Los próximos libros escolares que se prevé sean incorporados en las aulas públicas de todo México a finales de este mes, han desatado una nueva y acalorada controversia política entre aquellos que no respaldan al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La discusión ha ido en aumento día tras día, con varios gobernadores anunciando que no permitirán la distribución de estos contenidos en sus respectivos estados. Mientras tanto, el Ejecutivo se mantiene firme en su posición, afirmando que los libros estarán disponibles en las escuelas de todo el país para el 28 de agosto, cuando comience el nuevo ciclo escolar después de las vacaciones de verano. Se espera la distribución de más de 100 millones de ejemplares a nivel nacional. Aunque López Obrador ha instado a la prudencia, sus detractores han acusado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de utilizar los nuevos contenidos para llevar a cabo un “adoctrinamiento” político entre los estudiantes. En este contexto, el presidente ha mencionado: “Ven comunistas por todas partes, al igual que los ovnis”.
La campaña en contra de los nuevos contenidos ha sido tan intensa en los medios de comunicación mexicanos que incluso el diario Reforma publicó en su portada el titular siguiente: “Libro de la SEP enaltece secuestro y guerrilla”. Esta situación llevó al presidente a movilizar a las autoridades educativas para que expliquen diariamente en conferencias de prensa el contenido de estos libros escolares. Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la SEP, explicó el martes pasado que los textos estaban en manos privadas y se había decidido frenar la privatización de los libros de texto. Anteriormente, estos libros representaban un negocio que beneficiaba a algunas editoriales. Ahora, según Arriaga, se ha regresado a una etapa en la que los libros de texto ya no son un negocio, sino un tesoro de la SEP.
Las críticas abarcan diversos aspectos: desde alegar que los libros promueven el anticapitalismo y el comunismo entre los estudiantes, hasta afirmar que presentan una versión sesgada de la historia de México. Los sectores más conservadores han dirigido sus objeciones hacia la representación de las nuevas estructuras familiares, como las parejas homoparentales con hijos o los padres solteros. También se han pronunciado en contra del uso de un lenguaje inclusivo que incluye términos como ‘x’ o ‘todes’ para abarcar a personas que no se sienten representadas adecuadamente en términos de género. Si bien algunos académicos se han sumado a las críticas, en su mayoría lo han hecho señalando omisiones o errores en los contenidos. Irma Villalpando, doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó a EL PAÍS a principios de agosto que los textos presentan carencias significativas en áreas como Matemáticas, conceptos erróneos, saltos en la presentación de contenidos, desorganización en los materiales y la falta de inclusión de la literatura universal.
Diversas organizaciones han presentado recursos legales en contra de estos textos y al menos siete gobiernos estatales han anunciado que esperarán a que los litigios sean resueltos. En mayo, cuando la polémica se desató, un juez determinó, a raíz de un recurso legal presentado, que el Gobierno debía suspender la producción del material educativo y someterlo a revisión. Desde entonces, gobiernos como el de Jalisco han manifestado que los libros de texto no serán distribuidos. El martes pasado, el Gobierno de Nuevo León se sumó a esta postura, suspendiendo la distribución de los contenidos. Esta decisión se une a las de Coahuila, Colima y Yucatán, que también han comunicado su intención de retrasar la distribución hasta que se resuelvan los asuntos legales.
Las críticas al Gobierno federal no se limitan únicamente al contenido de los libros, sino que también se han dirigido a la rapidez con la que se produjeron y a las presiones por parte del Ejecutivo para que estuvieran listos antes de que concluyera el mandato de López Obrador. El senador independiente Emilio Álvarez Icaza Longoria expresó el 8 de agosto en su cuenta de Twitter (que ahora se llama X) que la SEP había violado la Ley General de Educación decretada por López Obrador el 30 de septiembre de 2019, la cual establece la obligación de realizar consultas con instituciones, gobiernos estatales y actores sociales para desarrollar y aprobar los planes de estudio. Álvarez Icaza indicó que si se cuestionan los contenidos de los libros gratuitos, es porque se incumplieron procedimientos establecidos en los artículos 23-36 de dicha ley. “El artículo 34 es un filtro legal y obligatorio que habría evitado los contenidos sin fundamento que ahora son públicos”, explicó el legislador. “No se trata de una creación neoliberal. Es su propia ley”, concluyó Álvarez.
Las autoridades de la SEP han defendido la presencia de consultas durante la elaboración de los libros escolares. Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, ha comunicado que la creación de los nuevos contenidos ha involucrado una considerable cantidad de tiempo en consultas con padres, maestros y autoridades estatales, y que ningún estado de la federación fue excluido. La funcionaria explicó que estos nuevos libros son parte de la estrategia del Gobierno para reformar los planes de estudio y fortalecer la educación pública en México. Esta reforma busca dejar atrás una estrategia “monótona” centrada en la memorización de contenidos que, en muchos casos, los estudiantes no lograban comprender. Ramírez Amaya enfatizó la intención de acercar la educación a la vida cotidiana de los niños, lo cual fue evidenciado por la crisis educativa durante la pandemia, cuando se volvió evidente que los planes de estudio y los contenidos de los libros de texto no podían ser aplicados de manera efectiva en la vida diaria de los estudiantes. “Lo que buscamos ahora es conectar esa vida cotidiana con la educación que debemos brindar a los niños en la escuela”, puntualizó la secretaria.
La lucha política en torno a los nuevos libros de texto se ha convertido en un nuevo frente para la intensa polarización que caracteriza a México en este periodo presidencial. Mientras la justicia resuelve los recursos legales en contra de los contenidos y algunos estados mantienen su rechazo, el presidente López Obrador ha mostrado un inusual grado de apertura a las críticas, asegurando que “no hay nada que temer”, aunque también ha acusado a sus opositores de criticar sin haber leído los nuevos contenidos. En palabras suyas de la semana pasada, “No hay razón para preocuparse. Los libros están meticulosamente elaborados por especialistas y pedagogos, con la importante contribución de maestras y maestros. Fue un proceso completo”.
