La Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, bajo la mano de Manuel Bartlett, ha surgido como un eje de poder que dicta no solo la política eléctrica del país, sino toda la energética. La empresa de electricidad mas grande de América Latina se ha posicionado por encima de la Secretaria de Energía y los reguladores a la hora de tomar decisiones. Por otra parte, gracias a su cobertura territorial completa, también es una fuerza de movilización política importante. El resurgimiento de la empresa ha dejado a transnacionales y proyectos sin saber que hacer frente a la CFE mas poderosa de la historia.
La electricidad como poder político
Después de Pemex, la CFE es la empresa paraestatal mas grande de México. Esta detiene una extensión territorial absoluta cubriendo todos los municipios del país y disponiendo de un medidor eléctrico en cada residencia, comercio y empresa. Según Eduardo Prud’Homme, estas facultades pueden convertir a la CFE en un motor electoral que podría servir desde movilizar a votantes durante las elecciones hasta el subsidio de tarifas a hogares por parte de grandes usuarios de electricidad: “Si tu quieres establecer una maquinaria de control político, que mejor que la CFE” dijo.
“Cuando tienes un sistema centralizado y controlado, tienes el control sobre las tarifas”, nos explica el especialista y el Gobierno podrá subsidiar el costo de electricidad en los hogares por beneficio electoral. “Eso es un hecho, van a tener a los usuarios residenciales contentos y, no es que ese costo no exista, los que están pagando más por la energía de lo que tendrían que pagar, son los industriales. Y eso no está siendo reconocido”.
El discurso acerca de la energía en México planteado por López Obrador y Bartlett es uno menos pragmático a nivel empresarial y mucho mas ideológico: Se trata de una visión de planeación central, de tener un monopolio estatal, de la recuperación de activos en control del Estado y, pese a la polémica levantada, esta teniendo resultados.
La empresa española Iberdrola ha cancelado una inversión de 1.200 millones de dólares para la construcción de una central eléctrica, en parte porque no logra llegar a un acuerdo con la CFE para comprarle a la paraestatal el gas natural que esta necesita para operar. El alcalde de Tuxpan, ciudad en el estado costeño de Veracruz en donde la española planeaba construir la planta de ciclo combinado, anunció que la CFE tomaría el proyecto en sus manos para darle oportunidad de trabajo a empresas locales. Ante la polémica el presidente ha insistido en que están dispuestos a negociar.
Sin embargo, no se ha tratado de un caso aislado. El clima de inversión creado por el Gobierno de México en materia de energía se está deteriorando rápidamente. Durante el primer año de AMLO en el cargo, la inversión extranjera directa en todo tipo de proyectos energéticos se desplomó en más de un 60% a 2.250 millones de dólares, según cifras de la Secretaría de Economía. En los primeros tres trimestres de 2020, se redujo a 1.300 millones de dólares.
La Comisión Reguladora de Energía dijo que se han permitido retrasos “derivados de la suspensión de los plazos y términos legales” impuestos en respuesta a la pandemia.
La maquinaria de Bartlett
El nombramiento al frente de la CFE de Manuel Bartlett, veterano del PRI de 84 años, cuya lista de escándalos incluye sonadas denuncias de fraude electoral y acusaciones de encabezar una policía secreta durante su periodo como secretario de Gobernación, fue el que más sorprendió a los seguidores de López Obrador que esperaban un cambio. A menos de un año de haber tomado el poder, un par de investigaciones periodísticas aseguraron que ocultó en su declaración patrimonial una fortuna, así como la existencia de empresas relacionadas con el sector eléctrico registradas a nombre de familiares suyos. La Secretaría de la Función Pública lo absolvió de las acusaciones.
Dentro del Gobierno, se dice que es Bartlett quien tiene el oído del presidente cuando de política energética se trata, por encima de la secretaria de Energía, Rocío Nahle y del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Incluso, y como lo documenta una investigación en un medio nacional, es Bartlett quien se ha reunido con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual debe regular a la CFE, para pedirle por lo menos 70 modificaciones a resoluciones que liberarían a la paraestatal de las reglas que le impiden concentrar su poder de mercado.
Mientras López Obrador anuncia recortes de presupuesto, sueldos y subsecretarías en el gobierno federal como política de “austeridad republicana”, la CFE de Bartlett aumentó su planilla en 2.386 empleados solo el año pasado, de acuerdo con Natural Gas Intelligence, un medio especializado en la industrial. La Comisión Reguladora de Energía, por su parte, se vio obligada a despedir al 40% de su personal, de acuerdo con medios locales, el segundo recorte masivo en menos de un año.
Más puestos de trabajo no se ha traducido a un mejor desempeño en la CFE. Este mes, en su informe anual auditado, la compañía reportó una caída del 58% en su utilidad neta, una pérdida que la empresa asegura “se atribuye principalmente a los efectos de impuestos diferidos”.
Los fines justifican los medios
Desde su llegada al poder en diciembre de 2018, López Obrador y Bartlett han acusado públicamente a exfuncionarios de gobierno de haber incurrido en conflictos de interés en contratos energéticos con empresas extranjeras privadas y han llamado “leoninos” a acuerdos que, argumentan, van en contra de los intereses nacionales.
“Abusaron las empresas”, dijo el presidente López Obrador el año pasado, “¿Va a seguir el mismo saqueo porque va a haber denuncias penales o amparos? Todos los que sean. Claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación”.
En palabras de Bartlett, la anterior administración “hizo una habilidosa carnicería” de la CFE.