Pagos dobles, pagos por trabajos que no se realizaron y pagos por maquinaria que no se utilizó son las irregularidades que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de acuerdo con la tercera entrega de las auditorías realizadas al uso de los recursos federales de 2021. La suma por probables daños al erario en el nuevo aeropuerto asciende a 37,6 millones de pesos mexicanos.
Según lo revisado por el organismo de fiscalización a nivel nacional, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) encargados de la construcción de diferentes partes del nuevo aeropuerto cometieron irregularidades con el dinero público en las obras de la torre de control y los edificios administrativos, de la terminal de pasajeros y de la terminal de carga y aduanas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó la construcción de este aeropuerto, uno de los proyectos más importantes para su Gobierno, al Ejército mexicano, el cual dividió las obras en frentes. El mandatario ordenó que se instalara en Zumpango, Estado de México, luego de que cancelara la construcción de otro aeródromo, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) porque, de acuerdo con López Obrador, había habido mucha corrupción.
En una auditoría anterior, de los recursos federales en 2020, la Auditoría Superior de la Federación explicó que cada frente de la construcción del aeropuerto era encabezado por un ingeniero militar, en total 23 militares para 43 frentes, a los que la Secretaría de Hacienda les abrió cuentas bancarias que podían controlar bajo una figura llamada “comisionado habilitado”. En esa revisión, la ASF encontró irregularidades por 39.000 millones de pesos, en su mayoría, de pagos que los ingenieros militares no comprobaron ante la Sedena. En total, el Gobierno mexicano invirtió 75.000 millones de pesos en la construcción del aeropuerto que aun no ha logrado tener el número de vuelos que preveían las autoridades federales.
Las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación publicadas este lunes detallan que en la construcción de la terminal de pasajeros, es decir, el denominado frente 7, se realizó un pago por 19 millones de pesos para aplicar pintura intumescente, utilizada como protección contra incendios, sin que se presentara evidencia por parte de los militares de que efectivamente se colocó en 3,7 millones de kilogramos de acero en diversas áreas de la estructura. También encontró otro contrato en el que se pagaron 732.000 pesos por más pintura de este estilo que al final se decidió no aplicar en el acero estructural de algunos módulos de la terminal de pasajeros.
En una revisión a las obras de la terminal de carga y aduanas del aeropuerto, el frente número 37, la ASF también destaca el pago de 10,6 millones de pesos por pagos para rentar maquinaria en cuatro contratos diferentes. El órgano fiscalizador señala que mientras que se estableció que las máquinas se usarían del 9 al 29 de abril de 2021, el inicio de la construcción de dicha terminal fue el 30 de abril de ese año.
Finalmente, en el frente 5, dedicado a las obras de la torre de control y de los edificios administrativos del aeropuerto, la Auditoría reportó que se hizo un pago de tres millones de pesos por la aplicación de pintura contra incendios a una misma persona a la que un año antes ya se le había pagado por el mismo concepto. También encontró otro probable daño al erario por 3,7 millones de pesos por un contrato que se canceló de manera anticipada.
A partir de la publicación de las auditorías, los militares al frente de las obras señaladas por la ASF tendrán 30 días hábiles para solventar las observaciones del órgano fiscalizador. A pesar de que los recursos para la construcción del aeropuerto se les entregó a través de cuentas bancarias a los ingenieros militares, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a transparentar sus declaraciones patrimoniales con el argumento de que representa un riesgo para la seguridad nacional. En agosto de 2022, la Suprema Corte de Justicia suspendió una orden del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que instruía a la Secretaría de la Función Pública dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los 23 ingenieros militares a cargo de las obras del AIFA. El recurso que mantiene en la opacidad los datos patrimoniales de los militares fue promovido ante la Corte por la Consejería Jurídica de la Presidencia de México. Estos mismos ingenieros militares son ahora los que se encargan de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, a unos kilómetros de Tulum, en el Estado de Quintana Roo.
