La deportación masiva de inmigrantes indocumentados —“la mayor de la historia de Estados Unidos”— se ha convertido en la punta de lanza del presidente-electo Donald Trump entre sus compromisos de primer día.
Con un discurso que los demoniza, Trump ha prometido que expulsará a todas las personas que carecen de un permiso legal de residencia si regresa a la Casa Blanca.
Sin embargo, la deportación de al menos 11 millones de personas que trabajan, estudian, consumen, pagan impuestos y forman parte de su comunidad no dejaría a Estados Unidos indemne.
A la alarma social que implicaría la persecución de millones de personas, se suman las consecuencias que supondría eliminar de la economía a todos esos consumidores y trabajadores.
Economistas de ambos lados del espectro politico norteamericano estiman que la deportación causaría una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 2,6% y un 6%. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año.
“Los estudios económicos han documentado que la deportación masiva de inmigrantes no autorizados provocaría una contracción de la economía. Los trabajadores estadounidenses perderían sus empleos y sus salarios bajarían. La idea de que la deportación masiva ayudaría a los ciudadanos estadounidenses es una ilusión. Las investigaciones han documentado que no ha funcionado en el pasado y no funcionará en el futuro”, afirma Robert Lynch, profesor de Economía en la Universidad de Washington en su ensayo El Impacto Económico de la Deportación Masiva en Ciudadanos e Inmigrantes Autorizados.
“Si deportáramos al 22% de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos que son inmigrantes no autorizados. ¿Realmente creen que los trabajadores estadounidenses se irían a los campos de algodón de Texas, los campos de azúcar de Florida y las granjas de maní de Georgia para aceptar trabajos mal pagados en el calor abrumador?”, pregunta retóricamente Lynch.
Este economista sostiene que además de los puestos que se quedarían sin cubrir, la pérdida de mano de obra de los inmigrantes indocumentados implicaría una caída en el empleo del resto de la población debido a la contracción de la demanda.
“Es muy simple, si se eliminan 11 millones de personas de la economía estadounidense, ocho millones de las cuales trabajan y ganan cientos de miles de millones de dólares al año y gastan cientos de miles de millones de dólares cada año en alimentos, ropa, vivienda, atención médica, entretenimiento y miles de otros bienes y servicios, lo que sucederá es que las ventas de las empresas estadounidenses caerán en miles de millones de dólares. Las empresas recortarán lo que producen, despedirán trabajadores, reducirán los salarios y la economía de Estados Unidos se contraerá”, predice Lynch.
El envejecimiento de la población y una caída de la tasa de natalidad prevén un escenario en el que los inmigrantes serán más necesarios aún para sostener las finanzas de la Seguridad Social y de programas como el Medicare.
Los inmigrantes indocumentados aportan a las arcas públicas unos 100.000 millones de dólares al año en impuestos, mientras que no se benefician de esos programas públicos. Quienes se oponen a su permanencia en el país alegan que son una carga insostenible para las finanzas públicas, al usar los recursos de educación y de sanidad, aunque las estadísticas muestran que aportan más de lo que reciben.
Los planes que el presidente electo, Donald Trump, tiene en materia de inmigración no asustan solo a los migrantes indocumentados y a los defensores de sus derechos; empresarios y economistas temen el daño económico que pueda causar una drástica deportación masiva de trabajadores que son parte fundamental de la fuerza laboral del país.
Líderes empresariales, republicanos y demócratas, se han juntado para pedir que Trump no lleve a cabo sus promesas de expulsión porque causarían una profunda crisis en la economía, sobre todo en sectores como el agrícola y los servicios.
El escenario económico que dejaría la deportación masiva que propone el partido Republicano de Donald Trump está calculado en una contracción entre el 2,6% y el 6% del PIB, reducción del empleo, caída de la recaudación de impuestos y con ello un mayor déficit, por no hablar del impacto negativo en sectores como la construcción o la agricultura entre otros.
A ese impacto se le tiene que sumar el costo de la deportación en sí misma de unos 11 millones de personas que carecen de estatus legal permanente y otros 2,3 millones que cruzaron la frontera entre enero de 2023 y abril de 2024.
Es una cuenta multimillonaria para los contribuyentes. Según el American Immigration Council (AIC) se estima que en el escenario más realista, cada año de la siguiente década se gaste en ello 88.000 millones de dólares, cuatro veces el presupuesto de la NASA o 18 veces más de lo que todo el mundo invierte en investigación contra el cáncer cada año.
En términos nacionales, las expulsiones que promete Trump no serían fáciles de realizar. “Trump está hablando de deportaciones masivas, son esfuerzos para los que no hay recursos y el resultado sería el caos y un clima de miedo”, apunta Doris Meissner, socia del Migration Policy Institute (MPI).
Las estimaciones que hay apuntan a que la deportación costaría entre 13.000 y 18.000 dólares por persona expulsada. De dónde saldrían los recursos abre otra polémica.
Según William Galston, director del Programa de Estudios de Gobierno de Brookings, se podría invocar la Ley de Insurrección “y eso podría darle una oportunidad para utilizar partes del presupuesto del Departamento de Defensa con el fin de sostener una situación que de otro modo sería operación insostenible, lo que crearía una situación interna realmente explosiva”, sostiene.
Aunque parece una posibilidad remota, “en el pasado, Trump ha estado dispuesto a crear situaciones explosivas para conseguir sus objetivos. No hay razón para creer que no estaría dispuesto a volver a hacerlo. Así que no se trata solo de una propuesta de fantasía. Esa es una posibilidad real”, alerta.
Hay dos vías para hacer esta operación masiva, según el AIC. Una de ellas es poco viable por las dificultades operativas que supone. Se trata de que las autoridades resolvieran hacer la deportación de una sola vez.
En este caso la cuenta de inicio parte de unos 315.000 millones de dólares, según las estimaciones de esta organización. Esto es el equivalente al 37% del presupuesto anual de defensa de Estados Unidos.
Es un gasto que ha de financiarse a la vez que Trump promete más rebajas de impuestos, pero los cálculos mínimos para hacer arrestos son 89.000 millones. Las detenciones masivas (167.800 millones), los procesos judiciales (34.100 millones) y las expulsiones (unos 24.100 millones).
A esa cuenta hay que sumar más costos de una acción complicada de estimar en su totalidad porque no es fácil poner una cifra a la “capacidad institucional con la que desplazar a unos 13 millones de personas en in corto periodo de tiempo”.
“Es incalculable”, dice el reporte de la AIC, porque no es realista. Para poner esta acción en perspectiva hay que considerar que en Estados Unidos en 2022 había en prisiones locales, de condado, estatales y federales unos 1,9 millones de personas. Simplemente no hay capacidad y la operación puede convertirse en un pozo sin fondo para los contribuyentes.
La AIC calcula que para llevar a cabo 13 millones de arrestos en un periodo de tiempo corto se requerirán entre 220.000 y 400.000 nuevos empleados algo que pondría más presión en el mercado laboral de la que habría con la pérdida de los empleos de los inmigrantes, lo que es un factor altamente inflacionista.
Solo para arrestar a un millón al año el ICE requeriría 30.000 agentes más. Sería entonces la mayor agencia de orden del Estado Federal.
La segunda vía, el escenario más realista, es completar esta deportación masiva en 10 años con un costo total de 968.000 millones— asumiendo que la inflación anual se mantenga en el 2,5% (algo poco probable dadas las dinámicas económicas que entrarían en juego)—.
Anualmente serían 88.000 millones de dólares dedicados a arrestos (7.000 millones), detenciones mientras se amplia capacidad (66.000 millones), procesos legales de un millón de personas al año (12.600 millones) y las expulsiones de inmigrantes (2.100 millones). En esas cuentas se estima que el 20% de los afectados se iría voluntariamente.
Es un costo para las cuentas federales que supone en un año no solo cuatro veces lo que se dedica a la agencia espacial, sino también el doble de lo que se presupuesta para el Instituto Nacional de Salud, una entidad que es la primera entidad financiera pública de investigación biomédica.
Su misión genera casi 100.000 millones en actividad económica. Desde el AIC se recuerda que es un coste tres veces mayor que el que dedica el Gobierno en el programa de nutrición infantil y también está por encima de lo que cuesta el crédito fiscal por hijo.
Al cabo de 10 años esos 968.000 millones que salen de los bolsillos de una menor base de contribuyentes, podrían haber financiado, según cálculos de la AIC unas 40.450 nuevas escuelas en todo el país o 2,9 millones de viviendas que alivien la crisis que se vive en este sector y los altos costos de propiedades y alquileres.
Es una cantidad que financiaría el programa de escolarización de menores Head Star para los próximos 79 años o que se podría usar para pagar la educación de 8,9 millones de personas en universidades públicas (o 4,3 millones en instituciones privadas). Si no tiene hijos y ya ha pagado su casa hay otra medida, es dinero suficiente para comprar un auto nuevo a 20,4 millones de personas.
