente nada”. Simplemente, Yunes cambió de parecer, y así es la política. Luego afirmó que en realidad no estaba informado de lo que había negociado Adán Augusto, pero que seguramente eso no (las acusaciones penales), porque ningún miembro de Morena haría eso. El propio presidente debió encontrar débil esta línea de argumentación, porque luego recurrió a la noción de la “real politik”. “En política siempre hay que optar por inconvenientes… buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”; es decir, hubo algo, pero se justifica. Luego dedicó varios minutos a resaltar la importancia del bien mayor: la reforma judicial que saneará la justicia en México. “Entonces un haiga sido como haiga sido”, interrumpió la reportera Jessica Zermeño, de Univisión. No, dijo el presidente, en nuestro movimiento hay congruencia entre los medios y los fines, y terminó hablando de moralidad y de las viejas prácticas de los abusos políticos de los conservadores.
Más allá de las declaraciones en uno u otro sentido, el verdadero indicador nos lo dará la evolución de esas averiguaciones penales, que habría que monitorear estrechamente. Mientras tanto, solo podemos recurrir al sentido común y al análisis de la entreverada argumentación del presidente. Descartando la parte retórica de la supuesta incorruptibilidad de sus funcionarios, aunque muchos vengan del corruptible PRI entre ellos Adán Augusto, habría que quedarse con el argumento de fondo. La racionalización que hace López Obrador de la pequeña infamia como “un mal necesario”.
No coincidiría con el presidente. Primero porque los “haiga sido como haiga sido” pasan una factura política y moral. Y lo digo a pesar de coincidir en que la reforma judicial hoy aprobada, apresurada y parcial, es mejor que el pantano en el que ahora nos encontramos, un tema que he expuesto en este espacio. Y tampoco creo que vaya a generar una debacle económica, como aseguran los catastrofistas, por razones que también describí hace unos días. Ni siquiera creo que el peor impacto vaya a darse entre sus críticos que, de cualquier manera, ya están convencidos de que nos encontramos en una deriva autoritaria. El verdadero daño está adentro.
La confirmación para los cuadros de Morena de que todo se vale; si el líder moral avala, o pretende ignorar, una utilización arbitraria de los recursos del Estado para favorecerse a sí mismos y derrotar a sus rivales políticos, en aras de un supuesto bien mayor, no habrá límite a estas prácticas. Toda violación quedaría justificada porque se trata de una causa superior. “El equilibrio entre la eficacia y los principios”, como señaló el presidente, es un eufemismo para justificar el abandono de esos principios. Asumiendo que él tiene claro los casos límites en los que tal cosa es aceptable, deja un muy cuestionable método para los que le siguen. Una chequera en blanco para personajes como Adán Augusto López mandamás de la nueva cámara de diputados o Ricardo Monreal en la de senadores. Si tienen el poder absoluto y el único límite es su conciencia o su ética, estamos en problemas. Eso es lo que verdaderamente preocupa.
Y tampoco coincido en que era “necesario” este “mal necesario”. Se trata de un fracaso de la política, porque terminó siendo una imposición sobre la minoría. Claudia Sheinbaum había propuesto una ruta de negociación con todas las partes interesadas y la eventual incorporación de algunas objeciones. En la práctica se abandonó esa ruta, desde el momento en que se le respondió desde Morena que solo sería informativa y no se cambiaría ni una coma a la iniciativa presidencial. A la postre ni siquiera se negociaron las preocupaciones de los trabajadores. Y vale la pena recordar que la mayor crítica contra la reforma educativa de Peña Nieto había sido que no se había consultado con los maestros.
Puede entenderse que López Obrador quiera librar a su sucesora de la pesadilla que le representó el Poder Judicial y sus muchas trabas al proceso de cambio. Seguramente lo entiende como un sacrificio al cargar con la factura política para desterrar esa pesadilla. Pero el procedimiento vertical y la torpeza política han elevado el monto de esa factura: tanto para el balance-epitafio de López Obrador al dejar el principio de que todo se vale, como el contexto enturbiado que le deja a Sheinbaum adentro y afuera del movimiento.
@jorgezepedap
