Son las 22.30 de la noche del 26 de septiembre de 2014. En Iguala, uno de los municipios más importantes del Estado de Guerrero, en el centro de México, una hidra criminal despliega sus largos cuellos, sus cabezas dentadas. Ve una amenaza y embiste con una fuerza bélica, salvaje. Enfrente, un grupo de unos 100 estudiantes trata de protegerse. El contingente, parte de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que funciona desde hace casi 100 años, ha llegado a la ciudad a buscar autobuses. La semana que viene, normalistas de todo el país saldrán de Ayotzinapa a Ciudad de México, a conmemorar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Necesitan autobuses y, como han hecho antes, se llevarán algunos por la fuerza. Luego los devolverán. Pero la misión concluye casi antes de empezar.
Esas horas de oscuridad siguen siendo hoy un misterio. ¿Qué ocurre a los muchachos? ¿Por qué les atacan? Tanto el móvil de la embestida como el destino de 43 de los 100 normalistas siguen envueltos en tinieblas. Los investigadores manejan una miriada de hipótesis. Hoy saben ya que hubo implicadas más de 400 personas, por acción u omisión. Han podido reconstruir parte del periplo de muchas de ellas. Pero no hay forma de encontrar a los 43: en estos años solo han aparecido restos de tres en diferentes puntos de la geografía. El espacio, físico y temporal, entre los hallazgos y el mismo ataque encarna la oscuridad que rodea al caso.
Las búsquedas hasta julio ascienden a más de 130. Eso solo en estos años, con Andrés Manuel Lópz Obrador al frente del Gobierno. A las 130 habría que sumar las que se hicieron en los primeros años, en 2014 y 2015. Aún hoy, la Fiscalía aguarda el análisis de restos humanos encontrados estos meses. Esta misma semana, el Gobierno informó de que piensa mandar a la Universidad de Innsbruck, en Austria, restos encontrados en un paraje al sur de Iguala. Desesperados, con poco tiempo antes de que acabe el sexenio, los investigadores preparan igualmente huesos viejos, encontrados en los primeros años, para mandar también a laboratorio austriaco.
Pero eso es todavía el futuro. Porque en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014 avanza. La hidra ve en diferentes puntos del municipio grupos de estudiantes que huyen o se esconden. Han salido en cinco autobuses de la central camionera del municipio. El monstruo los ve y arremete. Entre los más de 400 soldados a su servicio hay halcones, sicarios, sus patrones, pero también policías de Iguala y otros pueblos cercanos como Cocula y Huituzco, agentes de la fiscalía estatal, militares…
Son tuercas, tornillos y cables de un engranaje criminal que actúa con unidad frente a la amenaza. Pero, ¿es real la amenaza? Desde hace meses, la guerra con otros grupos criminales es descarnada. Pelean por territorios y rutas, por mercados de droga. Unos avanzan y otros retroceden, inercias volátiles que cambian cada mes, cada semana. A día de hoy, no existe prueba alguna de que la amenaza no sea más que una fantasía de la hidra.
Tiene nombre el monstruo. Se llama Guerreros Unidos y allí, en Iguala y alrededores, responde a los deseos de varios personajes, que tratan de tu a tu con policías y militares. Están primero los hermanos Casarrubias Salgado, los amos. Y debajo de ellos, a nivel operativo, un tío de los primeros, alias El Indio, y un veterano del mundo criminal en la zona, alias El Gil. Hay más y hasta hoy, los estudiosos del grupo discuten sobre la importancia de unos y otros. Hay quien pone, por ejemplo, a otro grupo de hermanos, Los Tilos, al nivel de El Indio y El Gil. Sea como sea, entre todos manejan la estructura, cuyos intereses llegan hasta Estados Unidos. Mandan heroína y cocaína, reciben dinero y armas.
A las 22.30 de la noche, todo el mundo en Iguala sabe lo que está pasando. Lo sabe la policía municipal, al servicio del monstruo, la de Cocula, lo mismo. Lo sabe el Ejército, que cuenta con dos cuarteles en el municipio y un centro de espionaje. Lo sabe el CISEN, aparato de inteligencia del Estado, que cuenta con una oficina en Iguala. Ejército y CISEN mantienen personal sobre el terreno desde que el contingente estudiantil ha llegado al municipio, unas horas antes. El Ejército tiene infiltrados en la Normal. Es más: uno de los 43 estudiantes a punto de desaparecer para siemrpe es, en realidad, un soldado disfrazado. Pese a todo esto, el monstruo ataca sin compasión. Nadie se lo impide.
Son dos las cabezas que embisten con mayor dureza. En la parte norte de Iguala, policías del municipio han disparado contra tres autobuses, con decenas de estudiantes a bordo. Los policías se han llevado de allí a un grupo de entre 15 y 20 normalistas, que iban a bordo del tercero. Un rato más tarde, el subdirector de la corporación, Francisco Salgado, que dirige un grupo especial de agentes conocido como Los Bélicos, se comunica con El Gil. Le dice que tiene a 17 estudiantes en una cueva. Con el paso del tiempo, los investigadores descubrirán que esa cueva es en realidad una instalación de la Policía municipal, conocida en la zona como Barandilla.
En el sur de Iguala, ya en las afueras, policías del municipio han atacado a balazos uno de los dos autobuses que han tratado de salir por allí. Solo a uno, el primero, que se detiene, agujereado como queso gruyere, frente al Palacio de Justicia, cuando buscaba la salida a Chilpancingo, la capital del Estado, y Huitzuco. Al otro no le hacen nada. Policías federales lo detienen 100 metros antes y dejan salir a los estudiantes, que huyen como pueden de la carretera. En las horas siguientes, este grupo de muchachos verá la cabeza de la hidra. Policías de la Fiscalía de Guerrero les dispararán y tratarán de atropellarles.
Pero los primeros no corren esa suerte, situación que siempre ha llamado la atención: el primer autobús, hecho pedazos; el segundo, ni un rasguño. Hoy se sabe que Guerreros Unidos construía compartimentos especiales en autobuses de pasajeros para mandar droga al norte. Y ese autobús logró sortear el cerco de la hidra, que se desplegó hasta 55 kilómetros alrededor del municipio, en varios retenes. ¿Llevaba droga ese vehículo? Siempre ha sido una posibilidad.
La policía de Huitzuco, aliada de Guerreros Unidos, llega a la escena del Palacio de Justicia. Agentes de Huitzuco e Iguala se reparten a los estudiantes del autobús atacado, entre 15 y 20. A un grupo se lo llevan rumbo al sur, a Chilpancingo o al mismo Huitzuco. A otro, de vuelta en dirección a Iguala. A las 23.21 de la noche, una cámara de seguridad recoge el paso de tres patrullas con civiles en su interior. No está claro si son las patrullas de Iguala, que vienen del Palacio de Justicia, o patrullas que salen de Barandilla. A esa hora nadie sabe que son 43 desaparecidos, cuentan más. Pero con el paso de las horas aparecen algunos. Los del autobús del norte de Iguala y los del Palacio de Justicia, entre 30 y 40, desaparecen. Al resto los caza la hidra por Iguala y alrededores en esas horas de oscuridad.
El aparato de espionaje del Ejército aporta información importante aquí. En la conversación que intercepta entre El Gil y el subdirector de la policía de Iguala, el primero le dice que le pase “unos [muchachos] por el camino a Pueblo Viejo”, que él los recibe. Pueblo Viejo es una colonia en la salida noroeste de Iguala, cercana a la cámara que capta las patrullas con estudiantes. El segundo dice que le manda 17, pero que “en la cueva tenemos a 17 todavía”. Las familias de los 43 han interpretado que los primeros 17 y los segundos son los mismos. Podría ser, sin embargo, que se tratara de grupos distintos, aunque la ortografía de los que escriben impiden sacar algo en claro.
En una segunda conversación interceptada una semana más tarde, el 3 de octubre, se vuelve a hablar de los muchachos. El Cholo Palacios, jefe de Guerreros Unidos en Huitzuco, habla con un policía de Tepecoacuilco, cercano al primer municipio. El policía le dice a El Cholo que un policía “ministerial” de Guerrero le había pedido a El Gil que le “soltaran aunque sea a 10 [muchachos], como estuvieran, para calmar un poco”. En la noche de los hechos, una persona identificada como El Caminante, señalado como posible policía ministerial de Guerrero, se comunica incesantemente con integrantes de Guerreros Unidos, particularmente con un alias El Chango, de la estructura de El Cholo Palacios, en Huitzuco.
Testigos de identidad reservada han apuntado a Pueblo Viejo como destino de un grupo de estudiantes. También Loma de Coyotes, una colonia algo más al sur. Otros testigos han señalado puntos cercanos a Huitzuco, como el basurero de Tepecoacuilco, o el rancho de Los Tilos, en la salida norte de Iguala, donde sus dueños, según testigos, deshacían en ácido a sus enemigos asesinados. A día de hoy, solo han aparecido restos de tres de los 43, Alexander Mora, Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez. Ninguno de los restos fue hallado en ninguno de los lugares mencionados arriba.
En 2019 y 2020, huesos de Rodríguez y Guerrero aparecieron en la Barranca de La Carnicería, en Cocula, 28 kilómetros al sur de Iguala. Los investigadores llegaron allí gracias a El Gil, convertido en testigo protegido al principio del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Huesos de Mora habían aparecido en octubre de 2014 en el río San Juan, en Cocula, en circunstancias controvertidas. Los investigadores actuales señalan que el hallazgo de restos de Mora en el río fue parte de un montaje organizado por sus antecesores. El jefe de investigadores en esos años, Jesús Murillo Karam, está preso. Sus subordinados están en la cárcel, huidos o procesados.
Los investigadores han encontrado decenas de restos de decenas de personas en Pueblo Viejo y demás parajes del centro de Guerrero estos años. Algunos huesos hechos pedazos aparecieron en el basurero de Cocula, escenario central de la narrativa desplegada por Murillo Karam, ahora señalada de montaje. Según Murillo, Guerreros Unidos asesinaron a los 43, quemaron sus cuerpos en el basurero y arrojaron los restos al río San Juan. Los actuales investigadores han comprobado que los 43 nunca estuvieron juntos desde antes de que empezara el ataque, a eso de las 21.30 del 26 de septiembre.
Actores vinculados a la investigación en el pasado, caso de José Larrieta, que lideró las pesquisas para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre 2014 y 2018, han exigido que las autoridades manden 34 huesos hallados en el basurero de Cocula al laboratorio de análisis genético de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Tanto la vieja Fiscalía como el Equipo Argentino de Antropología Forense, que casi nunca estuvieron de acuerdo en nada, señalaron que es prácticamente imposible obtener muestras de ADN de esos 34 huesos, debido a su mal estado, y han criticado a la CNDH que el criterio para elegir los huesos que debían enviarse al laboratorio, se basaba en la observación de fotografías. La actual administración de la Fiscalía valora ahora el envío de estos y otros restos a la universidad austriaca.
Las crisis
Cerradas de facto durante varios años, las pesquisas por el caso Ayotzinapa renacieron entre diciembre de 2018 y junio de 2019, con el advenimiento de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), dependiente del Gobierno, y la Unidad Especializada de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República. Durante los primeros tres años, los dos equipos trabajaron de manera coordinada con un tercero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En agosto de 2022, el equilibrio y la harmonía entre los grupos, siempre difícil de mantener, se rompió. La COVAJ presentó su primer informe, incorporando más de 400 capturas de pantalla de mensajes supuestamente intercambiados por integrantes de Guerreros Unidos, familiares y aliados. Aunque algunos de los mensajes pintaban escenarios posibles, otros señalaban posibilidades remotas. El GIEI pidió un peritaje que señaló que su autenticidad era imposible de comprobar. Un año después, la COVAJ defiende que podrían ser verdaderos, aunque los ha arrinconado en su narrativa.
Ese encontronazo entre el GIEI y la COVAJ acabó con la partición del primer grupo, que se quedó con dos de sus cuatro integrantes. Decepcionados por el movimiento de la COVAJ, entre otras situaciones, decidieron abandonar. Esas otras situaciones no eran sino las presiones que sufría el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, para mover las investigaciones al antojo de su jefe, el fiscal general, Alejandro Gertz, y el presidente López Obrador. El mandatario y Gertz presionaron para acelerar la consignación de las acusaciones contra Murillo Karam ante el juez. Gómez Trejo pidió algo de tiempo para llegar preparado al juzgado, pero Gertz intervino la UEILCA y dejó el caso en manos de otros fiscales.
Al mismo tiempo, Gómez Trejo, presionado para presentar más acusaciones ante el juez, en particular contra personas que señalaba el primer informe de la COVAJ, presentó al juzgado un documento en el que exponía su tesis del caso y pedía la detención de 83 personas, muchas de ellas militares. Gertz vio que las órdenes de detención pedidas trascendían el alcance del informe de la COVAJ. Irritado, pidió cancelar 21 de las órdenes de detención, 16 de las 21 contra militares.
La cancelación de las órdenes y las tiranteces por el caso Murillo forzaron la renuncia de Gómez Trejo, que salió del país poco después. Gertz nombró entonces a un viejo conocido de López Obrador al frente de la UEILCA, Rosendo Gómez Piedra. En el año y pocos meses que han pasado, Gómez Piedra ha reactivado buena parte de las órdenes canceladas el año pasado. El argumento ha sido que la calidad de los documentos presentados al juzgado el año pasado era mala y que, en este tiempo, él y sus subordinados los mejoraron.
En su último año de trabajo, el GIEI se centró en profundizar su conocimiento sobre el archivo del Ejército. El grupo, ya integrado únicamente por Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, buscaba documentos de espionaje como los mencionados en el primer apartado de este artículo, las conversaciones de El Gil y El Cholo Palacios con policías. La lógica era irreprochable: si el Ejército monitoreaba las comunicaciones de cuatro personas vinculadas a la hidra de Guerreros Unidos, en la época del ataque, seguro debía haber más conversaciones intervenidas. ¿Qué podrían decir del destino de los estudiantes?
La búsqueda arrojó documentos que probaban su tesis. Los expertos encontraron papeles incluso que señalaban que las dos conversaciones originales, halladas por la COVAJ años antes en un archivo de inteligencia castrense, eran en realidad más largas. Pero por muchas peticiones que mandaron a la Secretaría de la Defensa, por más que insistieron a López Obrador, no han aparecido más documentos. Lo que es peor, el Ejército niega siquiera su existencia.
El noveno aniversario del caso llegaba esta semana con los documentos de espionaje del Ejército en mitad de la discusión. Las familias de los 43 exigen a la corporación que entregue la información faltante, cifrada en cientos de documentos. El GIEI, que dejó el caso en julio, insiste en que la información existe. El grupo consiguió incluso que un militar, conocedor del centro de espionaje en Iguala, denunciara que el Ejército había movido los documentos requeridos para evitar que los grupos de investigación los encontraran.
La cuestión es por qué. El GIEI ha sugerido estos años que el Ejército se encuentra aquí ante una encrucijada. Cientos de mensajes interceptados por la DEA a la red de Guerreros Unidos al norte del río Bravo, en la época del ataque, prueban la colusión de militares con el grupo criminal. Esos mensajes ya forman parte de la indagatoria de la UEILCA y han permitido, junto a otras pruebas, procesar a militares, entre ellos los comandantes de los dos cuarteles de Iguala, dos generales.
¿Acaso el espionaje del Ejército permite profundizar en esta colusión entre militares y criminales? Es una posibilidad. La segunda es la clandestinidad del centro de inteligencia de Iguala, conocido oficialmente como Centro Regional de Fusión de Inteligencia, región centro. En teoría, el Ejército no puede intervenir comunicaciones de civiles, menos sin que un juez lo haya permitido. Entregar documentos que prueben que sí lo hacía, más allá de los dos que ya se conocen, podría traer consecuencias legales a los operadores y sus mandos.
Estos días, también, la COVAJ ha presentado al público su segundo informe, ampliación del primero. Las familias supieron de su contenido por boca de Alejandro Encinas, responsable de la comisión, en una reunión el martes 19 de septiembre. Al día siguiente, las familias se reunieron con López Obrador y trasladaron de nuevo su molestia con el Ejército, por ignorar sus peticiones acerca de la documentación de espionaje. Las partes quedaron en verse el lunes de nuevo, aunque el presidente dijo que esos documentos, como dice el Ejército, no existen.
El lunes, las cosas cambiaron. Encinas leyó un resumen de su informe, intervenido, como él mismo dijo el miércoles, por el propio López Obrador, que pidió “incorporar unos párrafos”. Esos párrafos añadían algunas de las capturas de pantalla del primer informe, desechadas por el peritaje del GIEI, y destacaban algunos pasajes del documento original que, a sentir de las familias, criminalizaba a los 43. Este resumen intervenido, decían, daba a entender que los estudiantes estaban infiltrados por grupos criminales contrarios a Guerreros Unidos. A las familes les incomoda este argumento porque, más allá de que nunca se ha probado, da pie a argumentar que el ataque estaba justificado
Las familias instalaron un plantón en la puerta del Campo Militar Número uno, en Ciudad de México, en protesta por la falta de colaboración militar, y luego, también, por la aparición de este resumen intervenido. El miércoles, Encinas presentó su informe en sociedad y volvió a la senda de la reunión del 19 de septiembre. Las familias entendieron que era un buen gesto y evitaron una ruptura definitiva con el Gobierno. Asumen que la COVAJ insistirá en el asunto de los documentos de espionaje castrense.
El jueves, las familias convocaron a la prensa frente a la puerta del campo militar, llena para entonces de afiches y carteles de los 43. “Tenemos a la resistencia justo atrás de nosotros”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, uno de los 43 desaparecidos. Se refería a la Secretaría de la Defensa. “No vamos a dar un paso atrás. Vamos a dar la vida. Es inaceptable que se siga administrando la verdad”, dijo.
