El gobierno de República Dominicana, entres sus planes de mayor
dimensión para este impredecible año, tiene la construcción de un muro
fronterizo en el perímetro compartido con Haití. El muro cubrirá 380 km
de territorio y costará alrededor de $ 240 millones de dólares entre
ejecución y garantías. La construcción se predice empezar en la segunda
mitad del 2021.
El proyecto representa casi en totalidad la política de defensa del estado
dominicano para los próximos meses. Su claro objetivo es frenar la
migración indocumentada proveniente del país vecino. Actualmente, cerca
de 500.000 haitianos habitan en República Dominicana según el último
censo.
Por la naturaleza del proyecto, su anuncio ha causado decepción a expertos
locales e internacionales en temas de migración, además de denuncias por
xenofobia y racismo; alegaciones que el presidente dominicano Luis
Abinader rápidamente intentó rechazar.
“En un plazo de dos años queremos poner fin a los graves problemas de inmigración ilegal, narcotráfico y tránsito de vehículos robados que padecemos desde hace años” declaró Abinader como justificación a la construcción del muro. Resulta difícil no categorizar al plan como aliento para sentimientos discriminatorios cuando en su declaración, el presidente Abinader insinúa equivocadamente a la migración haitiana como causa total de los problemas de seguridad en Rep. Dominicana.
Las acusaciones hacia el muro fronterizo como propulsor de racismo entre
Rep. Dominicana y Haití no sólo se deben por su similitud al intento del
expresidente estadounidense Donald Trump de imponer una pared entre
Estados Unidos y México, sino porque la división tangible que quiere lograr
el proyecto, años atrás fue lograda mediante masacres.
En 1937 la “Masacre del Perejil”, efectuada por el dictador dominicano
Rafael Trujillo, asesinó y persiguió a haitianos y propios dominicanos lo
suficientemente oscuros como para ser considerados haitianos. Militares de
Trujillo exigían a los perseguidos que pronuncien la palabra perejil, acto
difícil para los haitianos debido a su lengua materna criolla, ante la
imposibilidad de hacerlo, los mataban. Muchas de las víctimas de la
masacre eran producto de que generaciones atrás, haitianos eran llevados a
Rep. Dominicana en contra de su voluntad para trabajar en plantaciones de
caña de azúcar.
Décadas después, el sanguinario acto de Trujillo aún cosecha frutos
xenófobos anti-haitianos en el territorio dominicano. En el 2013, la Corte
Constitucional dictaminó que haber nacido en territorio dominicano ya no
era un requisito suficiente para recibir la nacionalidad.
Dominicanos de ascendencia haitiana se vieron obligados a probar su
ciudadanía o ser deportados. Ley aplicable incluso a todos aquellos nacidos
después de 1929.
El complicado proceso para ratificar la ciudadanía resultó en más de
200.000 individuos nacidos en territorio dominicano, con ascendencia
haitiana, sin nacionalidad alguna y deportados después de habitar toda su
vida en Rep. Dominicana. En el 2015, los resultados de esta ley fueron
descritos como una “limpia” de inmigrantes en el país por el entonces
presidente Danilo Medina.
La construcción del muro se entiende como una extensión más de las
complicadas relaciones entre los países caribeños a lo largo de la historia.
La propuesta fronteriza llega apenas semanas después de firmar un pacto
con planes de regularización de indocumentados, iniciativa contrarrestada
por deportaciones masivas, impedimentos a alquilar viviendas y
persecución constante ocurriendo de manera simultánea. En el pacto
efectuado entre gobiernos vecinos, consta también la construcción de hospitales, con ayuda internacional, en Haití para evitar la saturación de los
servicios de salud dominicanos. Este tipo de coaliciones y programas
proveen una mejoría real para la situación de migrantes en necesidad;
confunde, sin embargo, que al mismo tiempo se intente destinar más de $
200 millones en proyectos ya probados ineficientes en otros países.
Ante el anuncio de la construcción del muro, William Charpentier,
coordinador de la independiente Mesa Nacional para las Migraciones y
Refugiados, opina que, sin planes de desarrollo que busquen mejorar la
realidad de ambas poblaciones en la zona fronteriza y así reducir la
desigualdad de los países vecinos, el resto de las propuestas terminan
siendo gastos innecesarios.
Existen sectores dinámicos en ambos países que requieren el flujo de
migrantes en busca de trabajo y el intercambio de bienes, operaciones
informales que contribuyen a la economía conjunta de estas naciones y se
omiten al generalizar el perjuicio de la migración existente.
